lunes, 22 julio, 2024

La Junta levanta la suspensión del canon medioambiental del agua y dará parte de lo recaudado a ayuntamientos

El Gobierno de Castilla-La Mancha deroga la ley de 2022 por la que se suspendió la aplicación en Castilla-La Mancha del canon medioambiental del agua

El Gobierno de Castilla-La Mancha deroga la ley de 2022 por la que se suspendió la aplicación en Castilla-La Mancha del canon medioambiental del agua que se incluyó en la nueva Ley de Aguas que se aprobó en febrero de 2022 en un contexto de recuperación económica como consecuencia de haber finalizado la pandemia, una situación que quedó trastocada como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, con efectos negativos también en la economía mundial, concretamente en la inflación.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda convocada para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, una comparecencia en la que ha explicado que al llegar a superarse los dos dígitos en la inflación, las Cortes, con el apoyo del Gobierno regional, aprobaron dos meses después una ley por la que se dejaba sin efecto la aplicación en Castilla-La Mancha del canon europeo. Pero según Ruiz Molina, ahora consideran que ya no se dan esas circunstancias y, por tanto, levantan esa suspensión.

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En referencia concreta a este canon europeo, el consejero ha destacado que su aplicación viene establecida como obligatoria para todas las regiones de Europa y que, además, Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no lo ha reincorporado en su legislación, estando en el límite de lo permitido por las instituciones europeas.

Además, ha dicho que lo recaudado a través de este canon se va a destinar a financiar nuevas infraestructuras de abastecimiento, ahorro, reutilización y depuración de aguas en los municipios y, además, el Gobierno regional está dispuesto a que lo que se recaude por este canon ceder una parte a los ayuntamientos para que con ese dinero puedan ejecutar inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua que sean de su competencia.

«Esta ley trata de acompañar la ejecución de los presupuestos de 2024», ha puntualizado.

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