El Gobierno de Castilla-La Mancha va a firmar un convenio con las entidades financieras de la región para conceder a los agricultores y ganaderos préstamos con tipos preferentes, en la línea con los acuerdos que se han firmado en años anteriores, según ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.
El consejero ha destacado este jueves en rueda de prensa previa a la celebración del pleno de las Cortes que, con este convenio, atenderán una de las medidas demandadas por el sector «que era el de disponer de liquidez para sus explotaciones».
Por otro lado, Lizán ha informado de que en febrero se recibirán las ayudas para compensar la sequía que puso en marcha el Gobierno central, con 72 millones de euros para Castilla-La Mancha, «que es la región que más dinero va a recibir de estos pagos».
A esta cantidad se le sumarán otros 30 millones de euros de las ayudas a la sequía que ofrecía el Gobierno de Castilla-La Mancha. «En total 102 millones de euros que en febrero y marzo, en estos próximos días, van a llegar a las cuentas de los agricultores, facilitando una liquidez para poder seguir desarrollando esas necesidades agronómicas».
MÁS 240 CONTROLES SOBRE LEY DE CADENA ALIMENTARIA
Por otra parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comentado que para el año 2024 están previstos más de 240 controles de oficio para comprobar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha revisado en los últimos cuatro años 679 expedientes y ha aplicado 126 sanciones por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, «Todo esto sin haberse producido ni una sola denuncia en este caso a la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas», ha apuntado Julián Martínez Lizán.
Respecto a esta norma, Lizán consista que «sinceramente, se ha puesto de manifiesto de que se va a hacer una revisión de esa norma para intentar ajustarla a las necesidades reales que en estos momentos tiene el sector», pero también ha defendido que no están «pasivos» y lo ha comparado con la aplicación de esta norma puesta en marcha en 2013 por un Partido Popular «que durante todo el periodo en el que estuvo gobernado hizo cero inspecciones y cero sanciones». «No podemos ir de defensores de la economía de los agricultores cuando además se han dado estos ejemplos», ha considerado.
En esta rueda de prensa para repasar las demandas agrarias, el consejero ha reconocido que no solo en España, sino en varios países, «hay un clamor por la aplicación de la PAC en la Unión Europea» que hay que analizar.
Sin embargo, ha hecho algunas matizaciones a algunas de las reivindicaciones, como por ejemplo las críticas a los ecorregímenes. Lizán ha indicado que el 80 % de la superficie de la región que los podía solicitar se han acogido de una manera u otra a los diferentes ecorregímenes, por lo que van a hacer «los máximos esfuerzos para poder modificar y ajustarlos a las necesidades reales de nuestra región y que de esa manera les sea más fácil adquirir ese complemento económico que puede facilitar su desarrollo e implementación».
«Lo que no es nada bueno es que hayamos escuchado mensajes de que estos ecorregímenes no sirven para nada y que los agricultores no los piden», ha apuntado.
Por otro lado, el consejero ha defendido otras medidas del Gobierno regional, como su actuación para erradicar la tuberculosis ovina y caprina y el apoyo a los afectados por la hemorragia epizótica, que van a disponer en los próximos días también de una ayuda de dos millones de euros.
Entre otras cuestiones, también ha recordado que, en materia de regadíos, han sido 186.000 las hectáreas modernizadas y transformadas, con una inversión de más de 260 millones de euros.
Lizán ha anunciado además que se van a desarrollar 25.000 hectáreas más para pasarlas de secano a regadío, con una inversión total de 250 millones de euros.
En cualquier caso el consejero ha manifestado que comprenden a las personas que realizan estos actos de protesta, «lo que no quita para que se hagan con el máximo respeto por los ciudadanos, que son también los usuarios finales de los productos que realizamos en nuestras explotaciones».
«En este sentido, yo creo que además también hay unas reglas del juego que son las que tenemos que cumplir y que en ese sentido están determinadas en cuanto a la participación que se establece desde la Unión Europea, que es quien realmente articula todas las medidas de la política agraria común, para este próximo período, hasta 2027, y que lógicamente tiene unos canales de interlocución que son a través, lógicamente, del Ministerio de Agricultura de nuestro país».
