La Audiencia Provincial de León ha condenado a siete años de cárcel al sacerdote Pedro Francisco Rodríguez por un delito de abuso sexual continuado sobre un menor cometido en el Seminario Menor de Toledo entre los años 2005 y 2007.
Según informa este viernes el diario El País, la sentencia establece que el cura condenado deberá indemnizar a la víctima con 40.000 euros.
El tribunal considera como hechos probados las acusaciones de la víctima, que tuvo a Rodríguez como director espiritual desde los 12 años
En el juicio, la víctima sostuvo que los abusos comenzaron en 2005 y se prolongaron hasta 2007, cuando tenía entre 14 y 16 años, y que los más graves tuvieron lugar en La Bañeza (León) durante unos ejercicios espirituales que duraron 8 días, aunque habían comenzado antes en el Seminario.
Durante la instrucción del caso, el acusado fue apartado de sus labores docentes por la Diócesis de Toledo y fue trasladado a Perú, donde pasó temporadas en el seminario de Moyobamba.
Tras hacerse pública la sentencia, el Arzobispado de Toledo ha difundido este viernes un comunicado para defender su actuación desde que tuvo noticia de las acusaciones.
Afirma que respeta la sentencia, pero recuerda también que aún no es firme y que probablemente será recurrida, porque ambas partes dejaron claro que darían ese paso ni no les resultaba favorable.
En este contexto, y tras expresar su «solidaridad con la víctima y su entorno», indica que quedan a la espera de la resolución firme de la justicia «para actuar en consecuencia».
Está también a la espera de la resolución del Dicasterio para Doctrina de la Fe, organismo vaticano que supervisa el procedimiento canónico abierto y que aún no ha concluido «por respeto a los tiempos de los tribunales».
El Arzobispado explica que desde la recepción de las «noticias indirectas» sobre el caso, se efectuaron «los trámites prescritos por la ley vigente para indagar su verosimilitud», y destaca que «la misma justicia sobreseyó en cuatro ocasiones la causa».
Subraya además que en ningún momento el denunciante se ha dirigido a la autoridad eclesiástica diocesana para presentar acusación formal en sede canónica contra el sacerdote, apartado del ministerio público desde que el tribunal abrió juicio oral contra él.
«Reiteramos nuestra disposición a escuchar a la víctima y acoger su dolor y peticiones», manifiesta el Arzobispado de Toledo.
