El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de los asesinatos de sus padres, en mayo de 2022, a A.C.S., a los que mató cuando estos estaban echándose la siesta en la finca familiar de Brihuega, sin considerar ninguno de los eximentes planteados por la defensa, entre los que se encontraba su patología psíquica, su adicción a las drogas o la confesión de los hechos.
El jurado, compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, no ha tenido en cuenta ninguno de los atenuantes solicitados por la defensa, dándose en este caso, además, el agravante de parentesco.
El veredicto del jurado ha encontrado no probado, por unanimidad, en base a los testimonios de los testigos, entre los que se encuentra la hermana y el propio investigado, que hubiera discusiones fuertes con los padres salvo las normales de una familia teniendo en cuenta las adicciones y estilo de vida de A.C.S., y «nadie detectó síntomas de anulación de su capacidad de entender».
Así, los nueve miembros, por unanimidad, han considerado culpable a A.C.S. de la muerte de sus padres en su vivienda en mayo de 2022, a los que apuñaló con un cuchillo, y también, en base a su propia declaración, tras cometer los hechos, declaró que había sido un robo, declaración que cambió posteriormente en base a todos los indicios encontrados en el domicilio, admitiendo los hechos y su autoría.
Además, se ha considerado igualmente probado que la localización del arma homicida, un cuchillo, no fue determinante para la investigación, y han acordado que no procede aplicar al acusado los beneficios de la remisión condicional de la pena ni plantear al Gobierno la petición del indulto al acusado.
Tras el veredicto del jurado, tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular han mantenido sus peticiones de pena para el acusado, de 31 años en el momento de producirse los hechos. Así, la Fiscalía ha pedido para A.C.S. 20 años de cárcel por cada asesinato, petición que el letrado de la acusación eleva a 25 años por cada muerte.
En cuanto a la responsabilidad civil, la acusación particular ha solicitado para su representada, que es la hermana del acusado, una indemnización de 500.000 euros, a la que se ha adherido la Fiscalía, y que se le imponga la prohibición de acercase a ella durante un periodo de diez años adicional a la duración de la pena de prisión.
Además, también ha pedido que se declare en sentencia la incapacidad del autor de estos crímenes de suceder a sus padres como heredero.
Por su parte, la defensa, que inicialmente había solicitado una eximente completa por su patología psíquica y dependencia de las drogas de acusado, ha señalado en su intervención que la víctima, la hija de los fallecidos, había renunciado a la responsabilidad civil recordando que su defendido es actualmente insolvente y que vive de la caridad.
