Un guardia civil destinado en el municipio de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) se enfrenta a la pena de 4 años de cárcel e inhabilitación de su cargo por omitir su deber de actuar en un caso de violencia de género, en el que estaba implicado un compañero del cuerpo.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al acusado se le imputa un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, previsto y penado en el artículo 408 del Código Penal, y de un delito de falsedad documental previsto y penado en el artículo 390 del Código Penal.
Por ello, la Fiscalía pide una pena por el primero de los delitos de inhabilitación especial para ejercicio del cargo durante una año y por el segundo de los delitos, una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo durante 3 años.
La Fiscalía mantiene que el acusado, en septiembre de 2018, tras ser requerido por una mujer, ex pareja sentimental de su compañero, que le comentó que había sido agredida físicamente, así como que este último le había realizado pintadas en el coche, a pesar de estar obligado por razón de su puesto y ante el conocimiento de la eventual perpetración de un delito de violencia de género, no procedió a recoger denuncia del caso ni incoar de oficio diligencias.
En este tiempo, el acusado sí intercambió mensajes de WhatsApp con la ex compañera sentimental de su amigo y aseguró que estaba intentando ayudar a los dos, pero que «al final lo que le iba a costar era una relación de amistad».
Una vez que la mujer interpuso una denuncia penal por los supuestos malos tratos cometidos por el compañero del acusado, el seguimiento de la denuncia recayó en el ahora investigado, sin que se tenga constancia de que fuera apartado del caso dado la aparente relación de amistad con ambos implicados.
Además, el acusado, en enero de 2019, efectúo una nueva valoración del riesgo de la víctima/denunciante y alteró deliberadamente las respuestas dadas por la víctima al cuestionario, de modo que en una primera valoración efectuada, contestada por la perjudicada y firmada por ésta, arrojó un resultado de «riesgo medio».
En cambio, el acusado realizó otra valoración alterando con ello el contenido de las respuestas, que arrojó un resultado «no apreciado».
El acusado será juzgado a partir de este martes, 13 de junio, en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
