domingo, 26 mayo, 2024

Nicol√°s Garc√≠a calific√≥ a los l√≠deres del ‘proc√©s’ como ¬ępresos pol√≠ticos¬Ľ en el informe de Sumar sobre la amnist√≠a

Fue muy crítico con la sentencia del Supremo y sostuvo que fue de una "extrema e injustificada dureza"

Nicol√°s Garc√≠a Rivas, catedr√°tico de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los autores del dictamen jur√≠dico de Sumar sobre el ¬ęencaje de la amnist√≠a¬Ľ en el marco constitucional, se√Īal√≥ en 2017 tras el procesamiento de los l√≠deres del ‘proc√©s’ de Catalu√Īa que se les pod√≠a considerar ¬ępresos pol√≠ticos¬Ľ.

As√≠ se recoge en una entrevista que le realiz√≥ el Grupo de Investigaci√≥n en Derecho Penal, Criminolog√≠a, Democracia y Derechos Fundamentales de la Universidad de Ja√©n y en la que se√Īalaba que los pol√≠ticos catalanes fueron a prisi√≥n por delitos ¬ęni mucho menos demostrados¬Ľ. Cabe recordar que en 2019 el Tribunal Supremo dict√≥ sentencia al respecto y consider√≥ probados los delitos de sedici√≥n y malversaci√≥n.

¬ęY creo, creo firmemente, despu√©s de leer los autos de procesamiento, etc√©tera, que se est√° utilizando el Derecho Penal para segregar y para inhabilitar pol√≠ticamente a un sector del secesionismo y del independentismo catal√°n¬Ľ, apuntaba para luego resaltar que el Derecho Penal era ¬ęel peor de los instrumentos¬Ľ para afrontar el ‘proc√©s’.

García Rivas abogaba entonces por una negociación política del problema y aseveraba que en los sucesos de 2017 había existido violencia por parte de la Policía, por parte del Estado y por parte del Gobierno catalán.

EL GOBIERNO US√ď ¬ęA LA FISCAL√ćA¬Ľ

Sobre la actuaci√≥n de la Polic√≠a tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre de 2017 –cuando tuvo lugar el refer√©ndum ilegal–, el catedr√°tico la calific√≥ de ¬ęcompletamente perniciosa¬Ľ, y en cuanto a la ¬ęviolencia institucional¬Ľ del Gobierno espa√Īol, apunt√≥ que manten√≠a esa afirmaci√≥n en tanto en cuanto se utilizaron ¬ętodas las armas, incluido por supuesto el Ministerio Fiscal (…) de una forma indirecta¬Ľ.

En ese sentido, apunt√≥ que tambi√©n se us√≥ a los jueces de instrucci√≥n –cabe recordar que el instructor del ‘proc√©s’ es el juez del Supremo Pablo Llarena–, porque depende de a qui√©n atribuyes determinadas causas sirve ¬ępara forzar un proceso pol√≠tico¬Ľ.

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Con todo, el catedr√°tico tambi√©n habl√≥ de que se dio una violencia institucional por parte del Gobierno catal√°n porque ¬ęest√° segregando de una manera clar√≠sima a pr√°cticamente la mitad de la poblaci√≥n con un criterio (…) muy muy autoritario, muy nacionalista en el sentido de segregacionista¬Ľ.

¬ęINGREDIENTES AUTORITARIOS¬Ľ

En cuanto a la condena del Supremo a los l√≠deres del ‘proc√©s’, en un art√≠culo escrito el 17 de octubre de 2019 para ‘The Conversation’ y recogido por la Universidad de Castilla-La Mancha, Garc√≠a Rivas sosten√≠a que la sentencia del Supremo de la que fue ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ¬ęcontiene claros ingredientes autoritarios¬Ľ a pesar de que a muchos ¬ęles parezca demasiado blanda en sus condenas¬Ľ porque no se calificaron los hechos como rebeli√≥n.

Para √©l, la sentencia que acab√≥ con los 12 l√≠deres condenados por delitos de sedici√≥n, malversaci√≥n y desobediencia, y que comprendi√≥ penas de hasta 13 a√Īos de prisi√≥n, fue de una ¬ęextrema e injustificada dureza¬Ľ.

¬ęAl resucitar el delito de sedici√≥n para castigar a los independentistas, el Tribunal Supremo asume una concepci√≥n del orden p√ļblico que se parece sospechosamente a la definici√≥n del mismo en la Ley franquista de 1959¬Ľ, a√Īad√≠a, para luego recordar que esa ley franquista hablaba del ¬ęnormal funcionamiento de las instituciones¬Ľ y que este es un ¬ęconcepto totalizador muy alejado de la simple tranquilidad en la calle, propio de los Estados democr√°ticos¬Ľ.

As√≠, aseveraba que se trat√≥ de una condena ¬ęinjusta¬Ľ y ¬ępor un delito que deber√≠a desaparecer¬Ľ dado que sus ¬ęantecedentes castrenses y la ambig√ľedad de la conducta punible (que lo mismo sirve para castigar a controladores a√©reos, movimientos contra los desahucios o escraches a parlamentarios) resultan insoportables en t√©rminos de calidad democr√°tica de la legislaci√≥n¬Ľ.

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