Nicolás GarcĂa Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los autores del dictamen jurĂdico de Sumar sobre el «encaje de la amnistĂa» en el marco constitucional, señalĂł en 2017 tras el procesamiento de los lĂderes del ‘procĂ©s’ de Cataluña que se les podĂa considerar «presos polĂticos».
AsĂ se recoge en una entrevista que le realizĂł el Grupo de InvestigaciĂłn en Derecho Penal, CriminologĂa, Democracia y Derechos Fundamentales de la Universidad de JaĂ©n y en la que señalaba que los polĂticos catalanes fueron a prisiĂłn por delitos «ni mucho menos demostrados». Cabe recordar que en 2019 el Tribunal Supremo dictĂł sentencia al respecto y considerĂł probados los delitos de sediciĂłn y malversaciĂłn.
«Y creo, creo firmemente, despuĂ©s de leer los autos de procesamiento, etcĂ©tera, que se está utilizando el Derecho Penal para segregar y para inhabilitar polĂticamente a un sector del secesionismo y del independentismo catalán», apuntaba para luego resaltar que el Derecho Penal era «el peor de los instrumentos» para afrontar el ‘procĂ©s’.
GarcĂa Rivas abogaba entonces por una negociaciĂłn polĂtica del problema y aseveraba que en los sucesos de 2017 habĂa existido violencia por parte de la PolicĂa, por parte del Estado y por parte del Gobierno catalán.
EL GOBIERNO USÓ «A LA FISCALÍA»
Sobre la actuaciĂłn de la PolicĂa tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre de 2017 –cuando tuvo lugar el referĂ©ndum ilegal–, el catedrático la calificĂł de «completamente perniciosa», y en cuanto a la «violencia institucional» del Gobierno español, apuntĂł que mantenĂa esa afirmaciĂłn en tanto en cuanto se utilizaron «todas las armas, incluido por supuesto el Ministerio Fiscal (…) de una forma indirecta».
En ese sentido, apuntĂł que tambiĂ©n se usĂł a los jueces de instrucciĂłn –cabe recordar que el instructor del ‘procĂ©s’ es el juez del Supremo Pablo Llarena–, porque depende de a quiĂ©n atribuyes determinadas causas sirve «para forzar un proceso polĂtico».
Con todo, el catedrático tambiĂ©n hablĂł de que se dio una violencia institucional por parte del Gobierno catalán porque «está segregando de una manera clarĂsima a prácticamente la mitad de la poblaciĂłn con un criterio (…) muy muy autoritario, muy nacionalista en el sentido de segregacionista».
«INGREDIENTES AUTORITARIOS»
En cuanto a la condena del Supremo a los lĂderes del ‘procĂ©s’, en un artĂculo escrito el 17 de octubre de 2019 para ‘The Conversation’ y recogido por la Universidad de Castilla-La Mancha, GarcĂa Rivas sostenĂa que la sentencia del Supremo de la que fue ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, «contiene claros ingredientes autoritarios» a pesar de que a muchos «les parezca demasiado blanda en sus condenas» porque no se calificaron los hechos como rebeliĂłn.
Para Ă©l, la sentencia que acabĂł con los 12 lĂderes condenados por delitos de sediciĂłn, malversaciĂłn y desobediencia, y que comprendiĂł penas de hasta 13 años de prisiĂłn, fue de una «extrema e injustificada dureza».
«Al resucitar el delito de sediciĂłn para castigar a los independentistas, el Tribunal Supremo asume una concepciĂłn del orden pĂşblico que se parece sospechosamente a la definiciĂłn del mismo en la Ley franquista de 1959», añadĂa, para luego recordar que esa ley franquista hablaba del «normal funcionamiento de las instituciones» y que este es un «concepto totalizador muy alejado de la simple tranquilidad en la calle, propio de los Estados democráticos».
AsĂ, aseveraba que se tratĂł de una condena «injusta» y «por un delito que deberĂa desaparecer» dado que sus «antecedentes castrenses y la ambigĂĽedad de la conducta punible (que lo mismo sirve para castigar a controladores aĂ©reos, movimientos contra los desahucios o escraches a parlamentarios) resultan insoportables en tĂ©rminos de calidad democrática de la legislaciĂłn».