domingo, 26 mayo, 2024

El Supremo respalda el decreto √Ābalos sobre VTC y rechaza la indemnizaci√≥n de 237 millones a Cabify

Descarta que suponga un trato discriminatorio frente al taxi

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por Vector Ronda, una filial de Cabify, que solicitaba al Estado una indemnización de 237,5 millones de euros por la aprobación en 2018 por parte del Gobierno de un decreto que traspasaba a las comunidades autónomas las competencias de las licencias VTC en materia urbana.

El Alto Tribunal avala as√≠ esta normativa –conocida como ‘Decreto √Ābalos’ por ser titular del Ministerio de Transportes en ese momento el socialista Jos√© Luis √Ābalos–, que en la pr√°ctica limitaba las autorizaciones VTC al √°mbito interurbano, con un periodo transitorio de 4 a√Īos que concluy√≥ el a√Īo pasado.

La empresa argumentaba que este periodo no compensa ¬ętodos los perjuicios¬Ľ causados por esta norma, principalmente los econ√≥micos, al tener que dejar de prestar el servicio urbano si as√≠ lo decid√≠an las Comunidades Aut√≥nomas pasados esos cuatro a√Īos.

En concreto, Vector Ronda interpuso el recurso para proteger sus 2.192 licencias de VTC, calculando un perjuicio total de 237 millones de euros, a raz√≥n de 164.320 euros por cada licencia en Madrid, 74.678 euros por licencia en Catalu√Īa y 34.810 euros por licencia en Andaluc√≠a, Valencia y Castilla-La Mancha.

En cualquier caso, algunas comunidades, como la de Madrid, han legislado a favor de la continuidad de los servicios VTC, como destaca la sentencia, por lo que cualquier perjuicio calculado también se vería limitado.

La sentencia comparte as√≠ los argumentos de la Abogac√≠a del Estado, al entender que las autorizaciones de VTC ¬ęno consolidan derechos adquiridos¬Ľ, por lo que no son generadoras de derechos patrimoniales consolidados o adquiridos.

¬ęLa nueva regulaci√≥n no priva de ning√ļn derecho ni suprime ning√ļn servicio o facultad propio de estas autorizaciones, se trata de un cambio en las condiciones de la autorizaci√≥n que, ante una realidad no cuestionada, se limita a circunscribir la autorizaci√≥n de √°mbito nacional al contenido propio de la competencia estatal, dejando que sean las Comunidades Aut√≥nomas las que regulen esta modalidad de transporte cuando su √°mbito sea exclusivamente urbano y, por ello, intracomunitario, como demanda el dise√Īo constitucional de esta competencia¬Ľ, explica la sentencia.

El Tribunal Supremo tambi√©n descarta que el decreto suponga un trato discriminatorio de las VTC frente a los taxis, entendiendo que solo ajusta la autorizaci√≥n estatal a las competencias estatales en materia de transportes, seg√ļn el criterio territorial de distribuci√≥n de competencias dise√Īado en la Constituci√≥n.

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