Críticos de Podemos piden en los tribunales invalidar la candidatura de Iglesias por acumular cargos

El exdirigente de Podemos en Castilla-La Mancha, el crítico Fernando Barredo, ha pedido en un juzgado de Toledo medidas cautelares urgentes para paralizar la III Asamblea Ciudadana, hasta que se resuelva la denuncia interna que ha presentando ante la Comisión de Garantías del partido contra el secretario general, Pablo Iglesias, y otros principales dirigentes por acumular más de un cargo público e incumplir el Código Ético. De hecho, también piden invalidar sus candidaturas.

La petición de paralización se hace extensiva a la votación para la aprobación de los documentos político, organizativo, ético y de feminismos propuestas en la asamblea; así como las votaciones de elección de cargos internos.

Asimismo, considera que es necesario invalidar las candidaturas del Iglesias y el resto de dirigentes de Podemos que compaginan escaño en el Congreso y puesto en el Gobierno, «para garantizar la democracia interna en la elección de los cargos y el derecho de los afiliados a que sus candidatos y futuros cargos de representación interna cumplan desde el primer momento la normativa interna y los Estatutos».

Barredo lidera el grupo de críticos ‘Nuevo Impulso’, la única candidatura que se ha registrado para competir contra Iglesias en la III Asamblea, conocida coloquialmente como Vistalegre III.

Este grupo considera acreditado que el vicepresidente segundo Iglesias, así como la ministra de Igualdad, Irene Montero, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, y la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, «superan el límite de un cargo institucional o función pública establecido en el Código Ético de Podemos, puesto que cada uno ocupa dos cargos públicos, el de diputado; y un cargo en el Gobierno de España, sin que para ser miembro del Gobierno sea necesario ser diputado».

«Este incumplimiento constituye una vulneración de la normativa interna del partido político Podemos y de la Ley de Partidos Políticos, por el incumplimiento de las obligaciones exigidas a todos los afiliados, y todo ello comporta la vulneración del artículo 23 de la Constitución Española», agrega el demandante.