La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación ‘Espíritu’, han desarticulado una organización criminal acusada de defraudar más de 25 millones de euros en IVA sobre la comercialización de bebidas alcohólicas y en la que se han detenido a 43 personas en todo el territorio nacional.
La operación, según han informado en un comunicado conjunto, se ha llevado a cabo en las provincias de Madrid, Zamora, Badajoz, Castellón, Valencia, Barcelona, Gerona, Sevilla, Cádiz, Málaga, Lérida y Guadalajara y se ha saldado con la detención de 43 personas y la intervención de bebidas alcohólicas por valor de más de cuatro millones de euros.
Los delitos que se imputan a los miembros de esta organización delictiva son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental.
MODUS OPERANDI
La adquisición de la mercancía, bebidas alcohólicas, se realizaba por un grupo de empresas denominadas «introductoras», las cuales direccionaban el producto al Depósito Fiscal. Seguidamente, las bebidas espirituosas eran transportadas hasta los centros de distribución, que poseían la capacidad de comercializarlas a precios muy por debajo de los de mercado.
Este bajo precio se lograba porque la organización criminal eludía pagar el impuesto del IVA. Aunque la mercancía era trasladada realmente a los referidos centros de distribución directamente, documentalmente la organización, la hacía pasar por distintas sociedades, entre las que se distinguían dos clases, por un lado, las «pantallas» que, únicamente intentan difuminar el seguimiento de la mercancía y alejar la acción fraudulenta de los responsables criminales, y por otro lado las denominadas «truchas» o «missing traders», al frente de las cuales la organización criminal situaba testaferros.
Esta defraudación millonaria se perfeccionaba, ya que estas últimas eran lasque la organización destinaba a no pagar el IVA correspondiente, de tal modo que cuando la Administración les exigía esta compensación, nadie respondía a la misma, llegando a alcanzar un fraude que habría superado los 25 millones de euros en este concepto.
De este modo, la organización criminal se aseguraba la colocación de todas las bebidas alcohólicas que pudiera adquirir distribuyéndolas por las provincias afectadas y consiguiendo prácticamente una monopolización del mercado.
