El empresario agrícola J.G.F.S., de nacionalidad ecuatoriana y residente en Bolaños de Calatrava, ha aceptado este martes una condena de dos años de prisión tras reconocer la explotación laboral de once inmigrantes en situación irregular durante varias campañas agrícolas entre 2021 y 2022. El acuerdo de conformidad se ha alcanzado después de que el acusado admitiera los hechos y la Fiscalía, junto con la acusación particular, rebajara su petición inicial de cuatro años de cárcel a dos.
Además de la pena de prisión, J.G.F.S. ha aceptado una multa de seis meses con una cuota diaria de siete euros, frente a la petición inicial de diez meses de multa con una cuota de doce euros diarios. La condena de prisión no se hará efectiva al no superar los dos años y carecer el acusado de antecedentes computables a efectos de reincidencia.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos reconocidos por el empresario describen cómo once inmigrantes, la mayoría llegados a España en patera, acabaron trabajando para su empresa, Agroservicios Dumisan, en campañas agrícolas como la cebolla, el pimiento, la vendimia o la aceituna.
La acusación detalla que los trabajadores realizaban jornadas de entre once y doce horas diarias, con apenas media hora para comer y sin descanso semanal, percibiendo en torno a 40 euros al día. En algunos casos, ni siquiera recibían el salario, mientras que en otros el empresario les descontaba gastos como el combustible empleado para trasladarlos a las fincas.
