La CUAS Mancha Occidental II rechaza nuevas restricciones al regadío y exige inversiones pendientes

La comunidad de regantes reclama a la Administración que ejecute infraestructuras hidráulicas y garantice la seguridad jurídica de los agricultores en el Alto Guadiana

Comparte

La Comunidad de Usuarios Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II ha presentado sus alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) del futuro Plan Hidrológico del Guadiana 2028-2033. En su escrito, la entidad muestra su rechazo a nuevas restricciones sobre el regadío y reclama a las administraciones que centren sus esfuerzos en ejecutar las infraestructuras hidráulicas pendientes y en cumplir los compromisos adquiridos con el territorio.

Desde la CUAS se subraya que, tras más de veinte años de restricciones, reducciones de dotaciones, controles y limitaciones a los agricultores, la propia Administración reconoce que las medidas aplicadas no han sido suficientes para recuperar el buen estado de las masas de agua subterránea del Alto Guadiana. “Los agricultores han hecho sus deberes. Hemos modernizado regadíos, reducido consumos, instalado sistemas de control y asumido restricciones históricas. Ahora es el momento de que la Administración cumpla con las inversiones comprometidas”, recogen en el texto de las alegaciones.

Entre las principales preocupaciones de los regantes figura la posibilidad de que el nuevo ciclo de planificación incluya nuevas reducciones de dotaciones, la extinción de concesiones de riego al finalizar su plazo, la expropiación de derechos de agua o la creación de nuevos cánones sobre las aguas subterráneas. La CUAS Mancha Occidental II considera que estas medidas supondrían un grave perjuicio económico para cientos de explotaciones familiares y para el conjunto de la economía rural de la comarca de La Mancha.

La organización recuerda que el regadío del Alto Guadiana constituye uno de los principales motores económicos de la comarca, generando actividad agraria, empleo, industria agroalimentaria y fijación de población en el medio rural.

En sus alegaciones, la CUAS insiste en que la solución pasa por ejecutar las obras hidráulicas que durante años han sido anunciadas y presupuestadas sin llegar a completarse. Entre ellas, destacan la finalización de todos los ramales de la Tubería Manchega, la ejecución de infraestructuras de regulación y almacenamiento, el impulso de proyectos de reutilización de aguas regeneradas, la recarga artificial de acuíferos, el cumplimiento de los compromisos previstos en el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) y la derivación de recursos prevista legalmente para el abastecimiento de la cuenca alta del Guadiana. “Resulta injustificable que se planteen nuevas limitaciones al regadío mientras siguen sin ejecutarse infraestructuras declaradas de interés general hace más de veinte años”, subrayan.

En ese sentido, demandan que se cumplan los planes hidrológicos, cuyo grado de desarrollo es “ínfimo”.

La Comunidad de Usuarios también reclama seguridad jurídica para las explotaciones agrarias y solicita que se mantengan y renueven los derechos concesionales actualmente vigentes. Asimismo, piden que continúe la vigencia del Plan Especial del Alto Guadiana hasta que se alcancen los objetivos medioambientales previstos por la normativa europea y estatal.

Los regantes consideran “imprescindible” que la planificación hidrológica del próximo ciclo contemple medidas realistas, compatibles con la actividad agraria y basadas en datos actualizados sobre la evolución de los acuíferos y las mejoras de eficiencia implantadas por el sector.

Desde CUAS Mancha Occidental II insisten en que la recuperación ambiental de las masas de agua debe abordarse desde una visión integral que combine protección del recurso, inversiones públicas, innovación tecnológica y participación activa de los usuarios. “La sostenibilidad del agua es un objetivo compartido, pero no puede seguir descansando exclusivamente sobre los agricultores. Necesitamos una planificación que combine recuperación ambiental, desarrollo rural y seguridad jurídica para quienes viven y trabajan en el territorio”, concluye la Comunidad de Usuarios.

Más noticias

+ noticias