Según ha informado este miércoles el Departamento vasco de Seguridad, la investigación, denominada ‘Martzi’, se inició a principios del pasado mes de julio tras recibir el encargo del Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián, derivado de la denuncia judicial interpuesta por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, que a principios de año detectó irregularidades relacionadas con la trama.

Tras constatar los indicios de fraude, la Hacienda foral llevó el caso a los tribunales y advirtió a la Agencia Tributaria estatal del proceder del grupo investigado.

El caso fue asignado a la Sección de Delitos Económicos de la Ertzaintza, que trabajó conjuntamente con el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa. En el proceso de investigación han colaborado también dos técnicos de la entidad foral guipuzcoana.

La Consejería ha explicado que «el delito consistía en no ingresar a la Hacienda el IVA derivado de la intermediación en la venta de carburantes que realizaba el presunto grupo criminal entre empresas petrolíferas y gasolineras ubicadas en el sur y el levante peninsular». En cambio, esas gasolineras sí deducían de forma legal las cantidades del IVA no tributado por la trama desmantelada.

Ese fraude, han indicado los responsables de la operación, permitía, además, al grupo delictivo ofrecer a las estaciones de servicio precios inferiores a los del mercado, lo que provocaba «un grave perjuicio» a los competidores que sí cumplían con las obligaciones fiscales.

Según se desprende de la investigación, esta trama constituyó una empresa a finales de 2015 y operó de forma ilegal durante 2016. La actividad continuó en 2017 a través de una segunda entidad comercial. En ambos casos, su titularidad se ocultaba a través de varios testaferros, que figuran entre los implicados. Con ese cambio de empresa y el uso de testaferro, se pretendía dificultar la labor fiscal de las agencias de tributación.

En este tiempo, la red ha contado con una sede en un bloque de oficinas de un polígono industrial de Irún, donde usaban locales de su propiedad, y en unas dependencias alquiladas en Madrid.

Una parte del grupo realizaba tareas de dirección, mientras que otra se dedicaba a labores de gestión administrativa, incluido el blanqueo de capitales. Otros integrantes llevaban a cabo funciones comerciales para cerrar operaciones entre mayoristas y minoristas. Por último, los testaferros se encargaban de «dar opacidad a la actividad de la trama», ha explicado Seguridad.

Las compras de carburante a las empresas suministradoras se realizaban «casi a diario» y por valor de «decenas de miles de euros», aunque «el grupo no llegaba a tocar el producto y se limitaba a gestionar su distribución en los puntos de venta finales». Se calcula que el fraude en estos dos años alcanza los 40 millones de euros. De ellos, 23 millones corresponderían a la Hacienda guipuzcoana y los otros 17 millones a la estatal.

La investigación culminó la primera semana de enero con un operativo policial que permitió localizar a once personas sospechosas de formar parte del grupo. Dos de ellas fueron arrestadas en Irún, tres en Vielha (Lleida), otras tres en Madrid, una en Ciudad Real y otra en Córdoba. A la última persona, se le comunicó en Madrid su situación de investigada en el caso.

91.000 EUROS Y COCHES DE ALTA GAMA

De forma simultánea se realizaron un total de catorce registros en cuatro en Irún, cinco en Madrid, dos en Ciudad Real, dos en Córdoba y uno en Lleida. En los registros, además de documentación, ordenadores, teléfonos, y archivos informáticos, se intervinieron 91.000 euros en metálico, joyas, y ocho vehículos de alta gama, varios de ellos valorados en unos 100.000 euros.

En esta fase final de la operación, han participaron, además de la sección encargada del caso, ertzainas de Investigación y Protección Ciudadana de las comisarías de Irún y Rentería, y agentes de los Mossos d’Esquadra de la Región Policial de Pirineos Occidentales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián, el principal implicado ingresó en prisión y el resto quedó en libertad con medidas cautelares. Los once tienen obligación de depositar una fianza solidaria de 40 millones de euros. La autoridad judicial decretó el embargo de cuentas bancarias, y otros activos financieros e inmuebles. La investigación continúa abierta.