El Consejo de Gobierno de la presente semana, tras su pertinente estudio, ha rechazado las 16 enmiendas que la Mesa de las Cortes le había reenviado y que el Grupo Parlamentario Popular había presentado al Proyecto de Ley de Presupuestos de 2017, al considerar que implican la reducción de ingresos en 160 millones de euros y que, de aplicarse, pondrían en «grave peligro cumplimento de déficit para el ejercicio 2018».
Así lo ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que en rueda de prensa ha indicado que éste ha sido uno de los acuerdos de Gobierno aprobados en la reunión de la presente semana, por el que las referidas enmiendas «no podrán seguir tramitándose».
El Partido Popular ha presentado un total de 239 enmiendas al segundo Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para el 2017, que se tramita en el Parlamento autonómico. De ellas, 16 ya han sido rechazadas por el Gobierno regional y 72 por la Mesa de las Cortes. El Ejecutivo castellano-manchego, ha asegurado su responsable de Hacienda, ha explicado al PP que «no es el momento más oportuno para reducir impuestos sin decir de dónde recortar».
Dicho esto, el consejero ha añadido que no tiene sentido reclamar, como está haciendo Castilla-La Mancha, más dinero en la negociación de la financiación de las comunidades autónomas y abogar, como hacen los ‘populares’, por «reducir impuestos».
«En un futuro, si la economía de Castilla-La Mancha crece al mismo ritmo y cuenta con una mayor recaudación tributaria, ya se verá si se reducen impuestos o se mejora el sistema de bienestar social», ha indicado Ruiz Molina, que ha criticado que el PP «no solo acometiera recortes cuando gobernaba en la región, sino que, ahora en la oposición, incite a este Gobierno a seguir recortando».
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que el acuerdo en materia de financiación autonómica «está en pañales», al tiempo que ha recordado la oposición del Ejecutivo autonómico a la aplicación del criterio de «ordinalidad», en base al cual las comunidades que más recursos tienen obtienen una mayor financiación del Estado, y ha reclamado que se haga activo el principio de «solidaridad», teniendo en cuenta la diferencia de coste del mantenimiento de los servicios que prestan las administraciones regionales.
