La retirada de ciertas figuras de la primera línea de Vox puede leerse como una anécdota interna, como una riña de aparato o como una más de esas purgas que acompañan a todo partido construido alrededor del mando vertical. Sin embargo, conviene mirar más allá del chisme parlamentario. Lo que se descompone no es solo un reparto de personajes; es una forma concreta de escenificar la reacción en la España contemporánea: virilidad de escaparate, patria como mercancía emocional, autoritarismo convertido en espectáculo y resentimiento social administrado desde arriba.
Vox nació vendiendo una promesa sencilla: devolver orden allí donde el capitalismo había producido incertidumbre. No ofrecía soluciones materiales a la precariedad, a los alquileres imposibles, a la explotación laboral o al vaciamiento de los servicios públicos. Ofrecía enemigos. Y, como toda derecha radical moderna, entendió pronto que el enemigo debía ser múltiple, reconocible y emocionalmente rentable: el migrante, la feminista, el sindicalista, el ecologista, el independentista, el funcionario, el pobre que protesta y hasta el trabajador que no se resigna a competir contra otros trabajadores por las migajas.
Durante un tiempo, esa operación tuvo rostros muy útiles. Javier Ortega Smith representaba la testosterona disciplinaria; Iván Espinosa de los Monteros, la fantasía aristocrática de una burguesía que se cree superior incluso cuando vive de herencias, conexiones y privilegios; Rocío Monasterio, la dureza clasista envuelta en estética de orden; Macarena Olona, la agresividad verbal elevada a método político. Cada cual cumplía una función en el teatro reaccionario. No eran meros dirigentes: eran signos. Encarnaban una promesa de autoridad para sectores sociales golpeados por la crisis, pero incapaces, o no interesados, en identificar al verdadero responsable de su empobrecimiento.
La cuestión, por tanto, no es si se les echa de menos en términos estéticos. La cuestión es por qué fueron eficaces. Lo fueron porque el capitalismo español, en su fase de agotamiento social, necesita relatos de compensación. Cuando el salario no alcanza, cuando la vivienda se convierte en un mecanismo de extracción de renta, cuando la juventud encadena contratos basura y la sanidad pública se deteriora, la extrema derecha aparece para desplazar la rabia. No señala al propietario, al fondo buitre, al empresario que precariza o al gobierno que privatiza; señala al vecino vulnerable, al extranjero, a la mujer organizada, al sindicalismo y a cualquier forma de comunidad que pueda obstaculizar la competencia salvaje.
La salida o marginación de estos personajes no implica, sin embargo, una moderación real de Vox. Sería un error confundir el cambio de caras con un cambio de clase. La extrema derecha puede perder actores secundarios, modificar el vestuario y rebajar momentáneamente el volumen, pero su función estructural permanece: proteger la propiedad, disciplinar a la fuerza de trabajo y canalizar el malestar popular hacia objetivos que no cuestionen la acumulación capitalista. En ese sentido, Vox no es una anomalía folclórica; es una herramienta política perfectamente adaptada a un bloque de poder que necesita endurecer el Estado mientras finge defender al pueblo.
Ahí reside su utilidad. Vox habla de nación para no hablar de clase. Habla de fronteras para no hablar de explotación. Habla de familia para no hablar de cuidados, salarios, dependencia o desigualdad. Habla de libertad para defender la libertad del capital: libertad de despedir, de especular, de contaminar, de alquilar a precios abusivos, de convertir derechos en negocios. Su patriotismo no es amor al pueblo trabajador, sino blindaje ideológico de los intereses de quienes poseen. La bandera funciona como velo: cubre la relación social fundamental entre quienes viven de su trabajo y quienes viven del trabajo ajeno.
Por eso resulta tan revelador que sus conflictos internos se presenten como dramas de democracia interna. Algunos de los apartados han descubierto, tarde y mal, que una organización autoritaria también puede ser autoritaria con los suyos. La sorpresa tiene algo de comedia amarga. Quienes hicieron carrera política atacando derechos colectivos, despreciando la pluralidad social y celebrando el mando fuerte se quejan ahora de haber sido víctimas de ese mismo principio. Pero no hay contradicción: un partido construido para la obediencia no se convierte en democrático porque algunos de sus cuadros pierdan la batalla por el puesto.
La extrema derecha no teme la falta de democracia; teme perder el control de la maquinaria. Esa es la diferencia. Cuando sus dirigentes denuncian el cierre interno del partido, no están reivindicando la participación popular ni la deliberación colectiva; están lamentando haber quedado fuera del reparto de poder. Es una disputa de élites dentro de una organización que jamás pretendió democratizar la vida social. En términos marxistas, no estamos ante una rebelión de base, sino ante fracciones de un mismo aparato compitiendo por la administración política del resentimiento.
Tampoco debe sorprender que los relevos resulten menos carismáticos. La derecha radical contemporánea no necesita siempre grandes tribunos; a veces le basta con gestores dóciles de una agenda ya instalada. Cuando el discurso reaccionario ha penetrado en medios, tertulias, instituciones y redes sociales, los personajes pueden volverse intercambiables. La mercancía ideológica ya circula sola. El miedo al migrante, la sospecha contra el feminismo, el odio al impuesto, la nostalgia imperial y el desprecio al pobre organizado se reproducen incluso con portavoces grises. El producto no depende únicamente del vendedor; depende de las condiciones materiales que lo hacen consumible.
Y esas condiciones siguen ahí. España continúa marcada por una estructura económica profundamente desigual: turismo depredador, salarios contenidos, vivienda mercantilizada, dependencia de sectores de bajo valor añadido, concentración patrimonial y una burguesía acostumbrada a socializar pérdidas mientras privatiza beneficios. En ese escenario, la extrema derecha ofrece una salida falsa: no redistribuir riqueza, sino redistribuir desprecio. No subir salarios, sino bajar expectativas. No garantizar derechos, sino jerarquizar quién merece tenerlos. No emancipar al trabajador, sino convertirlo en vigilante moral de otros trabajadores.
El caso andaluz ilustra bien esta lógica. Allí donde se habla de desregulación, conviene traducir: menos controles para el capital, menos garantías para la ciudadanía y más poder para quienes ya mandan en el territorio. Cuando la política pública se convierte en una oficina de facilitación empresarial, el resultado no es libertad popular; es subordinación social. Turismo sin planificación significa expulsión vecinal, empleo precario y ciudades convertidas en decorado. Administración local sin recursos suficientes significa deterioro de servicios. Justicia sin democratización material significa acceso desigual. La llamada simplificación administrativa suele ser, en la práctica, una simplificación de los obstáculos que impedían a los poderosos hacer negocio sin demasiadas preguntas.
La extrema derecha sabe envolverse en símbolos populares, pero su programa real rara vez mejora la vida del pueblo. Puede hablar de campo mientras abandona al jornalero; puede hablar de barrio mientras defiende al rentista; puede hablar de familia mientras vota contra políticas públicas que sostienen la crianza y los cuidados; puede hablar de España mientras entrega cada rincón rentable al capital privado. Su nación es abstracta, sentimental y disciplinaria. No es la comunidad concreta de quienes trabajan, cuidan, migran, limpian, enseñan, curan, transportan y sostienen la vida diaria. Es una nación de propietarios imaginarios para asalariados empobrecidos.
Por eso la nostalgia por sus viejos rostros tiene algo de trampa. Podemos ridiculizar sus gestos, sus frases, su teatralidad y sus contradicciones, pero no conviene reducir el problema a una cuestión de estilo. La reacción no desaparece porque cambien sus intérpretes. Mientras existan desposesión, miedo social y desorganización de clase, habrá fuerzas dispuestas a convertir la frustración en odio horizontal. El fascismo moderno no siempre llega con botas; a veces llega con asesoría fiscal, tertulia televisiva, bandera planchada, discurso contra la burocracia y promesa de seguridad para quienes han sido previamente precarizados.
La tarea de la izquierda no consiste en añorar adversarios más vistosos ni en celebrar purgas internas como si fueran victorias históricas. Consiste en reconstruir poder popular. Eso implica sindicatos fuertes, organización vecinal, feminismo de clase, defensa radical de los servicios públicos, control democrático de sectores estratégicos, política de vivienda contra la propiedad rentista y una cultura común capaz de nombrar al enemigo sin sustituirlo por chivos expiatorios. La extrema derecha prospera cuando la clase trabajadora se siente sola; retrocede cuando esa clase recupera conciencia, organización y horizonte.
El marxismo contemporáneo no puede limitarse a denunciar el espectáculo reaccionario. Debe explicar su función. Vox no es solo una colección de exabruptos, nostalgias imperiales y masculinidad herida; es una pieza del conflicto de clases en una etapa de crisis. Su papel es impedir que el malestar mire hacia arriba. Su misión es que el trabajador explotado culpe al migrante, que la mujer precaria sea presentada como amenaza, que el joven sin vivienda odie al pobre antes que al especulador y que la comunidad se fragmente justo cuando más necesita unirse.
Frente a esa operación, no basta la burla, aunque a veces sea higiénica. Hace falta política material, organizada y combativa. La sangre que importa no es la del toro simbólico de una patria teatralizada, sino la que el capital extrae cada día en forma de tiempo, salario, salud y vida. Y mientras la derecha radical convierta esa extracción en bandera, la respuesta no puede ser nostalgia ni ironía complaciente: debe ser lucha de clases, conciencia colectiva y ruptura democrática con el poder de quienes, bajo cualquier bandera, siguen viviendo de nuestra explotación.
