En primer lugar, en 1933, ante el tribunal nazi que pretendía convertir el proceso por el incendio del Reichstag en un linchamiento judicial, Georgi Dimitrov formuló una pregunta que atraviesa el tiempo como un filo: ¿en qué país no son los fascistas bárbaros y salvajes?. No era una provocación retórica; era una definición política. Dimitrov no señalaba únicamente la violencia visible de las camisas pardas, sino algo más profundo y estructural: la capacidad del fascismo para infiltrarse en el Estado, para mutar su naturaleza y convertir sus instituciones en instrumentos de exclusión sistemática. Aquella intervención, sostenida desde la soledad del acusado frente a todo un aparato judicial alineado con el poder, no pertenece al pasado; reaparece hoy con una inquietante actualidad en el funcionamiento concreto de las instituciones del Estado español.
En segundo lugar, esa vigencia no se expresa de manera espectacular, ni bajo la forma clásica de uniformes, desfiles o golpes abruptos; se manifiesta, más bien, como un proceso gradual, cotidiano y profundamente material. La barbarie no irrumpe: se administra. En la España contemporánea, atravesada por pactos entre el Partido Popular y Vox, se configura una dinámica en la que el autoritarismo adopta formas híbridas; combina la agitación callejera con la reconfiguración administrativa del Estado. No se trata de una anomalía pasajera, sino de una estrategia coherente: músculo de choque en la superficie social y esqueleto jurídico en las entrañas institucionales.
Por otra parte, esta doble ofensiva no puede entenderse sin atender a la naturaleza histórica del fascismo como fenómeno político. Tal como ha señalado Antonio Scurati, el fascismo no nace como una doctrina cerrada, sino como una praxis; es decir, como una forma de actuar que vacía progresivamente el Estado de Derecho desde dentro. No necesita abolirlo de inmediato; le basta con erosionarlo, deformarlo y ponerlo al servicio de intereses de clase específicos. En este sentido, la experiencia española actual muestra cómo esa lógica se actualiza: el fascismo no aparece como ruptura, sino como continuidad degradada de las propias instituciones democráticas.
Asimismo, esta praxis necesita un complemento indispensable: la producción de un clima social de intimidación permanente. Ningún proceso de autorización puede consolidarse sin un entorno en el que la violencia, aunque no siempre física, actúe como amenaza latente. En la España actual, este papel lo desempeñan figuras que operan en la frontera entre el activismo político y la supuesta actividad periodística. Individuos como Vito Quiles, junto a otros agitadores, no son anomalías aisladas; cumplen una función específica en el dispositivo reaccionario. Su tarea consiste en señalar, acosar y deslegitimar, construyendo un ambiente de hostilidad que busca quebrar la normalidad democrática.
En este sentido, los episodios de hostigamiento contra profesionales de medios públicos, especialmente de TVE, no pueden reducirse a incidentes puntuales. Constituyen, por el contrario, manifestaciones de una estrategia sistemática orientada a debilitar la libertad de prensa mediante la intimidación directa. La persecución de periodistas en el ejercicio de su labor no es solo un ataque individual; es un mensaje colectivo. Se trata de advertir que ciertos límites han dejado de existir y que el ejercicio de derechos fundamentales puede tener consecuencias personales inmediatas.
Del mismo modo, el asedio a figuras vinculadas al poder político, incluso en su esfera privada, marca un salto cualitativo en esta dinámica. El hostigamiento sufrido por la esposa del Presidente del Gobierno en un espacio cotidiano como una cafetería no responde a la lógica de la crítica política; responde a la lógica de la deshumanización. Cuando la confrontación se desplaza del terreno de las ideas al terreno de la persecución personal, lo que está en juego no es el debate democrático, sino su destrucción. Se busca convertir al adversario en enemigo absoluto, desprovisto de cualquier legitimidad.
Sin embargo, lo verdaderamente relevante no es la existencia de estos actores, sino el respaldo político e institucional que reciben. Aquí se produce un elemento central del análisis: la relación entre el Partido Popular y estas formas de agitación. No se trata simplemente de tolerancia; se trata de una forma de articulación funcional. La defensa pública de agitadores, su presencia en actos políticos y la normalización de su discurso revelan una convergencia que trasciende lo coyuntural. El Partido Popular no actúa como dique de contención; actúa como vector de legitimación.
Por consiguiente, esta convergencia tiene efectos concretos sobre el lenguaje político. En los actos públicos de la derecha y la extrema derecha, el discurso ha sufrido una degradación evidente. El insulto, la descalificación personal y la calumnia han dejado de ser excepciones para convertirse en norma. Esta transformación no es accidental; responde a una lógica precisa: la construcción de una gramática del odio que permita deslegitimar al adversario y justificar cualquier forma de agresión simbólica o material. El lenguaje no es neutro; es una herramienta de poder.
En paralelo, mientras el ruido mediático se concentra en la agitación, se desarrolla un proceso más silencioso pero igualmente decisivo: la transformación administrativa del Estado. Aquí emerge con fuerza la noción de “prioridad nacional”, convertida en eje programático de la extrema derecha y asumida, de manera explícita o implícita, por sectores del Partido Popular en distintos territorios. Esta consigna no es un simple eslogan electoral; es una tecnología política. Su objetivo es introducir, de forma progresiva, una diferenciación en el acceso a derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, la “prioridad nacional” opera como un mecanismo de redefinición de la ciudadanía. Ya no se trata de derechos universales, sino de derechos condicionados. La pertenencia nacional se convierte en criterio de inclusión o exclusión, desplazando el principio básico de igualdad jurídica. Este desplazamiento no requiere grandes reformas constitucionales; se materializa a través de normas administrativas, reglamentos y procedimientos burocráticos. Es ahí donde se produce la verdadera mutación del Estado.
En este punto, la advertencia de Dimitrov adquiere toda su densidad. El fascismo no necesita destruir formalmente el orden jurídico; le basta con pervertirlo desde dentro. La introducción de categorías diferenciadas de ciudadanía constituye un paso decisivo en esa dirección. Se crea así un sistema en el que la igualdad ante la ley deja de ser efectiva, aunque se mantenga como principio abstracto. La excepción se convierte en norma, y la norma en instrumento de exclusión.
De hecho, uno de los ámbitos donde esta lógica se expresa con mayor claridad es el de la sanidad pública. La introducción de barreras de acceso, ya sea mediante requisitos administrativos, dificultades de empadronamiento o criterios de arraigo, transforma un derecho universal en un privilegio condicionado. Este proceso no es nuevo; tiene antecedentes claros en políticas anteriores, pero adquiere ahora una nueva legitimidad política. La sanidad deja de ser un servicio público universal para convertirse en un filtro identitario.
Por tanto, esta transformación tiene consecuencias materiales profundas. La exclusión sanitaria no es una abstracción; implica la negación de atención médica a personas concretas. Supone, en términos prácticos, la exposición al sufrimiento, a la enfermedad y, en última instancia, a la muerte. Cuando el acceso a la salud se condiciona por criterios administrativos o identitarios, el Estado deja de ser garante de la vida para convertirse en agente de selección. Se establece así una jerarquía de vidas: unas dignas de ser protegidas, otras susceptibles de ser descartadas.
En consecuencia, este proceso puede definirse como un apartheid burocrático. No se trata de una exageración retórica; se trata de una descripción precisa de un sistema en el que la administración se convierte en herramienta de segregación. Las ventanillas, los formularios y los requisitos administrativos actúan como dispositivos de exclusión. La violencia ya no se ejerce únicamente en la calle; se ejerce en los procedimientos. Es una violencia fría, impersonal, pero no por ello menos efectiva.
Al mismo tiempo, la legitimación política de estas medidas se construye a través de un discurso que apela al “sentido común”. Este recurso retórico es fundamental: permite presentar decisiones profundamente ideológicas como si fueran simples respuestas pragmáticas. La exclusión se naturaliza, se despolitiza y se convierte en algo aparentemente inevitable. Sin embargo, detrás de esta apariencia se esconde una lógica de clase muy clara: la fragmentación de la clase trabajadora.
Desde una perspectiva marxista, este es el núcleo del problema. La ofensiva reaccionaria no busca únicamente restringir derechos; busca reconfigurar las relaciones sociales. Al introducir divisiones basadas en la nacionalidad, se rompe la unidad potencial de la clase trabajadora. Se sustituye el conflicto vertical —entre capital y trabajo— por un conflicto horizontal —entre trabajadores nacionales y extranjeros—. Esta operación es clave para mantener la hegemonía de las élites económicas.
En este sentido, el discurso de la “invasión” cumple una función ideológica central. Al presentar a la población inmigrante como responsable de la saturación de los servicios públicos, se oculta el verdadero origen del problema: las políticas de recorte, privatización y desmantelamiento del Estado social. Se desplaza así la responsabilidad desde las estructuras económicas hacia sujetos concretos, convirtiéndolos en chivos expiatorios. Es una estrategia clásica, pero extraordinariamente eficaz.
Por otra parte, la adopción de este marco por parte del Partido Popular implica una claudicación política de gran alcance. No se trata de una simple adaptación discursiva; se trata de una integración en la lógica de la extrema derecha. Al asumir sus categorías, al legitimar sus prácticas y al aplicar sus propuestas, el Partido Popular contribuye activamente a la normalización de posiciones que antes se consideraban marginales. La frontera entre derecha y extrema derecha se difumina.
En consecuencia, este proceso tiene efectos sobre el conjunto del sistema político. La normalización de discursos y prácticas autoritarias desplaza el centro de gravedad del debate público. Lo que antes era impensable se vuelve discutible; lo que era discutible se vuelve aceptable; y lo que era aceptable se convierte en norma. Este desplazamiento no ocurre de manera espontánea; es el resultado de una estrategia consciente de ocupación del espacio ideológico.
Por ello, resulta fundamental comprender que la lucha contra estas dinámicas no puede limitarse al terreno institucional. La defensa de los derechos y de la democracia requiere también una intervención en el plano cultural y social. Es necesario disputar el sentido común, desmontar los discursos de odio y reconstruir una narrativa basada en la solidaridad y la igualdad. Sin esta dimensión, cualquier respuesta quedará incompleta.
Finalmente, la lección de Dimitrov sigue siendo pertinente: el fascismo no es solo una forma de gobierno, sino una forma de organización social basada en la exclusión y la violencia. Su avance no siempre es visible; a menudo se produce de manera gradual, a través de pequeñas transformaciones que, acumuladas, alteran profundamente el funcionamiento del Estado. Reconocer estas dinámicas es el primer paso para enfrentarlas.
En definitiva, la España contemporánea se encuentra en una encrucijada. La combinación de agitación callejera y transformación administrativa configura un escenario en el que la democracia se ve erosionada desde dentro. No se trata de un peligro abstracto; se trata de una realidad concreta que afecta a derechos fundamentales y a la vida cotidiana de millones de personas.
Por último, frente a esta situación, no cabe la equidistancia. La defensa de la democracia exige claridad política y compromiso activo. Nombrar la barbarie, identificar sus mecanismos y oponerse a su avance no es una opción; es una necesidad histórica. Porque cuando la exclusión se convierte en norma y la violencia en método, el silencio deja de ser neutral: se convierte en complicidad. Y entonces, como advirtió Dimitrov, la barbarie deja de ser una amenaza para convertirse en poder. La historia no absolverá a quienes, pudiendo ver, decidieron no mirar.
