Madrid propone a las comunidades autónomas facilitar el acceso de estudiantes a la Tarjeta de Transporte Público

La Comunidad de Madrid ofrece firmar convenios para que jóvenes no empadronados puedan beneficiarse del abono transporte

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La Comunidad de Madrid ha propuesto a todas las comunidades y ciudades autónomas la posibilidad de suscribir convenios que permitan a los estudiantes acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP), incluso si no están empadronados en la región. Esta iniciativa busca extender los beneficios del abono transporte a jóvenes que se desplazan habitualmente a Madrid por motivos de estudio, trabajo o circunstancias familiares.

El gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, ha remitido una carta a los responsables de transporte de todas las comunidades autónomas ofreciendo esta posibilidad. La propuesta se produce tras el anuncio realizado el pasado lunes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Desde el 15 de junio, la Tarjeta de Transporte Público solo se expide a personas empadronadas en la Comunidad de Madrid y a residentes de algunas zonas limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Ante esta restricción, el CRTM plantea la firma de convenios para que los estudiantes y universitarios de otras regiones puedan beneficiarse de las condiciones tarifarias bonificadas.

En la misiva, Pablo Rodríguez Sardinero invita a las comunidades a firmar acuerdos similares al que ya existe con Castilla-La Mancha, que permite a los ciudadanos que se desplazan habitualmente a Madrid acceder al sistema tarifario madrileño. “Estos convenios se fundamentan en un principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre administraciones”, señala el gerente del CRTM en la carta.

El objetivo prioritario, según Rodríguez Sardinero, es “facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la región”. Para avanzar en esta línea, el CRTM se ofrece a remitir un borrador de acuerdo con los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para su formalización a aquellas administraciones interesadas, según han apuntado desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

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