La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo celebrará este martes, 26 de mayo, el juicio contra F.G.J., acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años en el municipio de Seseña Viejo en julio de 2022. El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de diez años de prisión, así como otras medidas restrictivas y de protección para la víctima.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 18 de julio de 2022. La menor, acompañada por su padre, acudió a un botellón en las inmediaciones del lago de Argés, evento que fue disuelto por la Guardia Civil. Posteriormente, la joven y su grupo de amigos decidieron desplazarse a Seseña Viejo tras conocer, a través de la red social Instagram, la existencia de otra fiesta.
Durante la celebración, los jóvenes consumieron alcohol y fue en ese contexto donde el acusado se acercó por primera vez al grupo para pedirles bebida. Más tarde, tras reunirse con otro grupo de personas que le ofrecieron una cerveza, acudieron juntos a un domicilio particular pasadas las seis de la mañana.
En el interior de la vivienda, la menor se encontraba en un sofá junto a una amiga. Cuando esta última se ausentó para ir al lavabo, el acusado invitó a la víctima a subir a una de las habitaciones de la planta superior. Según el relato del Fiscal, «en dicha habitación, el acusado, con ánimo libidinoso, la penetró vaginalmente, sin utilizar preservativo, y llegó a eyacular». Además, el escrito recoge que el acusado «se hizo una fotografía apoyado en el cuerpo desnudo de la joven». Sobre las 12.30 horas, el padre de otra amiga acudió a recoger a las jóvenes.
El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años. Por ello, además de la pena de prisión, solicita que se prohíba al acusado aproximarse a la víctima a menos de quinientos metros, así como a su domicilio o lugar de trabajo, durante un periodo superior en ocho años a la condena de prisión que se imponga. También reclama la imposición de ocho años de libertad vigilada, con la obligación de participar en programas formativos de educación sexual.
Asimismo, el Fiscal solicita la inhabilitación especial del acusado para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad, por un periodo de quince años. En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros por los daños morales causados.
El Fiscal ha solicitado que el juicio se celebre a puerta cerrada para proteger la intimidad de la menor.
