La cuchillería de Albacete no es solo una seña de identidad cultural, sino uno de los sectores artesanos e industriales más importantes de la ciudad y de Castilla-La Mancha. Con más de seis siglos de historia, esta tradición heredada de los árabes en el siglo XV ha evolucionado hasta convertir a Albacete en el gran referente nacional del sector, concentrando cerca del 90 % de la producción cuchillera de España y exportando alrededor de 35 millones de euros anuales.
Actualmente, cerca de un centenar de empresas —entre artesanos, fabricantes, industriales y comerciantes— forman parte de una actividad económica que genera cientos de empleos directos e indirectos y que ha conseguido mantener vivo un oficio profundamente ligado a la imagen de la ciudad.
Sin embargo, el sector mira ahora con preocupación al Congreso de los Diputados. El pasado mes de abril, la Cámara debatió diversas iniciativas relacionadas con el endurecimiento del control sobre las armas blancas ante el aumento de agresiones registradas en distintos puntos del país. Entre ellas destaca una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el PNV.
En el texto de la iniciativa se afirma que “se ha banalizado y generalizado llevar un arma blanca. Algunos las llevan para agredir y otros por si son atacados, por una falsa sensación de seguridad”. Bajo ese argumento, la propuesta plantea “revisar e incrementar los tipos de armas blancas prohibidas” contempladas en la legislación vigente.
La cuestión ha generado inquietud en Albacete porque la normativa actual permite la tenencia de determinadas navajas siempre que cumplan los requisitos legales. La legislación española prohíbe actualmente “los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas”, considerando puñales “las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda”.
Esto significa que hoy en día es legal poseer una navaja cuya hoja sea inferior a esos límites, aunque su transporte en determinadas circunstancias debe estar justificado y sujeto a condiciones específicas, especialmente en viajes o espacios controlados.
El temor del sector es que el endurecimiento de la regulación termine afectando a la compra, comercialización y transporte de productos tradicionales fabricados en Albacete, poniendo trabas a una industria histórica que nada tiene que ver con la delincuencia.
Reacción política en defensa del sector
Las respuestas desde Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Albacete no se han hecho esperar. Tanto el presidente regional, Emiliano García-Page, como el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, han salido públicamente en defensa de la cuchillería albaceteña.
García-Page anunció que llevará una iniciativa a las Cortes regionales y posteriormente al Congreso de los Diputados “para defender y proteger el sector de la cuchillería y su industria”. El presidente castellanomanchego defendió la necesidad de combatir la criminalidad, pero diferenciando claramente entre los delincuentes y un sector económico tradicional.
En la misma línea se pronunció Manuel Serrano, quien recordó el peso económico y social de esta actividad en la ciudad. “En Albacete trabajan más de 1.000 personas en la fabricación de cuchillos y navajas y en la industria auxiliar”, señaló el alcalde, insistiendo en que no se puede criminalizar a toda una industria por el mal uso que hagan algunos individuos de determinados objetos.
Ambos dirigentes coincidieron en reclamar leyes más duras contra quienes utilizan armas blancas para delinquir, pero rechazaron que eso suponga poner bajo sospecha a un producto artesanal e industrial profundamente ligado a la historia de Albacete.
El debate sigue abierto y, mientras en el Congreso se estudian posibles cambios normativos, en Albacete crece la preocupación por las consecuencias que podrían tener sobre un sector emblemático. Porque perseguir la delincuencia es una obligación, pero hacerlo a costa de poner en riesgo una tradición centenaria y miles de puestos de trabajo sería, para muchos, un error difícil de justificar.
