No era una intuición vaga ni una sospecha mal atada: los acontecimientos de este fin de semana han terminado de despejar cualquier duda residual. La manifestación de las derechas, el titular cuidadosamente elegido en la prensa de referencia al día siguiente y la coreografía perfectamente sincronizada de la extrema derecha presentándose como acusación particular no son hechos aislados; son momentos de un mismo proceso. No se trata, en rigor, de José Luis Rodríguez Zapatero. Eso sería, en todo caso, el pretexto. Lo que está en juego es otra cosa: el control estructural del poder político en España y, con él, la garantía de reproducción de un orden económico y social profundamente desigual.
Conviene empezar por una obviedad que, sin embargo, no siempre se formula con claridad: la derecha —y, de forma más descarnada, la extrema derecha— no concibe la democracia como un espacio de disputa legítima entre proyectos antagónicos, sino como un mecanismo tolerable solo en la medida en que no altere el equilibrio real de poder. Cuando ese equilibrio se desplaza, aunque sea mínimamente, hacia posiciones que cuestionan privilegios históricos, entonces la democracia deja de ser un terreno de juego para convertirse en un obstáculo. Y los obstáculos, como es sabido, se eliminan o se sortean; rara vez se respetan.
Durante décadas se nos ha educado en una imagen caricaturesca del autoritarismo: uniformes, tanques en las calles, declaraciones solemnes interrumpiendo la programación televisiva. Todo muy cinematográfico, casi tranquilizador en su previsibilidad. Sin embargo, el autoritarismo contemporáneo —el que realmente opera en las democracias liberales avanzadas— se presenta con traje, corbata y sonrisa institucional. No necesita suspender formalmente derechos si puede vaciarlos de contenido; no requiere cerrar parlamentos si puede convertirlos en cámaras de resonancia de intereses privados.
La cuestión, por tanto, no es si existe una ofensiva contra la democracia, sino qué forma adopta esa ofensiva en nuestro tiempo. Y aquí es donde la escena política española ofrece un ejemplo casi de manual. La movilización de las derechas no es espontánea ni reactiva; es estratégica. Responde a una lógica de acumulación de fuerzas que combina tres elementos fundamentales: presión mediática, judicialización de la política y construcción de un clima de ilegitimidad permanente sobre cualquier gobierno que no responda a sus intereses.
No es la primera vez que ocurre, ni probablemente será la última. Pero lo relevante es la intensidad y la coordinación con la que se despliega. Cuando medios de comunicación que durante años han jugado a la equidistancia —o a la apariencia de ella— comienzan a deslizar su línea editorial hacia posiciones abiertamente conservadoras, conviene preguntarse por qué. Y la respuesta, aunque incómoda, suele ser bastante prosaica: los intereses económicos no entienden de neutralidad.
El caso del grupo PRISA resulta particularmente ilustrativo. Su progresivo desplazamiento hacia la derecha no puede explicarse únicamente por cambios ideológicos o por una súbita epifanía editorial. Más bien responde a la lógica implacable del capital: proteger inversiones, asegurar rentabilidades y alinearse con aquellos actores políticos que garantizan estabilidad para los negocios. La insistencia obsesiva en determinados temas —Venezuela, por ejemplo— no obedece tanto a una preocupación geopolítica como a la defensa de intereses concretos. Dicho de otro modo: menos ideología y más cartera.
Aquí es donde la comparación con otros contextos internacionales deja de ser un recurso retórico para convertirse en una herramienta analítica. Luiz Inácio Lula da Silva lo expresó con claridad meridiana al afirmar que, en sus campañas electorales, no se enfrentaba a un partido político, sino a un conglomerado mediático. La frase no es una hipérbole; es una descripción precisa de cómo opera el poder en las sociedades contemporáneas. Los medios no solo informan: construyen realidad, delimitan el campo de lo pensable y, llegado el caso, actúan como actores políticos de primer orden.
No se trata, por supuesto, de establecer equivalencias simplistas entre contextos distintos. España no es Brasil, ni Zapatero es Lula. Pero las dinámicas de fondo presentan similitudes inquietantes. La articulación de lo que podríamos denominar una “internacional reaccionaria” no es una teoría conspirativa, sino una constatación empírica: estrategias compartidas, discursos replicados y objetivos convergentes. La mímesis no es casual; es funcional.
En este marco, la figura de Zapatero adquiere un valor simbólico que trasciende su trayectoria política concreta. No es tanto lo que haya hecho o dejado de hacer —que, sin duda, será objeto de debate legítimo— como lo que representa: la posibilidad de que la izquierda gobierne y, más aún, de que lo haga con cierta autonomía respecto a los intereses tradicionales del poder económico. Esa posibilidad es, para determinados sectores, una anomalía que debe ser corregida.
Recuerdo, a este respecto, una conversación reveladora con un alto cargo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre. Con una naturalidad que desarmaba cualquier intento de réplica, sostenía que la izquierda gobernando España constituía una anomalía histórica; lo “natural”, insistía, era que ellos detentaran el poder. No había en sus palabras rastro de cinismo ni de ironía: hablaba desde una convicción profundamente arraigada. La política, para él, no era un espacio de alternancia, sino un patrimonio.
Esa concepción patrimonial del poder tiene raíces profundas en la historia española. No es necesario remontarse demasiado para encontrar ejemplos de cómo determinados sectores han entendido el Estado como una extensión de sus intereses particulares. Lo que resulta llamativo es la persistencia de esa lógica en un contexto formalmente democrático. Cambian las formas, se modernizan los discursos, pero el núcleo permanece: la idea de que el poder pertenece, por derecho casi natural, a quienes siempre lo han ostentado.
Desde esta perspectiva, la ofensiva actual contra la izquierda no puede reducirse a una reacción ante supuestos casos de corrupción o a discrepancias políticas puntuales. Si algo ha demostrado la historia reciente es que la corrupción, lejos de escandalizar a quienes hoy la esgrimen como arma arrojadiza, ha sido en muchas ocasiones un elemento estructural de su forma de gobernar. No, no es la ética lo que está en juego; es el control.
La judicialización de la política se inscribe plenamente en esta lógica. Cuando organizaciones de extrema derecha, junto a partidos conservadores, se constituyen en acusación particular en determinados procesos, el mensaje que se envía es claro: no se trata solo de dirimir responsabilidades jurídicas, sino de construir un relato político. El objetivo no es tanto ganar en los tribunales como erosionar la legitimidad del adversario en el espacio público.
Aquí aparece una figura recurrente en el paisaje político español: asociaciones que, bajo la apariencia de defensa de la legalidad, actúan como arietes ideológicos. Su papel no es nuevo, pero sí cada vez más visible. Funcionan como piezas de un engranaje más amplio en el que medios de comunicación, actores políticos y determinados sectores del poder judicial convergen en una estrategia común. La independencia de poderes, en este contexto, adquiere un tono más retórico que real.
La filósofa Donatella Di Cesare ha analizado con lucidez las transformaciones del fascismo en el siglo XXI. Lejos de las formas clásicas, el neofascismo contemporáneo se caracteriza por su capacidad de infiltración y adaptación. No busca necesariamente la ruptura abrupta con el orden democrático, sino su progresiva colonización. Su objetivo es subordinar la política a la economía y, dentro de esta, a la lógica impersonal del cálculo y la optimización. En otras palabras: convertir la democracia en una mera gestoría de intereses privados.
Esta subordinación tiene consecuencias profundas. Cuando la política deja de ser un espacio de deliberación colectiva para convertirse en un instrumento al servicio del capital, la ciudadanía queda reducida a la condición de espectadora. Las decisiones se toman en otros ámbitos, opacos y ajenos al control democrático. Y, sin embargo, se mantiene la apariencia de normalidad institucional. Es el triunfo de la forma sobre el contenido.
En este escenario, figuras como Donald Trump no son anomalías, sino expresiones extremas de una tendencia más amplia. Su desprecio por las normas democráticas, su instrumentalización de las instituciones y su alianza con grandes intereses económicos no son rasgos individuales, sino manifestaciones de una lógica sistémica. Lo mismo puede decirse, con las debidas diferencias, de determinadas derechas europeas, incluida la española.
El rumor sobre la salida de Àngels Barceló de la SER, en este contexto, adquiere una dimensión que va más allá del ámbito mediático. Si, como se comenta, responde a un giro editorial impulsado por los intereses de su principal accionista, estaríamos ante un ejemplo más de cómo el capital condiciona el discurso público. La información deja de ser un servicio para convertirse en un producto alineado con determinadas agendas.
El titular de El País al que se hacía referencia —“El caso Zapatero sacude un final de legislatura agónico”— es, en este sentido, revelador. No tanto por lo que dice explícitamente, sino por lo que sugiere. El foco no está en el caso en sí, sino en la supuesta agonía del Gobierno. Se construye así un marco interpretativo que presenta a la izquierda como un proyecto en declive, casi moribundo. Una profecía que, como tantas otras, aspira a cumplirse por el mero hecho de ser enunciada.
La insistencia en este tipo de narrativas no es inocente. Forma parte de una estrategia de desgaste que busca instalar en la opinión pública la idea de inevitabilidad: la derecha volverá al poder porque es lo “natural”, lo “lógico”, lo “inevitable”. Frente a ello, cualquier intento de resistencia se presenta como una anomalía, una especie de capricho histórico destinado a corregirse.
Sin embargo, la historia no es un guion cerrado. Las correlaciones de fuerza cambian, las resistencias emergen y los proyectos políticos se reconfiguran. Que exista una ofensiva coordinada de las derechas no implica su éxito automático. Implica, eso sí, la necesidad de una respuesta a la altura del desafío.
Esa respuesta no puede limitarse a la defensa reactiva de posiciones existentes. Requiere una rearticulación del proyecto de la izquierda que combine claridad ideológica, capacidad organizativa y conexión con las demandas reales de la ciudadanía. No basta con resistir; es necesario disputar el sentido común, construir alternativas y, sobre todo, desenmascarar las lógicas de poder que operan tras los discursos aparentemente neutrales.
Porque, en última instancia, de eso se trata: de hacer visible lo que se presenta como invisible. De mostrar que detrás de determinadas campañas mediáticas, de ciertas decisiones judiciales y de algunos movimientos políticos no hay solo discrepancias legítimas, sino intereses concretos. Y que esos intereses no siempre coinciden con los de la mayoría social.
La ironía, si se me permite, es que quienes hoy se presentan como defensores del orden y la estabilidad son, en muchos casos, los mismos que han contribuido a erosionarlos cuando no les resultaban favorables. La apelación constante a la legalidad convive con prácticas que la bordean o la instrumentalizan; la defensa de la democracia se combina con estrategias que buscan vaciarla de contenido. Pero, eso sí, siempre con corbata y buenos modales. Que no falte la estética.
Así las cosas, insistir en que “esto no va de Zapatero” no es una forma de eludir responsabilidades individuales, sino de situar el debate en el lugar que le corresponde. Los nombres propios importan, pero no agotan la explicación. Lo que está en juego es un modelo de sociedad: quién decide, en beneficio de quién y bajo qué condiciones.
Y frente a ese modelo, la posición es clara. No por una cuestión de identidad o de afinidad partidista, sino por una convicción profundamente democrática: allí donde se articule una ofensiva para restringir derechos, concentrar poder y subordinar la política a intereses privados, habrá resistencia. A veces más organizada, otras más difusa; en ocasiones victoriosa, en otras derrotada. Pero siempre presente.
Porque, al final, la historia no la escriben solo quienes detentan el poder, sino también quienes lo cuestionan. Y aunque algunos sigan convencidos de que gobernar es su derecho natural —casi hereditario—, conviene recordarles que la democracia, con todas sus imperfecciones, no es una propiedad privada. Es, o debería ser, un espacio común en permanente disputa.
Así que no, no va de Zapatero. Va de algo mucho más profundo y, por ello mismo, mucho más decisivo: la restauración del orden de clase
