Hay momentos en la historia política de un país en los que las diferencias aparentes entre etapas se disuelven y lo que emerge con claridad es una continuidad estructural; una forma de ejercer el poder, de administrarlo y, sobre todo, de degradarlo. La sensación de déjà vu que hoy recorre amplios sectores de la sociedad española no es fruto de la nostalgia ni de la exageración retórica: responde a una percepción concreta, material, casi empírica, de que el ciclo político encabezado por Pedro Sánchez comienza a reproducir, con inquietante fidelidad, los rasgos terminales del ciclo que protagonizó Felipe González en los años noventa.
No se trata, conviene aclararlo desde el inicio, de una comparación superficial ni de un juego de analogías coyunturales; lo que está en cuestión es algo más profundo: la lógica interna de un modelo de poder socialdemócrata que, tras consolidarse institucionalmente, entra en una fase de desgaste donde la corrupción, la judicialización de la política y el descrédito público se convierten en elementos estructurales del sistema. Es ahí donde el paralelismo deja de ser anecdótico y adquiere densidad histórica.
El felipismo, que durante más de una década se presentó como el gran proyecto modernizador de España, terminó convirtiéndose en una maquinaria opaca, blindada frente a la crítica interna y cada vez más dependiente de mecanismos informales de control político; una deriva que tuvo su correlato en una sucesión de escándalos que, lejos de ser episodios aislados, configuraron un auténtico paisaje de descomposición institucional. Desde el caso Filesa hasta la trama Ibercorp, pasando por el escándalo de Luis Roldán o la guerra sucia de los GAL, lo que se dibujaba no era una suma de irregularidades sino un patrón de funcionamiento.
En ese contexto, figuras como Alfonso Guerra, José Barrionuevo o Rafael Vera no fueron simples desviaciones individuales, sino piezas de un engranaje político que había asumido la lógica del poder como fin en sí mismo. La dimisión de Guerra, en plena tormenta política, simbolizó el inicio del declive; las condenas posteriores, una tras otra, confirmaron que aquel edificio estaba sostenido sobre cimientos corroídos.
Hoy, tres décadas después, la escena parece repetirse con otros nombres, otros rostros y otros contextos, pero con una música de fondo sorprendentemente similar. El sanchismo, que emergió como una respuesta regeneradora frente a la crisis del bipartidismo, ha terminado por reproducir algunas de las prácticas que decía combatir; no como copia exacta, sino como consecuencia lógica de su inserción en el mismo marco institucional y económico.
Es en este punto donde la figura de José Luis Rodríguez Zapatero adquiere una centralidad particular, no tanto por lo que ha ocurrido en los tribunales —donde no existe, a día de hoy, una imputación acreditada—, sino por el papel simbólico que desempeña en la disputa política contemporánea. Zapatero funciona como un nodo de conexión entre etapas, un eslabón que permite a la derecha trazar una línea continua entre el felipismo, el zapaterismo y el actual sanchismo; una genealogía de poder que se presenta como estructuralmente viciada.
La insistencia en su supuesta imputación no responde, por tanto, a la lógica de la información, sino a la de la construcción de sentido; no importa tanto la veracidad del hecho como su capacidad para reforzar un relato. En ese relato, Zapatero deja de ser un sujeto político concreto para convertirse en un símbolo: el del socialismo institucional que, tras agotar su impulso reformista, se integra plenamente en las dinámicas del poder que decía cuestionar.
Pero hay algo más profundo en juego. La verosimilitud de esa imputación —el hecho de que pueda ser creída, difundida y utilizada como argumento político— revela hasta qué punto la confianza en las instituciones ha sido erosionada. No se trata solo de una operación mediática; es también el síntoma de una percepción social: la de que las élites políticas, independientemente de su color, operan en un espacio de privilegio donde la rendición de cuentas es, en el mejor de los casos, parcial.
En este sentido, la figura de Zapatero resulta especialmente útil porque condensa una serie de contradicciones. Por un lado, representa una etapa de ampliación de derechos y de cierta apertura política; por otro, simboliza también la aceptación de los límites impuestos por el capital, especialmente a partir de la gestión de la crisis económica de 2008. Esa ambivalencia lo convierte en un blanco perfecto: suficientemente legitimado para que su caída tenga impacto, pero también suficientemente integrado en el sistema como para que las acusaciones resulten plausibles.
La ofensiva en torno a su figura, impulsada en gran medida por el Partido Popular y Vox, amplificada también por su ecosistema mediático, no busca tanto una condena judicial como una condena política anticipada; una forma de erosionar no solo al individuo, sino al conjunto del espacio político que representa. En este contexto, la justicia se convierte en un escenario más de la lucha de clases, donde las acusaciones, las filtraciones y los tiempos procesales se utilizan como herramientas de combate.
Sin embargo, limitar el análisis a esta dimensión sería insuficiente. La eficacia de estas estrategias depende también de las condiciones internas del propio sistema político; de su incapacidad para establecer mecanismos de transparencia y control que impidan que la sospecha se convierta en norma. Cuando el terreno está abonado por décadas de prácticas opacas, cualquier chispa —por infundada que sea— puede prender con facilidad.
En paralelo, nombres del presente como José Luis Ábalos o las tramas asociadas a su entorno evocan inevitablemente figuras del pasado como Luis Roldán; no porque las circunstancias sean idénticas, sino porque responden a un mismo patrón de funcionamiento: redes de poder que operan en los márgenes de la institucionalidad y que, tarde o temprano, emergen en forma de escándalo.
A todo ello se suma la cuestión, siempre latente, de la independencia judicial; un terreno donde las declaraciones de Ignacio Cosidó sobre el control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo siguen resonando como un eco incómodo. Aquella afirmación —“controlar la sala segunda desde detrás”— no fue un desliz retórico, sino la verbalización de una práctica estructural: la colonización política de los órganos judiciales.
En este sentido, la crisis actual no puede entenderse únicamente como una sucesión de casos, sino como la expresión de un conflicto más amplio: el de un sistema que ha agotado su legitimidad sin haber construido una alternativa real. La repetición histórica, en este caso, no es una casualidad, sino el resultado de la incapacidad del modelo para regenerarse desde dentro.
Mientras tanto, figuras como el propio Felipe González continúan ocupando espacios de influencia, a menudo en sintonía con sectores conservadores; una evolución que, lejos de ser anecdótica, refleja la convergencia ideológica de las élites políticas en torno a un consenso neoliberal. Que antiguos referentes del socialismo institucional compartan discurso con la derecha no es una traición puntual, sino la culminación de un proceso.
El problema, por tanto, no es si Sánchez se parece o no a González, ni siquiera si Zapatero ha sido o no imputado; la cuestión es por qué el sistema político español produce, una y otra vez, relatos verosímiles de corrupción que afectan a todas sus figuras centrales. La respuesta no se encuentra en la psicología de los dirigentes, sino en las condiciones materiales que estructuran el poder: la dependencia de los mercados, la subordinación a las instituciones europeas y la ausencia de mecanismos efectivos de control democrático.
En este marco, la corrupción —real o construida— actúa como un síntoma, pero también como un mecanismo de reproducción; un lubricante que permite al sistema seguir funcionando a pesar de sus contradicciones. La indignación ciudadana, canalizada a través de los medios y de los procesos judiciales, se convierte así en una válvula de escape que no cuestiona las bases del modelo.
Treinta años después, la historia no se repite como farsa ni como tragedia, sino como rutina; una rutina en la que los nombres cambian, pero las estructuras permanecen. El bipartidismo, lejos de haber desaparecido, se ha adaptado a las nuevas condiciones, integrando incluso a quienes surgieron para combatirlo.
Y es ahí donde reside el verdadero problema: en la incapacidad de articular una alternativa que no se limite a gestionar mejor el mismo sistema, sino que lo cuestione en su raíz. Mientras esa alternativa no exista, el ciclo de ascenso, desgaste y caída seguirá reproduciéndose, con independencia de quién ocupe la Moncloa.
Porque al final, más allá de las anécdotas y de los escándalos —y también de las sombras proyectadas sobre Zapatero—, lo que queda es una constatación incómoda: que el poder, en su forma actual, tiende a corromper no solo a quienes lo ejercen, sino al propio marco en el que se inscribe. Y que sin una transformación profunda de ese marco, cualquier intento de regeneración está condenado a convertirse en una repetición.
La fabada, en efecto, siempre sabe igual cuando se cocina con los mismos ingredientes. Y en la cocina del poder socialista español, esos ingredientes llevan demasiado tiempo sin cambiar.
