Las Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han solicitado la suspensión cautelar del Plan Regional de Biometanización 2024-2030, denunciando que la Junta “pretende imponer un modelo de macroplantas de biometano y macroganadería industrial de espaldas a los pueblos”. El colectivo exige además la revisión individualizada y jurídicamente válida de las 15.071 alegaciones presentadas al plan.
En una nota de prensa, las plataformas reclaman “la apertura de investigaciones sobre posibles irregularidades y conflictos de interés y la elaboración de una evaluación verdaderamente independiente, rigurosa y libre de vínculos empresariales”. También demandan “la creación previa de un marco regulador estricto que garantice la protección del medio ambiente, la salud pública y la autonomía municipal”.
El conflicto se ha intensificado tras la respuesta de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que según las plataformas “no cierra el conflicto, sino que lo agrava, al evidenciar una preocupante desconexión entre el Gobierno regional y la realidad social de los pueblos y comarcas afectadas”. El colectivo ha anunciado que continuará reforzando su coordinación regional, acción institucional y movilización social para frenar un modelo que consideran incompatible con la defensa del mundo rural.
Las plataformas critican que, “lejos de ofrecer respuestas técnicas, jurídicas o ambientales solventes a las más de 15.071 alegaciones presentadas contra el Plan Regional de Biometanización 2024-2030”, la consejera Mercedes Gómez “se limita a una defensa política de un modelo industrial profundamente cuestionado socialmente, ambientalmente peligroso y territorialmente injusto”.
Desde los colectivos ciudadanos denuncian que la Junta “les ignora con respuestas genéricas, vacías de contenido y alejadas de las obligaciones legales que exige la normativa europea y española en materia de participación pública, evaluación ambiental y transparencia administrativa”. Consideran que afirmar que “todas las cuestiones ya han sido contestadas” sin una valoración individualizada de miles de alegaciones constituye “una vulneración inaceptable del derecho democrático de participación ciudadana”.
El Grupo Regional de las plataformas afirma: “Lo que está haciendo la Junta no es escuchar a la ciudadanía, ni a los miles de castellanomanchegos a los que representamos las plataformas; está tratando de imponer un plan diseñado para favorecer intereses empresariales concretos mientras convierte a nuestros pueblos en zonas de sacrificio ambiental”.
Las plataformas recuerdan que la Declaración Ambiental Integrada del Plan, publicada el pasado 12 de febrero, “ignora cuestiones fundamentales como los impactos acumulativos derivados de la posible implantación de entre 80 y 100 macroplantas en la región, los riesgos sobre acuíferos ya amenazados por nitratos, la ausencia de garantías sobre el tratamiento y trazabilidad del digestato, y los riesgos para la salud pública asociados a emisiones contaminantes, olores y proliferación de modelos ligados a macrogranjas industriales”.
Asimismo, denuncian que incluso se ha ignorado el informe de la propia Consejería de Sanidad, que alerta de que “además del riesgo de contaminación de los acuíferos, no se detalla el riesgo de escape de gases contaminantes a la atmósfera, como el metano, sulfídrico y amoníaco, entre otros, gases que provocan irritaciones respiratorias, enfermedades pulmonares y otros daños”.
Las plataformas consideran especialmente grave que la consejera haya evitado responder con claridad a las denuncias sobre posibles conflictos de interés en la elaboración del propio Plan Regional y su Estudio Ambiental Estratégico, elaborados “por entidades vinculadas al sector del biogas, lo que pone en cuestión la independencia, objetividad y legitimidad del procedimiento”.
Para las plataformas, “Castilla-La Mancha se enfrenta a una amenaza sin precedentes: la transformación de amplias zonas rurales en enclaves industriales destinados a gestionar residuos, con graves consecuencias para la agricultura tradicional, el turismo rural, la calidad de vida y la salud de la población”. Añaden: “No vamos a aceptar que nuestros municipios sean tratados como vertederos industriales ni que se juegue con nuestra salud y nuestro futuro en nombre de una falsa sostenibilidad”.
