No hace falta un análisis especialmente sofisticado para darse cuenta de algo que cada vez resulta más evidente: en las democracias liberales actuales se puede sancionar a quien defiende activamente los derechos humanos cuando estos chocan con los intereses políticos y económicos dominantes. No es una excepción ni un exceso puntual, sino un síntoma estructural. Defender lo que organismos como la ONU o la Corte Penal Internacional han documentado deja de ser un consenso abstracto para convertirse, en determinados contextos, en una práctica castigada. Y lo preocupante es que esto no ocurre en los márgenes, sino dentro de la normalidad institucional.
Diversas organizaciones con una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos humanos —Amnistía Internacional, la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, Cáritas, Médicos del Mundo, Oxfam o Médicos Sin Fronteras— llevan tiempo denunciando lo que ocurre en Gaza: una devastación sostenida de las condiciones materiales de vida. No hablamos solo de bombardeos, sino de la destrucción sistemática de todo lo que permite a una sociedad existir: hospitales, redes de agua, suministro eléctrico, acceso a alimentos, refugio. El bloqueo de ayuda humanitaria y la violencia sobre la población civil configuran un escenario que difícilmente puede entenderse como algo puntual o accidental.
En noviembre de 2025, UNICEF aportaba un dato que debería haber sacudido cualquier conciencia: 64.000 niños y niñas muertos o mutilados en Gaza en dos años, entre ellos al menos 1.000 bebés. A esa cifra hay que sumar lo que no se puede contar: quienes han muerto por enfermedades evitables, quienes siguen bajo los escombros, quienes no figuran en ninguna estadística. No son números; son vidas interrumpidas, futuros borrados. Cuando la infancia —que representa la continuidad de cualquier comunidad— es golpeada de esta manera, lo que está en juego es algo más profundo que un conflicto armado.
Las denuncias han llegado también desde otros ámbitos. Líderes políticos, responsables de la ONU y figuras del mundo cultural han hablado con claridad. El propio Papa Francisco calificó la situación como “crueldad” y llegó a referirse a ataques contra población civil, especialmente niños, escuelas y hospitales, como “terrorismo”. Son palabras fuertes, poco habituales en ese tipo de discursos. Y, sin embargo, no han cambiado el rumbo de las decisiones políticas.
Se han destruido ciudades enteras, centros educativos, universidades, hospitales. No es solo una cuestión militar: es la aniquilación de las bases que sostienen la vida colectiva. Ante esto, se esperaba que la sociedad mirara hacia otro lado, que asumiera el papel de espectadora distante. Pero no fue así. Miles de personas decidieron salir a la calle, romper el silencio y decir basta. No como gesto simbólico vacío, sino como una toma de posición ética.
Si se compara la reacción de la Unión Europea ante otros conflictos, la diferencia es evidente. La exclusión de Rusia de competiciones deportivas y eventos culturales se presentó como una respuesta necesaria ante la invasión de Ucrania. Sin embargo, esa misma lógica no se ha aplicado en el caso de Israel. Esta diferencia no es casual; responde a intereses, alianzas y equilibrios de poder.
En ese contexto se celebró la Vuelta Ciclista a España 2025. La presencia del equipo Israel-Premier Tech fue vista por muchas personas como una operación de imagen. Su propietario, Sylvan Adams, ha reconocido abiertamente su intención de actuar como embajador de Israel y mejorar su reputación internacional a través del deporte y la cultura. No se trata de una interpretación forzada: es una estrategia declarada.
Mientras la carrera recorría el país, en Gaza seguían muriendo personas cada día, por bombardeos o por falta de alimentos y atención médica. Esa coincidencia temporal hizo aún más evidente la desconexión entre el espectáculo y la realidad. Frente a ello, la ciudadanía respondió ocupando el espacio público: banderas palestinas, silbatos, consignas. Un gesto sencillo, pero cargado de significado.
La protesta tuvo eco fuera de España. El ex primer ministro francés Dominique de Villepin llegó a decir que “España está salvando el honor de Europa”. Más allá de la retórica, lo que señalaba era algo importante: cuando las instituciones fallan, la legitimidad puede desplazarse hacia la sociedad.
Pero la respuesta institucional no fue escuchar, sino sancionar. En El Bierzo, varias personas recibieron multas de 3.000,01 euros amparadas en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte. Aplicar esta norma a una protesta pacífica resulta, como mínimo, discutible. Una ley pensada para proteger se convierte así en herramienta para castigar.
La cuantía de la sanción no es irrelevante. Para muchas personas supone una carga económica muy difícil de asumir. Pero más allá del dinero, lo que se busca es otra cosa: generar miedo. Hacer que la próxima vez alguien se lo piense dos veces antes de salir a la calle. Enseñar que alzar la voz tiene consecuencias.
El propio preámbulo de la ley habla de la incompatibilidad entre deporte y violencia. Sin embargo, no parece haber problema en permitir la participación de un equipo vinculado a un Estado acusado de ejercer violencia sistemática contra población civil. Esa contradicción deja en evidencia la aplicación selectiva de los principios.
España y la Unión Europea se presentan como defensoras de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma. Pero cuando las conclusiones de estos organismos afectan a aliados, la coherencia desaparece. Se mantiene el discurso, pero no la práctica.
Ante esa falta de respuesta, la ciudadanía ha hecho lo que no hicieron las instituciones. No por protagonismo, sino por responsabilidad. Quienes se manifestaron lo hicieron porque entendían que no podían permanecer en silencio. Porque hay momentos en los que no posicionarse también es una forma de posicionarse.
Hay además una contradicción cultural difícil de ignorar. Nos emocionamos con historias de quienes se enfrentaron a la barbarie en el pasado. Admiramos su valentía, pensamos que habríamos hecho lo mismo. Pero cuando situaciones similares se presentan en el presente, quienes actúan son sancionados. La memoria se convierte así en algo cómodo, desactivado.
La cuestión de fondo es clara: aceptar el silencio o romperlo. No es una decisión individual aislada, sino colectiva. El miedo funciona cuando cada persona se siente sola. Pero pierde fuerza cuando hay comunidad, cuando se comparte una causa.
Lo que está ocurriendo no se limita a España. A nivel internacional, también se están tomando medidas contra quienes señalan estas situaciones. Estados Unidos ha sancionado a abogados vinculados a la Corte Penal Internacional y a figuras como Francesca Albanese. No son hechos aislados; forman parte de una tendencia.
Decir no a estas sanciones no es solo una reacción. Es afirmar que la defensa de los derechos humanos no puede castigarse. Que no puede depender de intereses políticos o económicos. Que hay límites que no deberían cruzarse.
Porque al final no se trata solo de Gaza ni de unas multas concretas. Se trata del tipo de sociedad en la que queremos vivir. Una en la que levantar la voz tiene un precio, o una en la que el silencio ante la injusticia resulta inaceptable.
Aceptar hoy estas sanciones no es un trámite administrativo ni una anécdota jurídica: es un precedente político. Es asumir que el marco de lo permitido puede estrecharse hasta incluir la penalización de la conciencia. Es interiorizar que los derechos no son tales cuando su ejercicio conlleva castigo. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de un caso concreto, porque reconfigura los límites de lo pensable y de lo posible.
Cuando protestar por la muerte de miles de niños se convierte en motivo de sanción, lo que está en crisis no es el comportamiento de quienes protestan, sino el propio sistema que define esa protesta como problema. Cuando señalar la destrucción de hospitales, escuelas y vidas humanas se interpreta como alteración del orden, lo que queda al descubierto es qué orden se está protegiendo realmente y a quién sirve.
El mensaje es claro y profundamente político: hay causas que se pueden defender sin coste y otras que deben pagarse. Hay víctimas visibles y víctimas invisibles. Hay indignaciones legítimas e indignaciones que conviene sofocar. Y ese doble rasero no es accidental, responde a una lógica de poder que jerarquiza vidas y silencios.
Pero esa lógica tiene un límite: la capacidad de la sociedad para no aceptarla. Porque el miedo, por sí solo, no garantiza obediencia permanente. Puede funcionar a corto plazo, puede frenar, puede desgastar, pero también puede generar lo contrario: conciencia, organización, rechazo. Cada sanción injusta no solo castiga; también revela. Cada intento de silenciar no solo reprime; también muestra qué es lo que se quiere ocultar.
Y ahí es donde se abre una grieta. Porque cuando suficientes personas entienden que el problema no es la protesta, sino la injusticia que la provoca, el marco empieza a cambiar. Cuando se asume que el coste de callar es mayor que el de hablar, el miedo pierde su eficacia. Cuando la dignidad deja de ser individual y se convierte en colectiva, la sanción deja de ser un final para convertirse en un punto de partida.
No se trata de heroísmo ni de gestos aislados. Se trata de algo más básico: de no aceptar que lo intolerable se normalice. De no permitir que la defensa de la vida sea tratada como una infracción. De no asumir que la legalidad pueda situarse por encima de la justicia sin ser cuestionada.
Porque si hoy se sanciona por esto y no pasa nada, mañana se sancionará por más. Si hoy se acepta que denunciar la barbarie tiene un precio, mañana ese precio será más alto y más extendido. Y entonces ya no se tratará solo de Gaza, ni de una protesta concreta, ni de unas multas determinadas. Se tratará de una sociedad que ha aprendido a convivir con el castigo de la conciencia.
Por eso, el punto no es solo rechazar estas sanciones. Es entender lo que significan. Es negarse a asumirlas como normales. Es convertirlas en lo que realmente son: un síntoma de un sistema que necesita reprimir para sostenerse. Y frente a eso, la respuesta no puede ser el repliegue, ni el silencio, ni la resignación.
La respuesta, necesariamente, pasa por lo contrario: por más voz, más presencia, más comunidad.
Porque cuando defender los derechos humanos se convierte en motivo de castigo, lo verdaderamente peligroso no es quien protesta. Lo verdaderamente peligroso es dejar de hacerlo.
