La portavoz del Partido Popular en Manzanares, Rebeca Sánchez Maroto, ha alertado este martes de que el proyecto para instalar macroplantas de biometano en el municipio “sigue avanzando”, pese a las declaraciones públicas en contra realizadas por el equipo de gobierno.
Sánchez Maroto ha criticado lo que considera una “falta de honestidad política” por parte del Ejecutivo local encabezado por Julián Nieva. Según ha recordado, el origen del conflicto se remonta a febrero de 2025, cuando el alcalde anunció la existencia de varios proyectos para implantar plantas de biometano en la localidad.
Tras un pleno extraordinario celebrado en agosto de ese mismo año —solicitado por el Grupo Popular—, el equipo de gobierno se mostró favorable a estas iniciativas por considerarlas necesarias para el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, la reacción vecinal en contra de las macroplantas provocó posteriormente una declaración institucional en la que el alcalde aseguró que no se instalarían.
La portavoz popular sostiene que, pese a ese compromiso, “no se ha hecho nada administrativamente” para frenar el proyecto. En este sentido, ha señalado que sigue vigente el convenio firmado el 8 de abril de 2025 entre el Ayuntamiento y la empresa promotora Erner Investments, responsable de la mayor de las plantas previstas, que gestionaría más de 200.000 toneladas de residuos al año.
Además, Sánchez Maroto ha advertido de que dicha planta ha solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha su declaración como “proyecto prioritario”, lo que implicaría acelerar su tramitación y facilitar su implantación.
En este contexto, la Junta ha requerido al Ayuntamiento que aclare su postura. Según el PP, la respuesta municipal ha sido “no pronunciarse”, lo que consideran “especialmente grave” dado el rechazo social existente. “El Ayuntamiento se pone de perfil y evita posicionarse”, ha afirmado la portavoz.
Desde el Grupo Popular insisten en que esta situación genera “confusión” entre los vecinos, ya que las declaraciones políticas no se corresponden con acciones administrativas concretas. Asimismo, sostienen que la declaración institucional pudo tener como objetivo “desactivar la movilización ciudadana” surgida contra estas instalaciones.
Sánchez Maroto ha subrayado que el proyecto “sigue exactamente donde estaba” y ha advertido del riesgo de que avance con mayor rapidez si obtiene la consideración de prioritario. Por ello, ha hecho un llamamiento a mantener la presión social y la movilización vecinal.
Finalmente, ha anunciado que su grupo pedirá explicaciones al alcalde en el próximo pleno municipal, exigiendo “coherencia” entre el discurso público y las actuaciones administrativas. “Los vecinos tienen derecho a saber la verdad”, ha concluido.
