Castilla-La Mancha cuenta actualmente con entre 5.000 y 7.000 inmigrantes solicitantes de protección internacional y apátridas, quienes, junto a personas en situación irregular, podrán acogerse al proceso de regularización extraordinario que pondrá en marcha el Gobierno en las próximas semanas. Así lo ha explicado Juan Carlos del Puerto, secretario general de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, durante una rueda de prensa celebrada este martes.
Del Puerto ha señalado que, mientras que el número de solicitantes de protección internacional y apátridas está recogido en las estadísticas oficiales, “es difícil determinar el número de personas en situación irregular, porque no hay una estadística que recoja ni siquiera una aproximación”. Sin embargo, ha subrayado que muchas de estas personas “ya están integradas en la comunidad autónoma y están trabajando desde hace un tiempo en Castilla-La Mancha”.
El responsable sindical ha defendido el proceso de regularización planteado por el Gobierno, afirmando que “es una cuestión de dignidad y respeto con las personas que trabajan en nuestra región”. En este sentido, ha anunciado la celebración de asambleas informativas por toda la región para explicar a los posibles demandantes cómo afrontar el proceso de regulación extraordinario. Estas asambleas ya se han realizado en Quintanar de la Orden y Talavera de la Reina (Toledo) y continuarán en Cuenca (24 de marzo), Albacete y Toledo capital (26 de marzo), Guadalajara (7 de abril) y Tomelloso (Ciudad Real, 15 de abril).
Del Puerto ha instado al Gobierno a que se apruebe cuanto antes el segundo borrador del plan de regularización, que se está negociando con entidades y agentes sociales para desarrollar el real decreto que regulará el proceso. Según ha indicado, el proceso está previsto que comience en abril y finalice el 30 de junio.
El objetivo de las asambleas, según ha explicado Del Puerto, es que los potenciales beneficiarios conozcan los requisitos y la documentación necesaria para acogerse al proceso, entre los que figura haber residido al menos cinco meses en España. “Vamos muy pillados con los tiempos”, ha reconocido, y ha insistido en la necesidad de “una regularización, de un borrador y de una aprobación del real decreto ya sobre posibles afectaciones”.
El secretario regional de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO ha pedido a los interesados que acudan a fuentes oficiales y a entidades colaboradoras como sindicatos, graduados sociales o abogados para recibir información veraz y evitar que se aprovechen de su situación. “El proceso debe de ser gratuito o en todo caso con un precio comedido”, ha advertido, alertando de que CCOO ha detectado ya “auténticos abusos” con honorarios de entre 700 y 1.000 euros por supuestas tramitaciones, “cuando ni siquiera se ha abierto el proceso”.
Del Puerto también ha avanzado que el sindicato estará vigilante para evitar intentos de boicot al proceso de regularización por parte de personas que quieran utilizar su cargo público para obstaculizarlo, y ha advertido que “actuará legalmente porque cualquier decisión arbitraria en el ejercicio de un cargo público está condenada por el Código Penal”.
Finalmente, ha animado a la población migrante a acudir a las sedes del sindicato, donde ya se ha puesto en marcha un sistema de citas en los puntos de atención de empleo, para que cuando se abra el proceso se cuente ya con toda la documentación necesaria y con su expediente preparado.
