Sostenía Santiago Abascal durante la campaña que a la ciudadanía de Castilla y León le importaba poco o nada la guerra en Irán. La afirmación, presentada como una constatación sociológica de la supuesta desconexión entre los grandes conflictos geopolíticos y las preocupaciones cotidianas del mundo rural, revelaba en realidad algo más profundo: una forma muy particular de entender la política. Según este razonamiento, los habitantes de la comunidad vivirían ajenos a los grandes procesos internacionales que determinan la economía global, los precios de la energía o las tensiones militares que atraviesan el sistema internacional. Así, la guerra en Irán —es decir, el ataque unilateral e ilegal impulsado por Estados Unidos— quedaría relegada a un ruido de fondo irrelevante para quienes viven del campo o de la industria dispersa de la Meseta.
Sin embargo, esta afirmación resulta problemática si se observa desde una perspectiva estructural. En un sistema económico globalizado, los conflictos internacionales no permanecen confinados a su geografía inmediata. Cualquier crisis bélica de envergadura se traduce rápidamente en alteraciones de los mercados energéticos, tensiones inflacionarias y perturbaciones del comercio mundial. La subida del precio del petróleo, la volatilidad del gas o el encarecimiento de los fertilizantes repercuten directamente sobre el sector agrario y sobre la vida cotidiana en territorios como Castilla y León. Pretender que una guerra de estas características no tiene consecuencias para quienes trabajan la tierra equivale a ignorar la relación estrecha entre la geopolítica y la economía política del capitalismo contemporáneo.
El desarrollo de los acontecimientos internacionales ha puesto además de relieve hasta qué punto la decisión adoptada por la administración estadounidense, impulsada durante la presidencia de Donald Trump, contribuyó a introducir una dinámica de incertidumbre en el sistema internacional. Lo que comenzó como una operación presentada en términos de seguridad se convirtió rápidamente en una escalada de consecuencias difíciles de prever.
La incapacidad de la propia Casa Blanca para controlar sus efectos sugiere que la intervención respondió más a una lógica de exhibición de fuerza que a una estrategia política coherente.
La lectura que propone Abascal, por tanto, no solo banaliza el conflicto internacional, sino que reduce deliberadamente el alcance de la política a una dimensión puramente local. Se trata de un recurso habitual en el discurso de la ultraderecha: presentar los problemas cotidianos de la población como fenómenos desligados de los procesos económicos globales. Esta simplificación permite desplazar el foco del debate hacia cuestiones identitarias o culturales, evitando abordar las causas estructurales de las crisis económicas y sociales.
Los resultados electorales recientes en Castilla y León deben interpretarse también a la luz de este marco político. La ultraderecha representada por Vox no ha obtenido el avance que esperaba. Durante semanas, diversas encuestas alimentaron la hipótesis de un sorpasso al Partido Socialista que finalmente no se produjo. El PSOE, encabezado por Carlos Martínez, logró resistir una coyuntura especialmente adversa para el partido a escala estatal, y consiguió incluso mejorar ligeramente su representación respecto a 2022.
Este resultado, sin embargo, no implica necesariamente un fortalecimiento del espacio progresista. En gran medida, la mejora socialista se explica por el debilitamiento a su izquierda electoral, cuyo retroceso ha desplazado parte de su electorado hacia el PSOE. Más que una expansión de su base social, lo que se observa es una reconfiguración interna del campo progresista.
Por su parte, Vox ha experimentado un crecimiento limitado: un escaño más que en la legislatura anterior. El dato resulta significativo porque se produce precisamente en la comunidad en la que, el Partido Popular y Vox formaron el primer gobierno autonómico de coalición entre la derecha tradicional y la extrema derecha en España.
A pesar de la intensa personalización de la campaña en torno a la figura de Abascal, el resultado confirma que la formación encuentra dificultades para ampliar su espacio electoral más allá de determinados márgenes.
La explicación de este fenómeno se encuentra en buena medida en el papel desempeñado por el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. Lejos de actuar como un contrapeso ideológico frente a Vox, el PP regional ha incorporado progresivamente elementos centrales del discurso de la extrema derecha. Esta convergencia reduce el espacio diferencial de Vox y permite al Partido Popular retener a una parte significativa del electorado conservador que podría haberse desplazado hacia posiciones más radicales.
Es probable que el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interprete estos resultados como una prueba de que su partido contiene el avance de la ultraderecha. Sin embargo, una lectura más detenida sugiere lo contrario: la influencia de Vox se manifiesta menos en su crecimiento electoral que en la normalización de su marco ideológico dentro de la derecha tradicional.
Este proceso puede observarse en distintos ámbitos del debate público. Uno de ellos es la creciente presencia del negacionismo climático en el discurso político conservador. En una comunidad como Castilla y León, donde los incendios forestales se han convertido en un problema estructural agravado por el cambio climático, la minimización del fenómeno adquiere una dimensión especialmente preocupante.
Otro elemento relevante es la expansión de redes de desinformación que reproducen narrativas conspirativas y distorsionan datos económicos o sociales. Estos espacios mediáticos contribuyen a consolidar un clima de polarización que favorece la radicalización del debate político.
La adopción de estilos comunicativos inspirados en el trumpismo constituye un tercer rasgo característico de esta evolución. La confrontación permanente, la simplificación de los problemas complejos y la apelación constante a enemigos externos forman parte de una estrategia que busca movilizar emocionalmente al electorado mientras evita discutir soluciones estructurales.
Este giro discursivo resulta especialmente significativo en una comunidad con características socioeconómicas muy definidas. Castilla y León es un territorio marcado por la dispersión demográfica, el envejecimiento acelerado de la población y un proceso de despoblación que afecta a amplias zonas rurales. La desaparición progresiva de servicios públicos, el cierre de infraestructuras y la concentración de oportunidades económicas en los grandes núcleos urbanos han configurado un escenario de desigualdad territorial cada vez más acusado. Y como decía el catedrático de Geografía Humana en la UCLM, el Dr. Lorenzo Sánchez López: “ las desigualdades territoriales, siempre engendran desigualdades sociales”.
Paradójicamente, uno de los factores que ha contribuido a sostener determinadas actividades económicas ha sido la llegada de población migrante. En muchos municipios agrícolas, la mano de obra extranjera resulta imprescindible para mantener la producción y evitar el abandono de explotaciones. Sin embargo, la ultraderecha continúa utilizando la inmigración como uno de los ejes principales de su discurso político, ignorando deliberadamente su papel real en la economía rural.
A estos factores se suma la cuestión ambiental. Los incendios forestales se han convertido en un fenómeno recurrente que refleja la combinación de abandono del territorio, crisis climática y falta de políticas de prevención adecuadas. La repetición de estos episodios pone de manifiesto las limitaciones de un modelo territorial basado en la despoblación y en la reducción progresiva de los servicios públicos.
El resultado es un escenario en el que los problemas estructurales del territorio —despoblación, precariedad laboral, deterioro ambiental— permanecen en gran medida al margen del debate político dominante. En su lugar, el discurso público se desplaza hacia conflictos simbólicos o identitarios que apenas contribuyen a abordar las causas profundas de la crisis territorial.
En este contexto, la cuestión central no es únicamente el reparto de escaños entre partidos, sino la capacidad de las fuerzas políticas para ofrecer respuestas a los desafíos estructurales que enfrenta la comunidad. La consolidación de un bloque conservador relativamente estable contrasta con la fragmentación del espacio de la izquierda transformadora.
La resistencia electoral del Partido Socialista no oculta esta debilidad. Su mejora relativa se explica en buena medida por la transferencia de votos desde otras fuerzas a su izquierda, lo que refleja una reordenación interna del campo político más que un fortalecimiento global de la izquierda.
La fragmentación de la izquierda transformadora limita su capacidad para disputar la hegemonía cultural que hoy domina buena parte del debate público. Mientras la derecha ha logrado integrar sensibilidades diversas dentro de un mismo proyecto político, el espacio progresista continúa dividido en múltiples iniciativas con escasa coordinación estratégica.
En territorios como Castilla y León, donde la dispersión demográfica dificulta la implantación militante y la construcción de redes sociales estables, esta división resulta especialmente costosa. La ausencia de estructuras políticas arraigadas en el territorio deja amplias zonas del debate público en manos de discursos simplificadores que encuentran escasa contestación organizada.
Por esta razón, la reconstrucción de un proyecto común de la izquierda transformadora aparece como una necesidad política de primer orden. No se trata únicamente de establecer acuerdos electorales, sino de articular una estrategia capaz de vincular justicia social, transición ecológica y revitalización del medio rural.
La despoblación, la crisis climática y la precarización del trabajo agrario forman parte de un mismo proceso de transformación económica que no puede afrontarse mediante respuestas parciales. Requieren políticas públicas de largo alcance orientadas a reorganizar el modelo productivo y a garantizar servicios básicos en el territorio.
En este sentido, la defensa del medio rural no puede limitarse a un discurso nostálgico sobre la llamada España vaciada. Debe convertirse en un proyecto político que combine inversión pública, planificación territorial y participación democrática de las comunidades locales.
Castilla y León, precisamente por la magnitud de sus desafíos, podría convertirse en un espacio privilegiado para ensayar esa reconstrucción. Allí donde el abandono institucional ha sido más evidente, también puede emerger una alternativa basada en la defensa de los servicios públicos, la sostenibilidad ambiental y la democratización de la economía.
La unidad de la izquierda transformadora no constituye, por tanto, una cuestión meramente táctica. Es una condición necesaria para construir un horizonte político distinto en territorios donde el discurso reaccionario ha logrado presentarse como la única respuesta posible al declive social. Frente a esa resignación, la articulación de un proyecto común capaz de conectar las luchas sociales, territoriales y ecológicas aparece hoy como una de las tareas políticas más urgentes en el campo de la izquierda.
