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Detenido en Albacete con 200.000 cigarrillos sin fiscalizar

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han detenido a un vecino de Madrid, de 52 años de edad, como presunto autor de un delito de contrabando.

En el interior de la furgoneta que conducía el detenido se localizaron 10.000 cajetillas de cigarrillos, de una conocida marca comercial, que carecían de precintas fiscales y que evadían los obligatorios controles sanitarios.

La actuación policial tuvo lugar en el trascurso de un dispositivo operativo de Seguridad Ciudadana realizado por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Benemérita albaceteña en la autovía A-31, dentro del término municipal de Chinchilla de Montearagón, con el objetivo de controlar la circulación de personas y vehículos sospechosos de traficar con drogas y cometer delitos contra el patrimonio.

200.000 cigarrillos incautados

Tras la parada de una furgoneta, que resultó sospechosa a los agentes que formaban parte del operativo, se procedió a la identificación de su ocupante, que mostró una actitud nerviosa, lo que llevó a los agentes de servicio a inspeccionar la zona de carga, localizando varias cajas de cartón que contenían 200.000 cigarrillos distribuidos en 10.000 cajetillas de tabaco, todas ellas sin los precintos reglamentarios de la Agencia Tributaria.

A raíz de esta actuación, la Guardia Civil procedió a la detención de esta persona como presunta autora de un delito de contrabando, instruyendo seguidamente las correspondientes diligencias policiales.

Estos 200.000 cigarrillos intervenidos por la Guardia Civil, de procedencia ilegal, hubiesen alcanzado un valor en el mercado de unos 50.000 euros.

En el caso de que las labores de tabaco intervenidas superen el valor de 15.000 €, la aprehensión pasa de ser una infracción administrativa a ser considerada delito de acuerdo con la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando.

Esta figura delictiva, la mencionada Ley Orgánica, se castiga con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta el séxtuplo del valor de los bienes, géneros o efectos intervenidos.

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