El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, ha querido volver a dejar claro este jueves que utilizará todos los medios legales que existen al alcance de las comunidades autónomas para evitar un modelo de financiación que «no sea justo» y que no tenga en cuenta la realidad de los territorios y la necesidad de las personas que viven en estos territorios.
«No lo vamos a permitir», ha sentenciado su vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, preguntado al respecto durante una rueda de prensa que ha ofrecido en el Viso del Marqués (Ciudad Real), localidad donde se reúne estos días todo el Consejo de Gobierno con motivo del inicio del curso político.
Según ha apostillado, «la Constitución garantiza que las comunidades autónomas tienen que contar con los recursos necesarios para la garantía de la prestación de los servicios».
Y en este sentido, ha proseguido Caballero, un modelo de financiación que «no compense las pérdidas que hemos tenido por el modelo injusto que está actualmente vigente y que para el presente y el futuro no establezca la equidad, es decir, la igualdad de todas las personas con independencia del lugar en el que vivan, sin duda es un modelo que no estará acogido por la Constitución y que, por supuesto, nosotros no admitiríamos».
No obstante, ha recalcado que el Gobierno castellanomanchego tiene la «confianza» de que a través del diálogo y de la negociación con el Gobierno de España y con el resto de comunidades autónomas pueda salir un modelo basado «en la justicia y en la equidad».
Dicho esto, ha comentado que «no cabe la posibilidad de defender un modelo para España que no se base en una prestación de los servicios justos en todos los territorios». «Nosotros no queremos que en Castilla-La Mancha se atienda la sanidad o la educación o el bienestar social mucho mejor porque tengamos más fondos que otras comunidades autónomas. Nosotros lo que no queremos en ningún caso es quedarnos rezagados».
«A priori, todas las comunidades autónomas de España y todos los ciudadanos de España vivan donde vivan tienen el derecho a tener la mejor prestación de los servicios de sanidad, educación y bienestar social. Y a que esta prestación esté financiada como mínimo por igual en todos los territorios; atendiendo exclusivamente a las singularidades que tienen que ver con la dispersión de la población, la despoblación y el envejecimiento», ha concluido.
