El Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha valorado el anuncio del presidente del Gobierno de España en relación a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque considera que la financiación es «insuficiente», pedirá un «compromiso rotundo» del conjunto de las administraciones y un mayor control para que el dinero procedente del Pacto de Estado no pueda destinarse a otros fines.
«Estamos poniendo en marcha nuevos servicios, como los centros de atención a mujeres víctimas de la violencia sexual, y es evidente que hay que redoblar el esfuerzo en la prevención y la sensibilización entre la población», por lo que «hacen falta más recursos», ha asegurado la responsable regional de Igualdad, Sara Simón, quien ha recordado que Castilla-La Mancha es una región «infrafinanciada».
La consejera ha vuelto a hablar de una situación de «emergencia nacional», no solo ante una realidad que deja ya a diez mujeres asesinadas en lo que va de año y a siete menores de edad, sino también ante un «elevado índice de negacionismo» y de hombres que consideran un «ataque a sus derechos» la protección de las mujeres.
Por ello, según ha informado el Gobierno regional, Simón ha indicado que no solo va a reclamar mayor financiación en torno a la renovación del Pacto de Estado sino también un «compromiso rotundo» del conjunto de las administraciones y de los partidos políticos que firmen el acuerdo para «aislar» a quienes niegan la violencia de género.
«No se puede hacer una foto firmando el Pacto y después permitir que los partidos que niegan la violencia y la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres accedan a las instituciones», ha asegurado la consejera, que explicaba al mismo tiempo que el Gobierno regional pedirá, a su vez, un «mayor control» para que nadie pueda destinar fondos del Pacto de Estado a otras cuestiones que no tengan que ver con la prevención y lucha contra la violencia de género.
Simón ha realizado estas declaraciones en los instantes previos a inaugurar una jornada organizada por Cermi y por la Asociación de Mujeres en el Sector Público, sobre mujeres y discapacidad en el conjunto de la administración, con el apoyo y colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha.
La consejera se ha referido a situaciones de desigualdad que sufren las mujeres con discapacidad, como el hecho de percibir, de media, salarios 5.000 euros inferiores, o sufrir la violencia machista casi un diez por ciento más respecto a mujeres sin discapacidad.
Junto a la consejera, también han asistido a esta jornada la directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna, y la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo.
DESIGUALDADES EN EL PUESTO DE TRABAJO
De su lado, la presidenta del Cermi de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha destacado que «si bien las mujeres con discapacidad tienen acceso al sector público a través del mérito, la capacidad y la igualdad, lo que nos preocupa también son las desigualdades una vez dentro», y ha puesto el ejemplo de una mujer que una vez está en su puesto de trabajo tiene una discapacidad sobrevenida.
Para ello, ha defendido la importancia de que la Administración facilite «los plazos, los apoyos y las adaptaciones necesarias», para finalmente recordar que la reincorporación debe ser a su puesto de trabajo y en su categoría profesional, no a otro, ha informado el Cermi en nota de prensa.
Ana Caro, como representante de la asociación de Mujeres en el Sector Público, ha destacado la importancia del papel ejemplarizante de la administración «adaptando y ofreciendo soluciones a las distintas discapacidades, especialmente cuando son sobrevenidas».
