Las instalaciones de ganadería industrial, conocidas comúnmente como macrogranjas, son instalaciones muy controvertidas desde el mismo momento en que aparecen en nuestro país fruto de la competencia brutal por el abaratamiento de los precios de la carne. Esta competencia fue dejando por el camino a todos los pequeños productores, incapaces de competir en un mercado dominado por unas cuantas empresas cárnicas que operan con un modelo conocido como integración.
Estas instalaciones son controvertidas también por los territorios en los que se fueron implantando, como una imparable marea. Invadieron lo que llamamos la España despoblada al presentarse como la única industria que parecía interesarse por esta España económicamente deprimida, y llegaron con promesas de riqueza y empleo siendo recibidas con los brazos abiertos por administraciones locales y autonómicas ansiosas por ver cómo por fin el PIB de sus áreas se incrementaría. Nuestro Míster Marshall patrio había llegado. Y esta industria no sólo fue recibida con los brazos abiertos, sino que también sería regada con todo tipo de subvenciones y ayudas con dinero público.
Castilla-La Mancha no fue de las primeras, eso es cierto, pero sí una de las que con más tesón se empeñó en dar impulso a esta actividad económica debido a la impagable miopía de una clase política que, a lo largo de los años, y sin distinción de siglas, ha facilitado el auge de una industria que si bien es cierto que ha incrementado el PIB no lo ha hecho en la misma medida a la renta per cápita ni ha detenido la sangría de la despoblación. Clase política que, sin el menor atisbo de vergüenza, ha vendido y regalado trozos de nuestro territorio al mejor postor, tal y como hizo con el tren tradicional.
Mención aparte merece el último ejecutivo castellano-manchego, que al declarar el porcino como sector estratégico (Estrategia Regional para la aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020) y al financiar con hasta 100.000 euros las nuevas instalaciones, propiciaría un monstruoso crecimiento que ha permitido alcanzar la estadística de 20 cerdos por habitante, y que sigue aumentando al no haberse fijado un límite para este incremento. En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 1,7 millones de cabezas de porcino, según la Encuesta Ganadera 2021 del Ministerio de Agricultura.
Esta declaración de sector estratégico no sólo ha facilitado mediante ayudas la aparición de nuevas macrogranjas, sino también mediante una aplicación más que flexible de la normativa y una actitud de mirar para otro lado en los despachos de la Consejería de Desarrollo Sostenible ante presuntas irregularidades en los proyectos presentados.
Pero claro, se trata de una actividad a la que la ciencia en su conjunto, y de ello dio cuenta el científico del CSIC Fernando Valladares en una serie de conferencias en la Alcarria Conquense, califican como ambientalmente insostenibles y contaminantes ya que contribuyen en un 19 % al efecto invernadero ( http://www.fao.org/news/story/es/item/197623/icode ).
Y siendo tan contaminantes comenzaron a generar rechazo entre aquella parte de la población que sufría sus molestias. Rechazo que se fue extendiendo hasta generar un movimiento como Pueblos Vivos Cuenca, y que, tras multitud de movilizaciones, llevó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a dictar su tramposa moratoria mediante la Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha.
Tramposa, sí, porque dicha moratoria dice lo siguiente:
“Hasta el 31 de diciembre de 2024 no se admitirán solicitudes ni se concederán nuevas Autorizaciones Ambientales Integradas para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino. Tampoco se admitirán nuevas solicitudes de modificaciones de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) concedidas a instalaciones de explotaciones ganaderas de porcino, que supongan ampliación de capacidad.”
Y entonces la pregunta es: ¿Qué explotaciones requieren AAI?
Según el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Deberían pasarla entre otras, todas las instalaciones de más de 2.000 cerdos de cebo entre 30 y 110 kg.
Pero la Junta de Comunidades, en un ejercicio de cinismo extraordinario, y en lo que estamos convencidos que es un claro fraude de ley, hace un acto de prestidigitación interpretando la ley de la siguiente manera respecto a las instalaciones obligadas a AAI:
“Que dispongan de más de 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg, o más de 2.500 plazas de cerdos de cebo de más de 20 kg o que dispongan de más de 750 plazas para cerdas reproductoras.”
Resulta difícil de creer que una comunidad autónoma sea capaz de burlar una ley estatal de manera tan burda para favorecer los intereses de un sector que llevará a la ruina ambiental a su territorio.
Pero es encomiable el ejercicio de creatividad e imaginación en la redacción para conseguir que los lechones que entran en la macrogranja de transición con 20 kg engorden sin pasar jamás por los 30.
Resultado de este desaguisado está siendo una cascada de proyectos de macrogranjas de 2.496 cerdos (Portalrubio de Guadamejud, Huete, Mira, etc.), que, si los juntamos a los proyectos que se estaban tramitando, convierte la moratoria de Page en un juego de trilero.
Según la petición efectuada por el diario La Marea en febrero a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta contaba con 18 expedientes “pendientes de inicio” y 50 “en tramitación”. De ser aprobados todos los expedientes, el censo porcino podría verse incrementado en más de 250.000 animales.
A finales de 2024 acabará la moratoria que nunca lo fue y continuarán las instalaciones de ganadería industrial invadiendo nuestro territorio dejando su nauseabundo olor, su contaminación, su fractura social. Y todo para que unos cuantos espabilados puedan seguir haciéndose ricos.
