CCOO Castilla-La Mancha ha reunido en Toledo a 150 delegados y delegadas de las cinco provincias para el 16 Encuentro de Salud Laboral, un foro donde con la participación de expertos se han analizado cuestiones como la salud mental y los riesgos psicosociales, el reconocimiento de la salud laboral como un derecho, o la perspectiva de género en la seguridad y la salud en el trabajo.
El secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz, ha participado en el foro y ha hablado ante los medios de comunicación antes del inicio, acompañado de la secretaria regional de Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo, y el secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa, poniendo en valor la celebración de este encuentro.
«Nos parece fundamental una continuidad en la formación en materia de seguridad y salud laboral», ha dicho, para agregar que «la evolución de la siniestralidad laboral va mal, trabajamos en reconducirlo».
En los últimos tiempos se ha producido un «repunte muy intensificado de los accidentes laborales», con un aumento del 23 % del índice de incidencia de siniestralidad laboral, casi un 24 % en los accidentes mortales y un aumento de un 53 % en accidentes vinculados con elementos básicos de seguridad, es decir, atrapamientos, caídas en altura* «cuestiones que tienen que estar perfectamente identificadas en la evaluación de riesgos laborales».
Sanz ha vinculado esto con que «el valor que se da a la prevención ha disminuido de una manera sustancial, en lugar de aumentar la calidad de la prevención lo que se está haciendo es mercantilizarla».
En este sentido, se ha referido a la modificación de algunas normativas en el periodo de la anterior crisis, como el que en una empresa de 25 personas en plantilla el empresario pueda asumir directamente los aspectos relacionados con la prevención o con el aumento de las ratios de las y los técnicos de los servicios de prevención con respecto a las empresas que tiene que atender.
Sanz ha señalado la necesidad de fortalecer el valor de la prevención, no solo por parte de los sindicatos y de los trabajadores y trabajadoras sino por parte del empresariado y del Gobierno, que «debe tomar medidas ya» frente a la evolución de la siniestralidad laboral.
«Necesitamos una estrategia con políticas claras que sean más intensas desde el punto de vista del control de la prevención de riesgos laborales, también en un mayor reconocimiento de las enfermedades profesionales y una mayor presencia de las organizaciones sindicales en todos los centros de trabajo», ha argumentado.
Así ha destacado que las y los delegados de prevención son «una figura clave en las empresas», siendo los índices de siniestralidad laboral «mucho menores» donde hay sindicato.
CUESTIÓN PRIORITARIA
Por su parte, el secretario regional de CCOO ha señalado que hoy se aborda una cuestión prioritaria para la organización, cuando Castilla-La Mancha es la segunda región del país con mayor siniestralidad laboral y Guadalajara la provincia que tiene más accidentes: «Esto no es fruto de la fatal casualidad, sino de la ausencia de medidas preventivas en las empresas».
«A pesar de que tenemos una ley de Prevención que lleva décadas en vigor y de que sin duda hemos avanzado y mejorado mucho con la salud laboral queda un largo camino por recorrer», ha manifestado, para poner en valor el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026, con 111 medidas y en cuya elaboración CCOO ha participado «muy activamente».
Respecto, al encuentro ha dicho que el sindicato quiere profundizar en la salud laboral desde una perspectiva de género, «con una escalada brutal desde 2013 y un diferencial entre accidentes laborales que sufren hombres y mujeres». «Queremos hablar de algo preocupante y muy silenciado. Ser mujer y trabajar es un factor de riesgo».
«También queremos hablar de la salud mental que se ve deteriorada por el trabajo, no se denuncia, no se reclama, no se visibiliza; el acoso laboral, los riesgos psicosociales afectan a la salud de los trabajadores y trabajadoras», ha explicado De la Rosa, que se ha referido asimismo a la infradeclaración del cáncer de origen laboral como otro problema a atajar.
Por su parte, Raquel Payo ha destacado que el Encuentro regional de Salud Laboral «es fundamental» para el sindicato. «Ponemos una gota más para aumentar la cultura preventiva, para nosotros la formación, información y sensibilización de los delegados y delegadas de prevención es un pilar clave para paliar la siniestralidad de la región».
377 PROYECTOS
En la clausura del foro ha intervenido la consejera de Economía, Empresas y Empleo, quien ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a impulsar 377 proyectos de inversión, certificación e investigación en la mejora de la seguridad y la prevención de riesgos laborales en empresas de la región, a través de las ayudas del programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’, a las que va a destinar más de dos millones de euros.
La consejera ha remarcado la importancia del diálogo social como base de las políticas de crecimiento y desarrollo económico de la región, también en el trabajo de prevención de riesgos laborales y la lucha contra la siniestralidad laboral, cuyo compromiso conjunto está recogido en el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales que el presidente regional, Emiliano García-Page, y los agentes sociales suscribieron el pasado mes de abril, y que eleva su presupuesto en un 50 por ciento con respecto al plan anterior, para llegar a 40 millones de euros en el horizonte temporal 2022-2026.
A este respecto, la consejera ha destacado que, como novedad, este año la línea incluye también apoyo a proyectos de certificación y de investigación simplificando la carga administrativa, y ha valorado que en la convocatoria hay tres proyectos dirigidos a la investigación.
Asimismo, ha destacado que el objetivo debe ser la siniestralidad cero, y ha señalado que la inversión del Ejecutivo autonómico en ayudas destinadas al impulso y divulgación de la cultura preventiva se han multiplicado por más de seis desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page, pasando de los 468.000 euros que se convocaron en el año 2015 a los más de tres millones de euros de este año.
