Efectivos del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación “BERTO”, han detenido a cinco personas, integrantes de un grupo criminal dedicado a la distribución de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción facultativa, para animales productores de alimentos, al margen de cualquier criterio clínico y de sanidad animal.
Además, han resultado investigadas otras 19 personas, cuya actuación habría facilitado la comisión de los hechos investigados, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, falsedad documental e intrusismo.
Los detenidos, con edades comprendidas entre los 36 y 64 años de edad y vecinos de Albacete, actuaban desde esta capital y contaban con la colaboración del resto de personas investigadas, profesionales que trabajaban en varias localidades de la provincia albaceteña, así como en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia y Alicante.
Investigaciones
Las investigaciones comenzaron cuando el SEPRONA tuvo conocimiento, a través del Servicio de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Delegación Provincial de Sanidad en Albacete, de que se había detectado un importante número de prescripciones sospechosas, de un mismo veterinario, relacionado con una empresa dedicada a la venta de productos veterinarios.
Las sospechas estaban fundamentadas en el elevado número de recetas firmadas por este veterinario, así como la coincidencia en las fechas de prescripción y el volumen de sus destinatarios, ya que figuraban más de 400 de distintas provincias.
Durante la investigación se detectó que la empresa investigada, además de las instalaciones donde tenía ubicada su sede social, utilizaba una nave industrial que no estaba controlada por ninguna de las administraciones competentes en la materia (ganadería y sanidad), donde realizaban el almacenamiento de los productos que posteriormente distribuían.
Modus operandi
El registro de la sede social y la nave utilizada por esta empresa permitió el acceso a documentación de cuyo análisis se obtuvieron datos esenciales para establecer el modus operandi.
La empresa investigada habría estado dispensando medicamentos veterinarios, sujetos a prescripción facultativa, para animales productores de alimentos, muchos de ellos antibióticos, al margen de cualquier criterio clínico, de sanidad animal y sin responder a un uso racional de este tipo de medicamentos.
Los propios comerciales de la empresa disponían, entre su documentación de trabajo, de información exacta sobre medicamentos veterinarios y antibióticos, con anotaciones sobre dosificación, principios activos, priorización de tratamiento, tiempos de espera para carne, leche y huevos, etc., datos necesarios para la prescripción veterinaria.
Este modus operandi se completaba con la actuación del veterinario detenido, cuya función era firmar todas las recetas que se le presentaban y que provenían de tratamientos aplicados al margen del conocimiento de los veterinarios responsables de las explotaciones, o bien de tratamientos que se negaban a prescribir algunos veterinarios, cuando se los solicitaban. Este facultativo recibía una remuneración por estos servicios que procedía del pago por receta realizada y descuentos en la adquisición de productos de la empresa investigada.
Además, se detectó que, en algunas ocasiones a petición de los propietarios de los animales, la empresa obviaba la preceptiva actuación veterinaria, convirtiendo de facto a los trabajadores de esta empresa en los verdaderos prescriptores de los medicamentos, que eran validados posteriormente por los veterinarios encargados de las explotaciones; por lo que los implicados en estos hechos también han sido investigados en esta operación.
El proceso se completaba con la colaboración de dos de los farmacéuticos garantes de la correcta dispensación de este tipo de medicamentos veterinarios, omitiendo las funciones de control que legalmente tienen asignadas, dificultando con ello de manera evidente la labor inspectora y de control de las diversas administraciones competentes en la materia.
El proceso tendría un fin puramente económico, pues no solo se obtendrían los beneficios propios de los márgenes comerciales de las ventas de medicamentos ordinarios, sino que permitirían a esta empresa, cumplir determinados objetivos y rapeles de venta establecidos contractualmente con diversos laboratorios farmacéuticos, y con ello acceder a las bonificaciones pactadas.
Red de clientes en 13 provincias
El análisis de toda la documentación analizada permitió establecer que la actividad de esta empresa veterinaria se extendía por 13 provincias, llegando incluso a localidades de Barcelona, Badajoz o Navarra, aunque el grueso de la misma se centraba en localidades de esta provincia y de las limítrofes como Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia, Alicante y Valencia.
Entre estos no solo se encontraban explotaciones ganaderas, sino que también había particulares, clínicas veterinarias, farmacias, tiendas de productos zoosanitarios y otras comerciales del sector.
Las consecuencias del uso irresponsable de estos medicamentos han conllevado la aceleración en la aparición de mecanismos de trasferencia entre bacterias, que da lugar a bacterias multirresistentes o superbacterias inmunes a casi todos los fármacos y frente a las que se dispone de pocas alternativas terapéuticas.
La problemática antes expuesta motivó la elaboración de estrategias de lucha contra las resistencia antimicrobianas por parte de Organismos internacionales como la FAO, la OMS y la OIE, además de planes estratégicos de lucha en los que intervienen tanto por la Unión Europea, como por el Gobierno de España y la Comunidades Autónomas, a través de las diversas operaciones, como “PANGEA” o de Planes específicos como el “Programa de Control de Medicamentos Veterinarios” del que derivaban las primeras actuaciones del Servicio de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria en Albacete, donde ya se incidía de forma clara en que la dispensación irregular de medicamentos veterinarios suponía un grave problema de Salud Pública.
Todos estos Organismos e Instituciones inciden de forma imperativa en que las cantidades de medicamentos prescritos se deben limitar al mínimo necesario, y deben ser consecuencia de la aplicación de rigurosos protocolos facultativos controlados por veterinarios.
