Se acaban las vacaciones y poco a poco todos volvemos a nuestras rutinas. El curso político arranca también y será en el tablero económico y social donde se juegue la partida que decidirá en gran medida las elecciones que vendrán en 2023. Este verano hemos vivido un rebote económico propio de la reapertura de la economía y el impulso del turismo nacional, pero para que regresemos a niveles previos a la pandemia tendremos que esperar a finales de 2022 o principios de 2023, si muchas de las incertidumbres y riesgos que tenemos no nos lo impiden. Entiendo la ansiedad que desde ciertos ámbitos políticos impulsa a los dirigentes a ejercitar la propaganda y vender una recuperación que todavía no es tal, por lo que ante todo, prudencia y analicemos detenidamente qué tenemos por delante.
En nuestro mercado laboral, con el doble de desempleo que la media europea, será en octubre cuando comprobemos la medida real del daño que ha sufrido nuestra economía. Cada persona que sale del paro es un motivo de alegría, pero que el efecto base de hacer comparaciones con agosto de 2020 no nos impida analizar la realidad. Seguimos por encima de niveles prepandemia, con 3.300.000 parados y 272.000 trabajadores en ERTE, que a estas alturas van a tener muy difícil volver a sus puestos de trabajo. Si comparamos con agosto de 2019 cuando teníamos 3.065.000 parados la diferencia es de casi 500.000 personas. A nivel de afiliación, hemos perdido en agosto 118.000 afiliados y 7.300 autónomos con respecto al mes anterior, el último día del mes se destruyeron más de 294.000 empleos, y sólo un 8% de los contratos fueron indefinidos.
El efecto rebote se acaba, la economía necesita confianza y precisamente falta mucho de ésta y sobra incertidumbre y mucha “performance gubernamental”. Los españoles siguen desconfiando del futuro, por eso en Julio se alcanzó el récord de ahorro de las familias de los últimos 10 años, 1.191 millones de euros. Imaginen su efecto si se movilizaran e impulsaran el consumo.
Los turistas extranjeros gastaron en los primeros siete meses de 2019 más de 52.000 millones de euros en nuestro país, en el mismo periodo de este año seguimos un 80% por debajo de esa cifra con la pérdida de ingresos y divisas que supone. Basta dar una vuelta por nuestras calles para observar la crisis de nuestro comercio, pero si lo quieren traducido a datos, las ventas en julio del comercio minorista sólo fueron un 0,1% superiores al mes anterior y lo que es más grave, un -0,1% que en julio del año pasado.
Las ventas de automóviles siguen cayendo, un 29% menos que agosto de 2020. Es muy preocupante que agosto sea el segundo mes consecutivo que se registran menos matriculaciones que en 2020 y que ningún canal de venta logre superar las cifras del año pasado. El coste de la luz sigue disparado, con los mercados de futuros marcando que será la tónica hasta final de año y con una incapacidad manifiesta del Gobierno para tomar decisiones, cuando penaliza directamente a las familias y sobre todo a la competitividad de nuestras empresas. Pregunten en nuestros polígonos industriales o nuestros comercios. El coste de la luz además ha sido un acicate para impulsar la inflación, que ya ha llegado a la cesta de la compra, a las materias primas, y por extensión a las tarifas de proveedores de nuestras empresas.
Por eso, no parece lo más prudente en este momento incrementar el SMI tal y como ha señalado Lorenzo Amor, que no representa precisamente a multinacionales. Encarecerá los costes laborales de las empresas de manera directa, lo que desde luego no incrementará la creación de empleo. Ya lo advirtió el Banco de España en su informe sobre la subida del SMI en 2019, terminó perjudicando a los más vulnerables y evitó la creación de 175.000 puestos de trabajo.
Septiembre nos traerá la tramitación de la primera fase de la reforma de las pensiones, que el Gobierno ha dividido en dos partes y media. La primera incorpora el IPC, unos retoques en el acercamiento de la jubilación legal a la laboral, penalizan en parte prejubilaciones y añaden incentivos al alargamiento de la edad de jubilación y la jubilación activa.
Por compromiso con los sindicatos y Podemos, derogan el factor de sostenibilidad. Europa no permite derogarlo tal cual, y quiere que le garanticen que el sistema de pensiones español es sostenible en el medio y largo plazo. No porque peligre el sistema de pensiones, sino porque tal y como va, peligre la estabilidad de las finanzas públicas. Para sustituir esa garantía que era el factor de sostenibilidad, Europa exige una alternativa, y la han dejado en el aire, aplazada hasta final de año. La reforma tenía que haberse presentado completa y con las cuentas encima de la mesa. Transparencia se llama señores.
Viviremos la negociación de la reforma laboral, la renegociación de las prórrogas de los ERTES, la tramitación de los presupuestos generales del Estado y la subasta de votos para conformar una mayoría que los apruebe, mientras nuestras cuentas públicas padecen un fuerte desequilibrio estructural y no parece que la fuerte subida de impuestos con la que amenaza el Gobierno pueda hacer nada bueno por nuestra economía, que tiene mucho menos dinamismo que las de nuestro entorno.
Todo lo fiamos a la ejecución de los fondos europeos y al impulso que puedan dar sobre el PIB, sobre el empleo y sobre la recaudación. A día de hoy, sabemos que se ha ralentizado su ejecución (ha pasado más de la mitad del año y estamos al 5% de lo presupuestado) con situaciones esperpénticas como que se utilice 1 millón de euros para pagar estancias en el extranjero a escritores, que no parece lo más eficiente para incrementar nuestro potencial de crecimiento y la creación de empleo estable tal y como pide Europa.
Es el momento de sentar las bases de una recuperación duradera, que se realicen las reformas estructurales que siguen pendientes, se tomen decisiones sobre los problemas presentes como el recibo de la luz y se piense en la política fiscal no como una máquina meramente recaudatoria para financiar políticas ideológicas, sino como lo que es, una potente herramienta de política económica capaz de mejorar la competitividad de nuestra economía y permitir que el Estado tenga recursos suficientes por el incremento de las bases imponibles consecuencia de una mayor actividad y más cotizaciones fruto de un mayor empleo; y eso a día de hoy sólo el Partido Popular puede garantizarlo.
