Casi 50.000 ciudadanos de Castilla-La Mancha, de los que 23.370 son menores de 16 años, se han beneficiado hasta el mes de octubre del Plan contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno regional en 2016, ha informado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
Sánchez ha detallado estos datos en la rueda de prensa previa a su comparecencia a petición propia en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes regionales para informar sobre la Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social, donde ha estado acompañada de representantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).
La consejera ha expuesto que la Estrategia, que ya presentó en el pleno del Parlamento autonómico coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y de la que informó al Consejo de Gobierno en el mes de octubre, cuenta con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros para el periodo 2017-2020.
Ha destacado que es “la primera de estas características que desarrolla una comunidad autónoma”, con el objetivo de “servir de herramienta para invertir la tendencia al alza de la pobreza en los últimos seis años” en la región.
Sánchez ha explicado que este programa es fruto del compromiso que el presidente regional, Emiliano García-Page, contrajo con la EAPN en el Consejo de Gobierno Abierto, celebrado el 16 de febrero, de 2016 para combatir las cifras de la pobreza y desigualdad social de la Comunidad.
Según el último estudio del indicador AROPE, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha se sitúa en el 37,9 por ciento, casi diez puntos de diferencia con la media nacional, que alcanza al 27,9 por ciento de la población.
LA ESTRATEGIA EN TRES EJES
La consejera ha explicado que la Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social se divide en tres ejes: medidas paliativas, medidas preventivas y medidas encaminadas a la sostenibilidad del sistema social.
El primer eje engloba las medidas paliativas, de “choque”, que se contemplan en el Plan de Garantías Ciudadanas, entre ellas, la mejora del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), la puesta en marcha de planes de empleo específicos, el incremento de las becas de comedores y la continuidad del Plan contra la Pobreza Energética.
Sobre esta última medida, Sánchez ha adelantado que el proyecto de presupuestos del Gobierno de Castilla-La Mancha para el próximo año 2018 recoge una partida destinada a pagar las ayudas que contempla el Plan contra la Pobreza Energética, destinado a “ayudar a las personas que se encuentran en una situación de pobreza severa y no pueden hacer frente al coste del suministro energético”, desarrollado junto a Cruz Roja Española.
RESULTADOS TANGIBLES
En 2017, en los diez primeros meses del año, se han comunicado 5.184 ayudas económicas, se han paralizado 417 cortes de suministro y se han efectuado 46 reposiciones de servicio, ha detallado. Y desde su puesta en marcha en 2016, se han concedido 13.676 ayudas, se han realizado 766 paralizaciones de corte de suministro y se han realizado 106 reposiciones de servicio. En total, se han beneficiado del Plan un total de 49.780 ciudadanos de Castilla-La Mancha, de los que 23.370 son menores de 16 años.
Respecto al segundo eje, Sánchez ha explicado que ya se han puesto en marcha medidas preventivas como el desarrollo por primera vez de 40 equipos de inclusión social formados por 74 profesionales dedicados a acompañar a las personas que atraviesan dificultades económicas y sociales para que puedan salir de esa situación. También se ha referido al programa ‘Aprender juntos, crecer en familia’ dirigido a prevenir la pobreza infantil.
Por último, la consejera ha explicado que el tercer eje incluye medidas para lograr la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema social, entre otras, la agilización y simplificación de trámites de las prestaciones sociales, la formación de profesionales implicados y la coordinación institucional e investigación.
LOS OBJETIVOS
En total, ha señalado, son 58 medidas con varios objetivos, el primero de ellos reducir a valores de 2011 los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión, pasando del 37,9 por ciento actual a menos del 35 por ciento.
También busca reducir por debajo de la media nacional los indicadores de pobreza severa, que se encuentran en el 7,6 por ciento en Castilla-La Mancha y en el cinco por ciento en el conjunto de España, así como rebajar del 18,8 por ciento a menos del 15 por ciento la tasa de personas menores de 60 años que sufre una baja intensidad en el empleo.
Junto a la consejera, han participado en la rueda de prensa el presidente de la EAPN en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés; el vicepresidente de la Red, Jesús Rodríguez; el secretario, Carlos Susías, y el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara.
