La mujer, identificada como L.C.E.A, acusada de un delito de tráfico de drogas cometido en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo en febrero de 2013, ha incidido este miércoles en su inocencia y ha lamentado el «daño moral muy grande» que ha supuesto para ella esta acusación. «Ha sido peor que quedarme en esta silla de ruedas», ha afirmado.
En su último turno de palabra, antes de que el juicio quedase visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo, ha asegurado que, de no ser inocente, habría aceptado el acuerdo que le ofreció la Fiscalía, algo que no hizo «porque sería injusto». Así, ha lamentado la «vergüenza» que ha pasado, también en su relación con el hospital, al que iba invitada por la psicóloga y la psiquiatra a las terapias.
Además, y defendiendo la tesis de su defensa de que el hecho de negarse a mantener relaciones sexuales con el interno al que supuestamente iba a entregarle la droga se encuentre detrás de estos hechos, ha asegurado que «él puede estar satisfecho» porque el «daño moral» que le ha causado ha sido grande, jurando a continuación que «jamás» ha ido a Parapléjicos a llevar droga.
El Fiscal pide para L.C.E.A. un total de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 1.232 euros, al igual que para el otro acusado –un hombre identificado como H.A.L.G.–, al que no se ha podido juzgar por encontrarse en paradero desconocido, al igual que sucede con el supuesto comprador e interno del centro, A.B.E., en el momento de ocurrir los hechos.
HACÍA DE «FACILITADORA»
Tanto el Ministerio Público como la defensa de L.C.E.A han elevado a definitivas sus conclusiones durante la vista. El Fiscal ha pedido una sentencia condenatoria al considerar que ha quedado «perfectamente acreditado» que la sustancia intervenida en el vehículo en el que llegaron los dos acusados al hospital de Parapléjicos estaba «preordenada al tráfico».
Además, ha apuntado que aunque la acusada «niega los hechos» y carga cualquier responsabilidad en el otro acusado, «lo cierto» es que el supuesto comprador «les esperaba en la puerta» del centro y se dirigió directamente a ellos, según la versión ofrecida por la policía, luego «decae», a su juicio, la versión aportada por la acusada.
En opinión de la fiscal, la acusada «hacía la labor facilitadora entre vendedor y comprador» al ser ella la que frecuentaba el hospital como paciente –sufre una lesión medular que la obliga a ir en silla de ruedas–, rechazando el «motivo sentimental» que esgrime la defensa.
«TODO FUE UNA ENCERRONA»
De su lado, la abogada defensora de L.C.E.A. ha pedido una sentencia absolutoria para su representada, considerado que fue el interno del centro –que «malinterpretó» la relación de amistad que tenía con la acusada– la que hizo que, «dolido en su honor al no querer ella algo más» con él, hizo que organizase «la actuación» que iba a llevar a cabo y que culminaría en la denuncia posterior.
Según la letrada, este interno dijo en su primera declaración que él llamó a H.A.L.G. y no a la acusada, que ese día tenía que ir a terapia para el dolor en el hospital, donde también ayuda a otros amigos e internos «que mentalmente están pasándolo mal». Además, ha recordado que el interno dijo que iba a comprar droga «pero no llevaba dinero», por lo que queda claro que todo fue «una encerrona para inculpar» a su defendida con un «ánimo espurio».
Además, ha añadido que «ninguna persona de Parapléjicos» ha dicho «nada en contra» de su patrocinada, por lo que no puede ser que la Fiscalía «cargue» con cuatro años de prisión a la acusada «por la simple denuncia presentada por un drogodependiente», que es la «única declaración en contra» que hay contra L.C.E.A., una persona que «vive con total y absoluta austeridad» y cuyo perfil vital «no se ajusta a una persona que trafica con droga».
De otro lado, y en el supuesto de que la acusada sea condenada, ha pedido que se consideren las «dilaciones indebidas» que ha habido en el procedimiento, teniendo en cuenta que la causa «no tiene trascendencia» y que «no se está juzgando una red de narcotraficantes». Asimismo, ha considerado «absolutamente desproporcionada» la pena solicitada por la Fiscalía y ha destacado que la cadena de custodia de la droga no ha quedado acreditada.
DIECISIETE ENVOLTORIOS DE COCAÍNA
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 26 de febrero de 2013 cuando los dos acusados, una vez reunidos con un interno de Parapléjicos en la puerta principal, fueron sorprendidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que acudieron al lugar en virtud de un aviso previamente recibido desde el propio centro, pudiendo comprobar cómo los acusados portaban oculta bajo el capó del vehículo un total de 17 envoltorios de plástico que contenían cocaína, en concreto un total de 9,01 gramos con una riqueza media en cocaína base del 25,8 por ciento.
Además, los agentes ocuparon un envoltorio de las mismas características que los anteriores, debajo del asiento del conductor, que tras su análisis resultó ser cocaína, en concreto un total de 1,45 gramos con una riqueza media expresada en cocaína base del 17,1 por ciento.
L.C.E.A. señaló en la vista que nunca se puso en contacto con alguno de los demás internos para ofrecerles sustancias estupefacientes, mientras que el jefe del operativo policial agregó que H.A.L.G, conocido con el apodo de ‘El Viejo’, era «famoso» en Toledo por la «cantidad de droga que vendía» y fue detenido en muchas ocasiones, hasta que «de tanto detenerle» abandonó la ciudad.
