La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato representativo en las administraciones pĂșblicas, reclama al Gobierno celeridad y soluciones urgentes para resolver los casos de desatenciĂłn sanitaria que estĂĄn sufriendo los empleados pĂșblicos por parte de las aseguradoras debido a la crisis de Muface.
En una reuniĂłn con delegados de CSIF Castilla-La Mancha llevada a cabo en Toledo, el presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, ha hecho hincapiĂ© en la denegaciĂłn de pruebas, citas e intervenciones quirĂșrgicas que estĂĄn sufriendo los mutualistas, ademĂĄs de la incertidumbre generada sobre el futuro del mutualismo administrativo.
Esta situaciĂłn afecta a mĂĄs de un millĂłn y medio de funcionarios y sus familias. En Castilla-La Mancha hay 50.405 mutualistas que reciben su asistencia sanitaria a travĂ©s de aseguradoras y que continĂșan sin saber quĂ© va a suceder. CSIF estĂĄ asesorando a las personas afectadas por esta situaciĂłn y tambiĂ©n ha decidido poner en conocimiento de la FiscalĂa General del Estado estas situaciones de desatenciĂłn, ante las responsabilidades que pudieran derivarse.
Tras las movilizaciones llevadas a cabo en noviembre y diciembre frente a todas las subdelegaciones del Gobierno y la gran manifestaciĂłn que reuniĂł a mĂĄs de 50.000 personas en Madrid el 14 de diciembre, CSIF mantiene la huelga del prĂłximo 13 de febrero al que estĂĄ convocado el personal docente (tanto universitario como no universitario), trabajadores de la AdministraciĂłn General del Estado y el personal funcionario de Correos.
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha señalado que âtodavĂa no sabemos cuĂĄndo se va a reabrir el plazo para la presentaciĂłn de licitaciones y tampoco conocemos las condiciones econĂłmicas, lo que estĂĄ claro es que el 31 de marzo finaliza la asistencia sanitaria para estos 50.000 mutualistas que hay en Castilla-La Mancha y seguimos recibiendo cientos y cientos de quejas por falta de asistencia, por denegaciĂłn de pruebas o por retraso de las mismas. Y estamos hablando de la asistencia sanitaria de nuestra PolicĂa Nacional, de nuestros funcionarios docentes, de profesorado de universidad, de los funcionarios de los ministerios y de la AdministraciĂłn General del Estado y sobre todo tambiĂ©n estamos hablando de miles y miles de jubiladosâ.
A pesar del mensaje de tranquilidad que se lanza desde el Gobierno, CSIF reclama certezas. La gestiĂłn de esta crisis ha sido negligente; el Ejecutivo podrĂa haber resuelto el concierto sanitario en octubre del pasado año y no llegar a la actual situaciĂłn lĂmite.
Asimismo, CSIF censura que este modelo haya sido seriamente cuestionado de manera interesada desde el propio Gobierno, creando un debate pĂșblico innecesario cuando Muface ha demostrado su eficacia descongestionando los servicios de salud y su eficiencia suponiendo un menor gasto pĂșblico. De hecho, son los propios mutualistas los que financian el concierto sanitario al sustraerse mensualmente de sus nĂłminas una cantidad que varĂa dependiendo de su categorĂa.
Por Ășltimo, Borra, que ha lamentado la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025, tambiĂ©n ha incidido en la necesidad de alcanzar un nuevo acuerdo salarial tras la pĂ©rdida de un 5,8 por ciento de poder adquisitivo desde la firma del anterior acuerdo en 2022, y mĂĄs de un 20 por ciento desde los recortes de 2010; una oferta de empleo pĂșblico para este año y hacer balance de los procesos de estabilizaciĂłn en las administraciones pĂșblicas.
