La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha pronunciado este jueves sobre el caso de una familia de Sigüenza (Guadalajara) que ha sido obligada por decisión judicial a entregar a una menor de 4 años huérfana de madre a su padre denunciado por maltrato, asegurando que existe «una desconexión profunda y grave entre jurisdicciones».
En su opinión, la ley integral contra la violencia de género es «clara» en cuanto a la necesidad de que «se espere una sentencia penal firme antes de dilucidar la patria potestad y la custodia».
«En ese caso, el interés superior del menor está en no convivir con el maltratador, en no convivir con la persona que ha agredido a la madre o incluso al menor», ha añadido.
JUANA RIVAS
De igual modo, la titular de Igualdad ha cuestionado la decisión judicial que emplaza a Juana Rivas a entregar el próximo martes a su hijo menor, del que tiene la custodia su padre, para su traslado a Italia y ha advertido de una «desconexión profunda y grave» entre la jurisdicción penal y la civil.
«Respeto al poder judicial y su independencia, pero hay decisiones incomprensibles y creo que no son decisiones que se estén tomando desde la legalidad».
Redondo ha reconocido que se trata de una «situación muy compleja», pero ha precisado que «el interés del menor nunca va a estar en convivir con un maltratador» y aunque ha reconocido que en el proceso están involucrados tribunales de dos países, ha recordado que ambos son miembros de la Unión Europea.
En este sentido ha cuestionado como en Italia «se ha agilizado enormemente todo el proceso de familia y civil para la patria potestad y la custodia y, sin embargo, se ha ralentizado el proceso penal por maltrato al que está sometido el padre biológico de este niño». Por ello, ha insistido en que no comprender «la decisión judicial tanto de la jurisdicción italiana como de la española».
