Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha anunciado que acudirá a los tribunales de justicia si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no cumple con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 1/2025, que obliga al Gobierno a poner en marcha una ayuda excepcional para los sectores del olivar y el viñedo.
La disposición legal fue promovida directamente por Unión de Uniones, que presentó la propuesta en el Congreso de los Diputados durante la tramitación parlamentaria de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La medida fue respaldada por varios grupos parlamentarios y aprobada con rango de ley, estableciendo un plazo de dos meses para que el Gobierno activara esta ayuda directa a explotaciones agrarias especialmente afectadas por la sequía y el alza de los costes derivados del conflicto en Ucrania.
El plazo previsto venció el día 2 de junio sin que el Gobierno haya puesto en marcha la ayuda, pese a que la organización solicitó por carta ya el 7 de abril una reunión con el Ministerio para abordar la aplicación de la ayuda. Ante la ausencia de respuesta, este 8 de julio, Unión de Uniones presentó un requerimiento formal del cumplimiento de la Ley, y solo unas horas después el Ministerio contestó con una negativa, alegando la falta de partida presupuestaria al estar funcionando en el presente ejercicio con los presupuestos prorrogados desde el 2023.
Unión de Uniones ha presentado ya un recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, y anuncia que recurrirá a la vía judicial si no se revoca esta decisión y se cumple la ley.
“La ayuda no es un anuncio político, es una obligación legal que el Parlamento aprobó a propuesta de esta organización”, han recordado. “Es inaceptable que el Ministerio utilice excusas presupuestarias cuando el Gobierno en 2024 tramitó modificaciones al alza del presupuesto por más de 53.000 millones de euros y este año, al mes de mayo, ya iba por los casi 23.000”.
La organización recuerda que la disposición incorporaba un fondo de 370 millones de euros, definía los beneficiarios —explotaciones prioritarias y agricultores a título principal con cultivos de olivar y viñedo en secano o en regadío deficitario—, y establecía un procedimiento ágil de concesión directa.
“Esto no es ya una reivindicación sectorial: lo que estamos exigiendo es el cumplimiento de una ley. El Gobierno no puede decidir si una ley que le obliga la aplica o no, mientras se pone absolutamente intransigente con todas las que aplica a los agricultores y ganaderos. Si no cumple, será la justicia quien lo haga cumplir”, concluye la organización.
