El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este jueves una revisión de la gestión de las confederaciones hidrográficas con una posible auditoría y adelantando «acciones judiciales en algunos casos» por parte del Gobierno regional.
Durante el acto de la mesa Regional del Agua que ha tenido lugar en Toledo, el presidente regional también ha demandando un aumento del 30 % la capacidad de desalación del Levante, que se cumplan las reglas de explotación del trasvase del Tajo y se examinen los recortes de regadíos en la Comunidad Autónoma.
Asimismo, ha avanzado que en otoño, su Gobierno quiere constituir el Consejo Regional del Agua, un organismo que le aporte «formalidad al diálogo y a la unidad», así como una «versión institucional» a la postura autonómica en materia hídrica».
A juicio del presidente regional, este órgano, con «rango consultivo», sería «la constatación de que hemos cuajado un acuerdo que termina creando una institución, que es la mejor manera de que los acuerdos sigan adelante gobierne quien gobierne».
García-Page ha demandando «el cumplimiento estricto de la modificación de las reglas de explotación de los trasvases» y ha criticado que se «ha estado mareando la perdiz» al respecto.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha llamado a «defender las materias primas» de Castilla-La Mancha, y en concreto «la materia vital» que es el agua, comenzando por la aplicación de las sentencias judiciales -cinco de ellas dictadas por el Tribunal Supremo- para cumplir las reglas de explotación del trasvase que lleva unos 14.723 hectómetros cúbicos de agua cedidos desde octubre de 1980 a mayo de 2024.
El presidente castellanomanchego ha clamado, de cara a reducir el impacto del trasvase, que se amplíe la capacidad de desalinización de la costa levantina, asegurando que esto «no requeriría ni un euro de inversión ni hacer nuevas estructuras» porque las instalaciones actuales se encuentran «sólo a una tercera parte de su capacidad».
«La desalación es la solución para buena parte del mundo y una parte importante de España», ha sostenido García-Page, quien ha argumentado que «los que ponen palos en las ruedas» para incrementar este proceso «lo hacen por un interés económico, porque es mucho mejor un agua casi regalada que un agua que haya que pagar» por su desalación.
En este aspecto, el presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que siempre ha «ofrecido acuerdo para ayudar a todos los que dependan del agua lo hagan con precios favorecidos por el Estado», y ha exigido ampliar la capacidad desalinizadora para triplicarla de cara al 2027 apuntalando que sería una medida «de sentido común y que terminaría por satisfacer todas las demandas».
REGADÍOS
Por otro lado, García-Page se ha mostrado preocupado por los recortes de regadíos que afectan a la región, «concretamente en el Júcar o el Guadiana», afirmando que se han realizado «sin consultar».
El presidente regional ha reflexionado sobre la gestión interna de las Confederaciones Hidrográficas y ha asegurado que su modelo actual «no contenta a nadie en España, ni a Ayuntamientos de un tipo ni de otro, ni a organizaciones de regantes».
«Es incomprensible que se esté contratando a gente para sancionar y no se contrate a nadie para acelerar las peticiones de los ciudadanos y los regantes que se eternizan hasta diez años», ha explicado, tildando su actual rendimiento como «negligencia en la gestión», advirtiendo que este tipo de negligencia «está tipificada legalmente».
En este aspecto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que van a «urgir» para que la Administración «no actúe sólo como policía y sea diligente en las soluciones» frente a la «absoluta dejación de funciones y negligencias en la gestión del agua» actual y ha adelantado que «a la vuelta del verano» su Gobierno empezará a preparar decisiones que pueden alcanzar a responsabilidades no sólo políticas sino también «jurídicas» para paliar el funcionamiento de «administraciones cerradas en sí mismas y endogámicas».
Para ello, García-Page ha avisado que «en algunos casos tomarán acciones judiciales» para mejorar el desempeño de las Confederaciones Hidrográficas, con la posibilidad de presentar también una auditoría sobre el funcionamiento interno y la contratación de personal en estas instituciones.
«No se puede tener años y años a la gente esperando a que se les de solución para un pozo o para una explotación mientras en este tiempo se les están poniendo multas», ha concretado el presidente regional, quien no ha querido señalar a ningún responsable concreto.
«El rendimiento de cuentas en la gestión y en la diligencia o no de expedientes es exigible a todos», ha concluido García-Page.
El presidente autonómico ha estado acompañado en esta sexta edición de la Mesa Regional del Agua de Castilla-La Mancha por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, entre otras autoridades y representantes de la sociedad castellanomanchega.
