El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado mantener el bloqueo de casi 300 cuentas vinculadas a la presunta trama de hidrocarburos en la que figuran como investigados el empresario investigado Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, en el marco de una pieza separada de medidas cautelares de la causa abierta por un presunto fraude de IVA de carburantes.
Asimismo, el juez ha decidido dejar vigente el embargo de unos 70 inmuebles vinculados al denominado ‘caso hidrocarburos’ en localidades como Albacete, Cáceres, Málaga, Madrid y Cádiz. En la lista consta además una estación de servicio en Huesca.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha adoptado esta decisión después de que el pasado octubre recibiera un informe en el que la Guardia Civil proponía varias diligencias: desde el bloqueo de productos bancarios hasta los embargos preventivos.
En aquel atestado, la Benemérita informaba de «la existencia de una especializada organización criminal que, tras lograr para Villafuel SL la autorización de operador mayorista en el mercado de los hidrocarburos y a través de una estructura de empresas suministradoras instrumentales, ha cometido presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Publica y blanqueo de capitales».
Según los agentes, Villafuel habría estado «simulando» transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad lo transmitía a sus clientes finales, «consiguiendo con dicho comportamiento defraudatorio, no ingresar las cuotas de IVA correspondientes», ascendiendo por el momento hasta los 231 millones de euros.
INDICIOS SUFICIENTES PARA ACORDAR MEDIDAS CAUTELARES
Así las cosas, el juez acordó el pasado octubre «el bloqueo urgente y embargo preventivo y/o prohibición de disponer de saldos y productos que estén en posesión de las personas físicas y jurídicas» investigadas, así como el «bloqueo de todas las cuentas y activos» en las que participen.
En aquella ocasión, Pedraz requirió también a una veintena de bancos que aportasen «toda la información» y efectuasen «las acciones requeridas» con respecto a una serie de productos que vinculaba a las personas y empresas investigadas.
El instructor defendió que no podía tacharse «de precipitada o de prematura la adopción de medidas cautelares» en ese momento porque «la propia ley procesal dispone» que este tipo de medidas se deben adoptar cuando haya «indicios de criminalidad contra una persona».
Según apuntó, entonces ya se habían practicado las diligencias suficientes «como para atribuir a los imputados la comisión de concretos hechos con apariencia delictiva, y de los que, sin duda, se derivaría una determinada responsabilidad civil».
