El Índice de Progreso Social de la Comisión Europea o EU Social Progress Index (EU-SPI) es un indicador que analiza el desarrollo social y la calidad de vida a nivel regional yendo más allá del Producto Interior Bruto. Existe un interés especial en la UE por incorporar métricas alternativas al PIB que ofrezcan una visión integral del progreso y bienestar ordenando, en este sentido, las regiones europeas.
Este índice se articula como una herramienta interesante, complementaria de los indicadores económicos tradicionales al capturar en su información un amplio rango de factores sociales que contribuyen a evaluar de forma general el nivel de bienestar de la población. Se articula como un mecanismo que permite una comparación entre las regiones de la UE a partir de la consideración de un amplio marco de criterios que ayudan a los políticos y ciudadanos a la hora de valorar los puntos fuertes y débiles no solo desde una perspectiva estrictamente económica sino también desde una perspectiva social y medio ambiental.
Gran parte de estos aspectos están en el centro de la inversión financiada con las políticas de Cohesión de la UE, tanto en lo que se refiere a las políticas de provisión de servicios públicos básicos (salud, educación, agua y saneamientos), eficiencia energética, educación y competencias laborales, o contaminación. El Índice mide el progreso social en las regiones europeas, a nivel NUTS2, con 53 indicadores agrupados en 12 subpilares y ofrece una fotografía de tres dimensiones: necesidades básicas, bases del bienestar y oportunidades futuras.
En el análisis de la UE se pone de manifiesto la alta correlación entre PIB per cápita y progreso social por lo que el papel de los recursos económicos regionales es determinante del progreso social de ahí la importancia para Castilla-La Mancha de una justa financiación territorial. Sin embargo, la correlación se debilita a medida que crece la riqueza, sugiriendo que altos niveles de renta, por si solos, no son garantía de progreso social comunitario en la misma proporción.
Los datos de este índice en 2024 confirman que el progreso social varia de forma importante entre las regiones de la UE, con los países nórdicos comportándose mejor que los países del este y sur de Europa. A nivel europeo, aproximadamente el 60 % de la población habita en regiones que superan el progreso social medio, según el índice. Pero este nivel cae al 50 % si nos fijamos exclusivamente en la dimensión de necesidades básicas, como cuidados médicos, sanitarios y vivienda.
En las regiones menos desarrolladas, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha, en torno al 80 % de los residentes viven en zonas por debajo del índice de progreso social medio de la UE en todas las dimensiones analizadas. También se puede observar que regiones con similares niveles de PIB pueden aflorar diferencias significativas en la oferta de servicios sociales. Las regiones con un alto nivel de progreso social manifiestan una proporción menor de residentes en riesgo de pobreza y una menor brecha de género en las decisiones de empleo y salariales.
Además, las regiones con un mayor nivel de progreso social ofrecen mejores oportunidades a los graduados a la hora de acceder al mercado de trabajo, sugiriendo que un esfuerzo político en la inversión en factores sociales fortalece la eficiencia en la utilización del capital humano, generando un círculo virtuoso para el crecimiento económico. España ocupa la posición 15ª entre los 27 países de la Unión Europea, manifestando mayores debilidades en áreas como Educación básica, vivienda y libertad, mientras que la variable mejor puntuada en España con un índice de 132,9/100 es la educación superior.
A nivel español, los resultados del análisis reflejan que el País Vasco es la región con mejor índice de progreso social en España, con 113,5 puntos -la media de la UE es igual a 100-, y ocupa el puesto 44º del ranking europeo de las 236 regiones consideradas. Le siguen las CCAA de La Rioja, con 110,3 puntos y el puesto 66º, Galicia, 109,9 puntos y la posición 70ª, y Navarra, con 109,5 puntos y la 4ª posición nacional y la 73ª a nivel europeo. Por su parte, Castilla-La Mancha, con 98,4 puntos, ocupa la posición 15ª a nivel nacional y 146ª a nivel europeo, solo por encima de Extremadura y Andalucía.
Atendiendo a una lectura por dimensiones, podemos establecer tres niveles en las CC. AA españolas:
Dimensión 1. Necesidades Básicas, es decir, la capacidad de la sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos (tiene en cuenta aspectos relativos a la nutrición y asistencia médica; agua y saneamiento; vivienda y seguridad, entre otros). En este caso, Castilla-La Mancha está cerca de la media de la Unión Europea (EU27), con un índice de 99,3/100, por delante de Extremadura, Murcia, Cantabria, Canarias y Andalucía.
Dimensión 2. Bases del bienestar, es decir, establecimiento de los cimientos que permitan a los ciudadanos y comunidades mantener y mejorar su calidad de vida (en el que se incluyen indicadores de educación básica; información y comunicaciones; salud y calidad medioambiental). En este aspecto, Castilla la Mancha se aleja significativamente de la media de la EU (27) con un índice de 93,3/100. Por detrás de nuestra Comunidad solo se posiciona Extremadura.
Dimensión 3. Oportunidad, es decir, creación de condiciones para que todos los individuos alcancen su máximo potencial (que tiene en cuenta aspectos como la confianza y gobernanza; la libertad y elección; o la sociedad inclusiva y educación avanzada). La buena noticia es que todas las CC.AA. españolas están por encima de la media europea, aunque de nuevo Castilla La Mancha vuelve a ser la penúltima con un índice del 102,4/100, solo por delante de Extremadura.
La tendencia de Castilla- La Mancha desde la última medición del índice refleja que nuestra región mantiene una posición similar a la manifestada en los informes 2016 y 2020-.
En todo caso, dado que la Política de cohesión social abarca aspectos de cohesión económica, social y territorial, un marco como el que ofrece este índice, al cubrir una amplia selección de indicadores que capturan el desarrollo regional desde una perspectiva no sólo cuantitativa sino también cualitativa, es una herramienta útil para afinar las intervenciones de los programas de desarrollo regional y para dirigir los fondos de la UE hacia aquellas áreas capaces de mejorar significativamente los niveles de vida de nuestro ciudadanos.
