La Guardia Civil investiga a cuatro empleados de una empresa transportista, entre ellos el administrador, por ofertar servicios a cl铆nicas y centros de tatuaje sin la preceptiva autorizaci贸n para gestionar residuos biosanitarios. A los arrestados se les han instruido diligencias como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa, seg煤n han informado fuentes de la Benem茅rita en un comunicado.
Durante la operaci贸n, denominada ‘Fake Manager’, los guardias civiles han inmovilizado m谩s de 6.000 kilogramos de residuos biosanitarios cortantes y punzantes y han constatado que la empresa ofertaba servicios a cl铆nicas y centros de tatuaje sin la preceptiva autorizaci贸n para gestionar este tipo de residuos.
El Servicio de Protecci贸n de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benem茅rita inici贸 la investigaci贸n cuando un gestor de residuos peligrosos denunci贸 una incidencia relacionada con la recogida y tratamiento de residuos.
Seg煤n la denuncia, un responsable de una cl铆nica dental hab铆a solicitado a la empresa gestora de residuos un justificante para acreditar que sus residuos peligrosos hab铆an tenido entrada en su centro de gesti贸n.
Al parecer, estos residuos hab铆an sido recogidos de su centro de trabajo por una mercantil transportista de residuos, con la que se comprob贸 que no ten铆a v铆nculo comercial, por lo que no pudo emitir los documentos de control y seguimiento (DCS) solicitados, los cuales, al parecer, estaban siendo falsificados en el apartado de gestor final, con las consiguientes p茅rdidas econ贸micas y de credibilidad en el sector.
La empresa transportista de residuos que, presuntamente, estaba tras la falsedad documental denunciada, realizaba el cobro de los servicios ofrecidos en met谩lico. Los centros productores de residuos no pudieron aportar datos sobre las personas que realizaban las recogidas y, adem谩s, la mercantil pertenec铆a a dos personas, que se culpaban entre ellas, por lo que inicialmente no se pudo determinar al autor de los hechos denunciados.
Los guardias civiles denunciaron los hechos ante la Direcci贸n General del Medio Ambiente, que inici贸 varios expedientes administrativos de sanci贸n por la mala praxis detectada en la gesti贸n de residuos peligrosos a la mercantil transportista, por no informar de donde se entregaban los residuos peligrosos.
Los efectivos del SEPRONA, que continuaban con la investigaci贸n, detectaron en una inspecci贸n rutinaria a una cl铆nica veterinaria de Molina de Segura que la empresa vinculada a la investigaci贸n anterior estaba operando nuevamente.
Los guardias civiles inspeccionaron minuciosamente la documentaci贸n y detectaron que la empresa que figuraba como gestor final, donde se supon铆a que se entregaban los residuos, no hab铆a recibido productos de la empresa transportista.
En este caso s铆 se pudieron constatar los destinatarios de los pagos por los supuestos servicios de recogida y gesti贸n de los residuos peligrosos biosanitarios entregadas por los centros productores.
‘MODUS OPERANDI’
La mercantil investigada iniciaba su actividad estableciendo un v铆nculo con los centros productores de este tipo de residuos peligrosos, ante la necesidad de hacer entrega de estos, regulados por la Ley de 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una econom铆a circular.
La empresa intermediaria de los residuos peligrosos ofrec铆a sus servicios a trav茅s de una p谩gina web y, una vez contratada la recogida, transportistas de la mercantil investigada pasaban por los establecimientos para la recogida de contenedores, de unos cinco kilogramos de capacidad, llenos de residuos y entregaban otros de las mismas condiciones vac铆os para continuar con el servicio.
Generalmente, el cobro por estos servicios se hac铆a en efectivo, aunque con posterioridad se realizaba mediante transferencia a una cuenta bancaria, cuya titular no ten铆a cargo de regencia en la empresa, solo un contrato laboral por horas.
Los documentos de control y seguimiento de los residuos gestionados, presuntamente, eran falsificados con los datos de la mercantil que figuraba como gestora final, a la que no se le hac铆a entrega de estos residuos ni tampoco se le abonaban los gastos por estos servicios.
Los gestores de la mercantil investigada se apropiaban de las cuant铆as de gesti贸n final de los residuos y 茅stos eran depositados y acumulados.
M脕S DE SEIS TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS ACUMULADOS
Los investigadores del SEPRONA ubicaron una sede de la empresa transportista de residuos en el municipio de Lorqu铆, en una parcela vallada donde se llev贸 a cabo una inspecci贸n y se hallaron m谩s de 6.000 kilogramos de utensilios de las cl铆nicas veterinarias, dentales y centros de tatuajes, que quedaron inmovilizados a disposici贸n de la Direcci贸n General del Medio Ambiente de la Comunidad.
Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha identificado, localizado e investigado a cuatro personas vinculadas a la mercantil –con funciones de administrador 煤nico, un empleado m谩s y dos transportistas que se encargaban de la recogida de los residuos–, a las que se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y estafa.
M脕S DE 130 AFECTADOS EN MURCIA, ALBACETE Y ALICANTE
De los hechos constatados se inform贸 a los colegios oficiales de Odont贸logos y Veterinarios de la Regi贸n de Murcia, para su difusi贸n entre los colegiados y que pudieran presentar sus alegaciones como perjudicados.
Los guardias civiles que han dirigido la investigaci贸n han verificado, hasta el momento, una treintena de cl铆nicas afectadas por estas supuestas actividades il铆citas, aunque se estima que el n煤mero de empresas perjudicadas supere el centenar, entre la Regi贸n de Murcia y las provincias lim铆trofes de Albacete y Alicante.
Los investigados se enfrentan a las penas previstas para el delito de falsedad documental en documentos p煤blico, por parte de particulares de seis meses a tres a帽os de prisi贸n y multa de seis a doce meses.
El delito de estafa, cuando el importe de lo defraudado supera los 400 euros, penas de prisi贸n de 6 meses a 3 a帽os, teniendo en cuenta para la fijaci贸n de la pena el importe de lo defraudado, el quebranto econ贸mico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador y los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracci贸n.
Los investigados, los efectos inmovilizados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposici贸n del Juzgado de Instrucci贸n de Murcia.
