s√°bado, 15 junio, 2024

Garde lamenta que sus malos augurios sobre la LOSU se cumplen tras estimar en 844 su coste para las universidades

Reclaman al Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado incluyan ese gasto si la LOSU tiene que ser aplicada

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juli√°n Garde, ha lamentado que los malos augurios que predijo en febrero de este a√Īo al respecto de la implantaci√≥n de la nueva ley de universidades (LOSU) se est√°n cumpliendo, despu√©s de que los rectores espa√Īoles hayan estimado en 844 millones de euros el coste que supondr√° para las instituciones acad√©micas.

Esta reflexi√≥n llega un d√≠a despu√©s de que los rectores apuntaran que la aplicaci√≥n de la Ley Org√°nica del Sistema Universitario (LOSU) supone, ¬ęcontra lo que recoge la memoria¬Ľ de la norma, ¬ęcuantiosos¬Ľ costes directos para los presupuestos de las universidades p√ļblicas, estimados en, al menos, 844 millones de euros.

As√≠ lo refleja el estudio ‘Financiaci√≥n P√ļblica en la Ley Org√°nica del Sistema Universitario’, presentado este martes por Crue Universidades Espa√Īolas, que cuantifica la dimensi√≥n del compromiso financiero de la nueva ley y analiza las condiciones que acompa√Īan a la aplicaci√≥n de dicho compromiso y la viabilidad de su cumplimiento.

¬ęEste an√°lisis del gasto sorprendentemente no est√° recogido en la Memoria de la LOSU, que dice que el impacto de la aplicaci√≥n de la ley es de 54 millones de euros y nuestro an√°lisis es que son 844 millones de euros. Esto lo tienen que recoger los Presupuestos Generales del Estado si la Ley tiene que ser aplicada¬Ľ, ha advertido Jos√© Antonio P√©rez, de la Universitat Polit√®cnica de Valencia, uno de los dos autores del estudio.

El trabajo, elaborado por el propio Jos√© Antonio P√©rez (Universitat Polit√®cnica de Valencia) y Juan Hern√°ndez (Universidad de Ja√©n), calcula los efectos que pueden resultar de aplicar disposiciones de la LOSU en materia de personal docente e investigador sobre el presupuesto de gastos de las universidades p√ļblicas.

Los rectores de las universidades espa√Īolas consideran que estos costes inducidos ¬ędeben ser financiados directamente por los Presupuestos Generales del Estado, al mismo ritmo temporal que requiere la aplicaci√≥n del articulado de la Ley¬Ľ.

En concreto, el estudio detalla que en 2024 las universidades p√ļblicas deber√°n hacer frente a los costes de la aplicaci√≥n de las limitaciones horarias docentes de asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente por un importe estimado de, al menos, 225 millones de euros.

En el horizonte de 2030, la reducci√≥n de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla supondr√°n un coste adicional para las universidades p√ļblicas de 424 millones euros.

Anualmente la reposici√≥n de efectivos por jubilaci√≥n, seg√ļn asegura el documento, supondr√° que las universidades p√ļblicas deber√°n asumir sus costes de Seguridad Social que hasta ahora habr√° sido asumida por el Estado, pues los jubilados cotizaban a Muface. Asumir tales costes supondr√° un importe adicional de 195 millones de euros.

¬ęDe no producirse esta financiaci√≥n, la LOSU devendr√° inaplicable por parte de las universidades p√ļblicas. Los Presupuestos Generales del Estado para 2024 deben comenzar a recoger necesariamente las dotaciones de cr√©dito necesarias para financiar estos costes¬Ľ, advierte la CRUE.

El estudio concluye que la Administraci√≥n central, impulsora y proponente de la LOSU, ¬ędebe asumir con sus propios recursos la mayor parte del incremento de suficiencia de 3.180 millones de euros de gasto p√ļblico que supone cumplir el objetivo de alcanzar el 1 % del PIB¬Ľ.

REFORZAR LA POL√ćTICA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Tambi√©n agrega que, para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades, es ¬ęimprescindible¬Ľ que Espa√Īa refuerce la dimensi√≥n de la pol√≠tica de becas y ayudas al estudio en un importe cercano a los 1.000 millones de euros, priorizando las ayudas ligadas a las familias con renta baja.

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Asimismo, para que se cumpla el principio de equidad, la mejora de la suficiencia prevista en la LOSU ¬ędebe tener en cuenta las desigualdades de PIB per c√°pita regionales existentes en Espa√Īa y, en consecuencia, no utilizar la proporci√≥n del 1 % de cada PIB regional como gu√≠a para la asignaci√≥n de recursos, sino la variable estudiante equivalente, con la finalidad de priorizar el principio de equidad¬Ľ. ¬ęPor ello, el Estado debe ser el principal financiador de esta mejora de suficiencia¬Ľ, sentencia la CRUE.

Para completar la mejora de suficiencia, el estudio explica que el Gobierno central puede proponer y desarrollar programas, cofinanciados por las comunidades autónomas, destinados y condicionados a promover programas de estímulo de la excelencia de las universidades de cada territorio: atracción de investigadores y alumnos de excelencia, impulso a la relevancia internacional y la excelencia de la investigación, mejora de la empleabilidad o extensión de la transferencia tecnológica.

DIFERENCIAS ENTRE CCAA DE 70 PUNTOS EN EL GASTO POR ESTUDIANTE

El informe de los rectores defiende que el Gobierno central ¬ęno deber√≠a esperar¬Ľ que el esfuerzo presupuestario mayoritario para cumplir el objetivo del 1 % PIB de gasto p√ļblico universitario procediera del √°mbito de los gobiernos regionales, sino de la propia hacienda estatal. ¬ęNo existe ninguna restricci√≥n competencial para que la Administraci√≥n central pueda desarrollar programas sectoriales para financiar a las universidades¬Ľ, zanja.

En este sentido, el documento recuerda que el traspaso de competencias de la educaci√≥n universitaria a las comunidades aut√≥nomas se produjo entre 1985 (Catalu√Īa) y 1996 (Islas Baleares), aplicando el principio del ¬ęcoste efectivo¬Ľ, que reflejaba el gasto universitario que realizaba el Estado en cada territorio en el momento de cada traspaso.

El gasto por estudiante, que fue traspasado como coste efectivo a las diferentes regiones, presenta diferencias de m√°s de 70 puntos porcentuales entre territorios.

Por ello, la investigaci√≥n de la Crue considera ¬ęevidente¬Ľ que cuando el Estado gestionaba las competencias universitarias ¬ęno aplicaba a la provisi√≥n de este servicio p√ļblico un principio de equidad¬Ľ (asignar los recursos por igual, en cantidad y calidad, para atender las necesidades de los usuarios de los servicios p√ļblicos, independientemente de su territorio de residencia).

Entre 1996 y 2020, las comunidades aut√≥nomas han priorizado el gasto en pol√≠tica universitaria, pasando del 0,36 % a un 0,68 % del PIB, lo que supone un incremento del 88 % de gasto real. Este incremento se ha producido en un contexto en el que los recursos no financieros del sector p√ļblico auton√≥mico han registrado solo una variaci√≥n real del 11 %, pasando del 13,4 % del PIB en 2003, al 14,9 % en 2019 (a√Īo prepand√©mico).

EL GOBIERNO ¬ęDEBE APORTAR RECURSOS ADICIONALES¬Ľ A LAS CCAA

Durante su intervenci√≥n, la presidenta de la Crue, Eva Alc√≥n, ha incidido en que la Administraci√≥n General del Estado ¬ędebe aportar recursos adicionales a las comunidades aut√≥nomas y √©stas deben asumir parte de los recursos que corresponden para aplicar la ley¬Ľ.

¬ęEsta trabajo pretende ayudarnos a comprender el contexto en el que partimos, los objetivos que deber√≠amos alcanzar y qui√©n tiene que hacerlo posible¬Ľ, ha se√Īalado Alc√≥n, quien ha recordado que la LOSU recoge en su introducci√≥n la infrafinanciaci√≥n de las universidades y el compromiso de destinar como m√≠nimo el 1 % del PIB.

Para la presidenta de los rectores, el ¬ęmayor reto¬Ľ que tienen en estos momentos es saber ¬ęc√≥mo se va a producir¬Ľ el aumento de la financiaci√≥n del sistema universitario, hasta alcanzar el 1 % del PIB. ¬ęEn estos momentos seguimos sin saber c√≥mo se va a realizar¬Ľ, ha criticado.

  • Lokinn
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