viernes, 22 noviembre, 2024

C-LM registra 6,38 días de demora en las citas en Atención Primaria, 2,53 días más que en 2019

Según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

Castilla-La Mancha contabiliza 6,38 días de demora en las citas del médico de Atención Primaria, 2,53 días más desde 2019, según el informe ‘Aseguramiento Privado y Demoras en la Atención Primaria’, presentado este miércoles por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Madrid ha sido la comunidad autónoma en la que más ha aumentado la demora en las citas del médico de Atención Primaria desde 2019. El estudio ha analizado los datos del Barómetro Sanitario de 2019 y 2022, así como los porcentajes de población con aseguramiento sanitario privado en cada una de las comunidades autónomas con los datos de UNESPA, la patronal del seguro privado.

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De acuerdo con sus resultados, la demora media en Atención Primaria fue de 7,76 días en 2022 y había aumentado un promedio de 3,21 días desde 2019: entre 5,24 días en Madrid y 1,64 días en Cantabria).

El promedio de las CCAA en cuanto a porcentaje con aseguramiento privado está en el 20,45 por ciento, y va desde el 38,11 por ciento de Madrid al 10,79 por ciento de Navarra. Entre 2019 y 2022 el porcentaje de población con aseguramiento privado aumentó globalmente en un 2,29 por ciento: entre el 6,68 por ciento de Cantabria y el 0,79 del País Vasco.

En rueda de prensa, el portavoz de FADSP, Marciano Sánchez-Bayle, ha resaltado que el aumento tanto en porcentaje de población con seguro privado como en días de demora en Atención Primaria se ha producido en «todas las CCAA».

«Las demoras están generando un gran deterioro en la Atención Primaria y problemas muy importantes en la accesibilidad de la ciudadanía para un nivel asistencial de calidad en el tiempo necesario», ha defendido.

Al respecto, ha recordado que se ha producido una «bajada importante» de la satisfacción de la población con la Atención Primaria. De hecho, según los datos del Barómetro Sanitario, ha bajado 1,06 puntos entre 2019 y 2022, y 1,1 entre 2017 y 2022. Paralelamente, se ha producido un incremento «notable» del aseguramiento privado entre la población que ha alcanzado los niveles mayores en 40 años.

DEMORAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR CCAA: CATALUÑA, A LA CABEZA

Según el informe, la demora en Atención Primaria es «muy elevada». La media en todas las CCAA fue de 7,76 días en 2022, desde 11,59 días en Cataluña hasta 5,34 en el País Vasco.

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Asimismo, Sánchez-Bayle ha esgrimido que desde 2019, justo antes de la pandemia de COVID-19, la demora ha subido «de manera notable», y «lo ha hecho además justamente en aquellas CCAA en que ya era más elevada, es decir, han empeorado más las que estaban peor en 2019».

En Andalucía, la espera media para acceder a una cita con el médico de Atención Primaria era de 9,55 en 2022 (3,99 más que en 2019); en Aragón 7,45 días (3,91 más); en Asturias 5,60 días (1,88 más); en Baleares 9,27 días (3,76 más); en Canarias 9,67 días (4,32 más); en Cantabria 6,54 días (1,64 más); en Castilla y León 5,63 días (2,46 más); y en Castilla-La Mancha 6,38 días (2,53 más).

En Cataluña, fueron 11,59 días de media (2,68 más); en Comunidad Valenciana 10,03 días (3,63 más); en Extremadura 6,60 días (2,53 más); en Galicia 6,01 días (2,05 más); en Madrid 9,03 días (5,24 más); en Murcia 8,53 días (3,28 más); en Navarra 7,10 días (3,28 más); en País Vasco 5,34 días (2,36 más); y en La Rioja 7,62 días (5,02 más).

MADRID LIDERA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS

Por otra parte, el informe revela que hay un «gran porcentaje» de población con un seguro sanitario privado, con una gran variabilidad entre CCAA, desde el 38,11 por ciento de la población en Madrid hasta el 10,79 en Navarra. De acuerdo con las cifras aportadas por FADSP, este porcentaje «viene aumentando hace años pero lo ha hecho de manera más importante desde 2019, es decir, desde la pandemia».

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Por comunidades autónomas, en Andalucía el 21,6 por ciento de la población tenía un seguro privado en 2022, un 2,7 más que en 2019; en Aragón un 22,94 por ciento (2,70 % más); en Asturias un 17,05 por ciento (2,24 % más); en Baleares un 30,10 por ciento (0,87 % más); en Canarias un 20,42 por ciento (1,48% más); en Cantabria un 12,87 por ciento (6,68 % más); en Castilla y León un 19,05 por ciento (2,50 % más); y en Castilla-La Mancha un 17 por ciento (2,68 % más).

En Cataluña, hasta el 32,82 por ciento de los ciudadanos contaban con seguro privado el año pasado, lo que supone un 1,71 por ciento más que antes de la pandemia; en Comunidad Valenciana un 19,31 por ciento (3,07 % más); en Extremadura un 15,34 por ciento (2,61 % más); en Galicia un 16,6 por ciento (0,94% más); en Madrid un 38,11 por ciento (3,77 % más); en Murcia un 13,22 por ciento (1,31 % más); en Navarra un 10,79 por ciento (1,46 % más); en País Vasco un 22,54 por ciento (0,79 % más); y en La Rioja un 17,93 por ciento (1,47 % más).

Además, el informe ha detectado «una clara y significativa relación» entre el porcentaje de personas con un seguro privado y la demora en las citas de Atención Primaria, de manera que «cada día más de demora supone un aumento de 0,618 en el porcentaje de personas con seguros privados, o lo que es lo mismo, que, si se redujera el promedio de demora hasta 48 horas, el porcentaje de población con seguro privado se reduciría en un 3,56 por ciento (1,68 millones de personas)».

Igualmente, Defensa de la Sanidad Pública también apunta que existe una relación entre el PIB por cápita y el aseguramiento privado, porque «solo pueden tener acceso las personas con mayores ingresos y, por lo tanto, supone un claro factor de inequidad».

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«Desde la FADSP no tenemos nada en contra de que quien así lo desee se haga un seguro privado, siempre y cuando se den dos condiciones básicas: que no lo haga porque no tiene una alternativa en tiempo y calidad aceptable en el sistema público, y que este aseguramiento privado no esté subvencionado con fondos públicos, como sucede con los seguros contratados por las empresas y en el caso de las mutualidades de funcionarios», ha remachado Sánchez-Bayle.

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