La organización agraria Asaja en Castilla-La Mancha se ha mostrado disconforme con la propuesta de un paquete de ayudas extraordinarias de 193 millones de euros para el sector agrario y ganadero -de los que 64,5 vendrán de la reserva de crisis de la PAC-, ya que consideran que ese montante «no atiende a las necesidades reales» del sector en la coyuntura actual de alza de precios.
Según la entidad agraria, el paquete no es suficiente ante la situación marcada por la pandemia y el temporal de Filomena, que ya supuso «un desmesurado aumento de los costes de producción», a lo que ahora hay que sumar la invasión rusa a Ucrania, «de donde se importa gran cantidad de pipas de girasol y cereales para piensos».
En este sentido, Asaja resalta que se trata de una situación extraordinaria que requiere de medidas legislativas, no solo económicas, ha informado la entidad en nota de prensa.
Así, entienden que de cara al futuro, se requiere modificar las normas que atentan contra el sistema productivo, ya que «de lo contrario seguirá estando en peligro la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas».
PROPUESTAS CONCRETAS
De este modo, sugieren apostar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, con herramientas y estudios que garanticen los costes de producción y con un régimen sancionador para los que la incumplen; además de modificar planes hidrológicos de cuenca, que tal y como están planteados, «reducen la capacidad de producir alimentos».
En esta línea, ha vuelto a pedir infraestructuras hidráulicas para garantizar agua a los cultivos o la doble tarifa eléctrica para los regantes.
En relación a la PAC, proponen una convergencia total para que los agricultores y ganaderos castellanomanchegos «reciban la misma ayuda que otro por realizar la misma actividad».
E, incluso, se ha referido al sistema de seguros agrarios, del que llevan años pidiendo una modificación, o el ataque que supone para el sector la reforma laboral.
Con estas reivindicaciones, aseguran que el proceso de movilizaciones «no ha terminado», apuntando en esta línea al Gobierno regional, que según consideran también puede poner en marcha medidas que, «dentro de sus competencias, ayuden a la recuperación de la agricultura y la ganadería castellanomanchegas».
Eliminar tasas, declarar comarca de emergencia cinegética para las especies de caza mayor para que si se siembran los barbechos se pueda recolectar o la modificación de los planes de gestión de las zonas ZEPA son algunas de las reivindicaciones de cara a la Administración regional
