La subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez, considera que desde la Política Estatal está la idea «a largo plazo» de que cada región se abastezca del agua que tiene «en la medida de lo posible», y que ante necesidades importantes se prioricen las desaladoras, pero ha pedido paciencia hasta que esta situación llegue a ser una realidad.
OCHO ALCALDES SOLICITAN CÁMARAS DE VIGILANCIA EN SUS PUEBLOS
Gómez ha realizado un repaso por distintas cuestiones de interés que también afectan a la provincia como es la despoblación y la inseguridad que perciben algunos alcaldes temerosos de la llegada de ladrones o delincuentes a sus municipios y ha apuntado que hay entre seis y ocho municipios de la provincia que han solicitado ya a la Subdelegación del Gobierno la instalación de cámaras de vigilancia en sus localidades.
En este sentido, la titular del Gobierno central en la provincia ha indicado que para que se puedan instalar estas cámaras tiene que solicitarlas el Ayuntamiento del municipio, que es quien deberá asumir el coste; tras chequearse la petición y previo informe de la Guardia Civil, se remitirá a la Delegación del Gobierno para su aprobación, que es a quien compete el seguimiento y control en caso de aprobarse, ha aseverado.
En todo caso, según Gómez, aunque estas cámaras pueden ser efectivas porque cierran más el margen de búsqueda, ha reconocido que, según los datos que tiene sobre criminalidad en las zonas rurales, han bajado los delitos.
No obstante, ha apuntado que en los tres meses que lleva al frente de la Subdelegación, la petición que ha primado por parte de los alcaldes de la provincia ha sido la de poder contar con más efectivos de la Guardia Civil en sus pueblos, algo que ha atribuido más a una «sensación de inseguridad» que a la comisión de delitos en los municipios, asegurando que realmente las denuncias han disminuido.
Sin embargo, ha reconocido que el vivir poca gente y muy dispersa conlleva que «necesiten sentir que están vigilados».
En cuanto a la urgencia de efectivos en la provincia, la subdelegada no ha negado que se necesitan más pero lo ha atribuido a durante dos o tres años las oposiciones que sacaron fueron muy limitadas y eso «ha creado una merma».
Sobre la reducción del índice de criminalidad en la provincia un 14,5% en los nueve primeros meses del año, para la subdelegada no es un dato relevante ya que cree que la razón ha estado en la pandemia, pero sí se ha mostrado preocupada por el creciente incremento de los robos en coches, la violaciones y las estafas por Internet.
Sin pormenorizar, ha indicado que el aumento de los robos en vehículos les ha llevado a tomar medidas desde Policía Nacional a nivel de ciudad, con una mayor vigilancia.
En cuanto a las estafas a través de Internet, ha señalado que están aumentado de manera clara, y muy especialmente las compras inexistentes, de ahí que haya alertado a la población a que no se faciliten datos «relevantes» por esta vía porque, además, pueden influir en otros delitos como robos.
Por lo que respecta a la petición de la recientemente creada Mesa del Transporte de la Diputación de Guadalajara, a raíz de la supresión de servicios tanto en el autobús interurbano en la comarca de Molina y la Alcarria como en transporte ferroviario a Sigüenza, la subdelegada ha confirmado su intención de recibirles «más bien pronto que tarde» porque cree que la circunstancia «lo merece».
Gómez ha atribuido el cese de algunos servicios a la pandemia pero ha asegurado que la idea es que el transporte se vaya recuperando a medida que se vaya dejando atrás la crisis sanitaria y se recupere la normalidad.
EL SERVICIO DE TRANSPORTE SE RECUPERARÁ
«Creo que va a ser recuperable y espero que pronto», ha dicho tanto en referencia a la zona de Molina como en la de la Alcarria, mientras que sobre la reducción de trenes a Sigüenza ha subrayado que se está viendo la posibilidad de hacer «un cambio horario» en la recuperación de uno de ellos, un servicio que se quitó y que, al parecer, era más necesario que el que se mantiene, ha apostillado.
También se ha referido a la reducción de frecuencias en Azuqueca, asegurando que aunque la demanda ha bajado tras «el apretón», están buscando soluciones con la empresa Alsa para que se aumente el número de plazas.
De otro lado, la subdelegada se ha referido a la siniestralidad en una provincia que se sitúa en la cúspide en cuanto a casos y ha indicado que «no se puede abaratar en seguridad laboral porque luego se paga en siniestralidad», de ahí que, pese a la situación de pandemia que se vive hoy, tenga claro que «cuidar antes es mejor para todos».
«Siempre me voy a solidarizar con personas que tienen una situación difícil, normalmente causada por un convenio colectivo que no se está cumpliendo», ha dicho Gómez.
En referencia a las denuncias a raíz de crisis sanitaria, Gómez ha señalado que no hay datos concretos, aunque ha dicho que todavía están algunas del primer estado de alarma, lo que ha atribuido a que originaron muchas y a que las personas que lo están gestionando «no dan para más», mientras que durante la segunda ola ha habido una menor incidencia que ha atribuido a que la gente «está cumpliendo».
LAS OBRAS DEL PARADOR DE MOLINA «VAN BIEN»
Sobre las obras del parador de Molina de Aragón ha manifestado que, aunque la pandemia también ha ralentizado los trabajos, las obras «van bien» y la previsión es que para el 2021 o el 2022 se abran las puertas. «Merece la pena que Molina tenga un parador pronto para que mantenga el turismo o lo atraiga», ha apostillado.
Pronto volverá a reunirse con el alcalde de la capital, Alberto Rojo, con distintos asuntos en la agenda, pero ha asegurado que la cárcel está disponible para poner en marcha un proyecto social y «está en camino».
Una reunión en la que volverán a tratar asuntos vinculados con el transporte, el alcázar y algunas infraestructuras.
Por último, la subdelegada tiene claro que la pandemia ha cambiado algunas de las prioridades del Gobierno central pero ha apuntado que sus planes van encaminados a priorizar el trabajo para mejorar la seguridad, que haya una comunicación fluida con los alcaldes de la provincia y que las ayudas puedan llegar a los pueblos para frenar la despoblación.
