El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez, ha manifestado que la región es «muy activa» en acción legislativa y ha llevado a cabo leyes «en materia de violencia de género, de consumidores y de protección y apoyo a personas con discapacidad», asegurando que desde la Fiscalía quieren contribuir en la medida de lo posible para que la implantación y aplicación de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad «sea todo un éxito».
Martínez Jiménez ha atendido a los medios tras un encuentro con la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en la sede de la Fiscalía Superior, para abordar, entre otros asuntos, el desarrollo de la Ley 3/2018, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha y los procesos de incapacitación en la región.
El fiscal ha explicado que la reunión con la consejera se ha centrado en abordar «temas sobre discapacidad» porque la Fiscalía quiere ser una institución «que ayude a la convivencia, a solucionar los problemas».
Por ello, aunque trabaja en el orden penal, tiene también un cometido muy importante en materia civil «de apoyo de ayuda de asistencia, de protección, de asesoramiento» no solo a personas con discapacidad, sino también a aquellas personas que «viven su vida entregadas y al servicio de estas personas».
A preguntas de cuantos procesos de incapacitación se tratan desde la Fiscalía, Martínez Jiménez ha comentado que los datos, que se recogen en la Memoria Anual, revelan que se está «en torno al millar de procedimientos».
En cuanto al proceso de declaración de la modificación, lo fundamental –ha dicho– es «un buen diagnóstico clínico y una sensibilidad y acierto del juez y el fiscal», que «van a diseñar el sistema de apoyos» que lo que requiere es que se ajuste a las necesidades de las personas.
Los problemas jurídicos vienen cuando se nombra a un tutor, que tiene que administrar el patrimonio, hacer rendición de cuentas y otras acciones que sí requieren de un «refuerzo jurídico» y «un turno de oficio especializado en estas materias, asociado a la justicia gratuita, sería muy importante» porque aliviaría la carga económica de estas personas.
Ha agradecido a Sánchez su «disposición» para esta reunión, que se llevaba «preparando mucho tiempo» y ha reseñado que desde hace muchos años se viene manteniendo «un contacto muy regular», una «coordinación» y una «compenetración institucional extraordinaria» entre las instituciones, y ahora se da un salto cualitativo para abordar «otras cuestiones más allá».
C-LM «VELA» POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha planteado que el Gobierno regional «vela» por los derechos de las personas con discapacidad, para que tengan capacidad de decisión o, si necesitan ser tuteladas, que haya «modelos de coordinación muy cercanos» entre la Fiscalía de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional para «facilitarles el proceso».
De la Ley para personas con Discapacidad «se van a poder beneficiar 35.000 personas en la región» y la idea, ha expuesto la consejera, es «poder hacer planes de futuro» en los que la Administración regional les va a «garantizar los apoyos».
La Fiscalía es «un aliado imprescindible» porque la institución es también «defensora» de las personas con discapacidad.
