La Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional ha acordado continuar con varios procedimientos dependientes de la Dirección General de Discapacidad por considerarlos indispensables para el funcionamiento básico de los servicios sociales durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Así, la resolución de la Consejería de Bienestar Social indica que el Real Decreto que declara el estado de alarma recoge que las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos que justifican dicho estado de alarma o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
En este sentido, también justifica que la suspensión de la tramitación de convocatorias por parte de la Dirección General de Discapacidad causa graves perjuicios a las entidades beneficiarias, puesto que afecta a la sostenibilidad de la red pública de centros y servicios destinados a las personas con discapacidad. Esta resolución producirá efectos a partir de este martes, 31 de marzo.
