ASAJA de Castilla-La Mancha ha asegurado que «si no cambia el rumbo» que han tomado las negociaciones para la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en España, los agricultores y ganaderos profesionales tendrán requisitos y condicionantes incompatibles con el sistema productivo.
En nota de prensa, la organización agraria ha reaccionado de este modo después de conocer las declaraciones y conclusiones obtenidas de la reunión celebrada este jueves entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los consejeros autonómicos de Agricultura, que supuso el punto de partida para la elaboración del Plan Estratégico de la PAC para España.
Según la organización agraria, a los componentes verdes y requisitos medioambientales impuestos por la Unión Europea «se pueden sumar ahora nuevos condicionantes derivados de la política nacional, lo que supondría un atentado contra el propio sistema productivo español».
«Además, este modelo va en contra de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que prevé un impacto negativo en la producción y suministro de alimentos», ha alertado.
Por ello, ha pedido que los grupos de trabajo de alto nivel que se encargarán del diseño de las diferentes medidas del Plan Estratégico de la PAC se «centren más en la realidad del sector productor, en la mayoría de los casos, muy alejada de la visión que se tiene desde los despachos».
Para ello, ha subrayado, ve «imprescindible» que las organizaciones profesionales agrarias estén presentes en las negociaciones.
Por otro lado, la organización castekllanomanchega ha pedido que se defina cuanto antes la dotación presupuestaria, de manera que se puedan configurar las medidas en función del presupuesto que se designará para cada una de ellas.
En este sentido, ha lamentado que el cumplimiento de los requisitos medioambientales supondrá un coste añadido y, en muchos casos, restarán productividad a las explotaciones.
Por último, la organización ha pedido a la Consejería de Agricultura que mantenga una posición «firme» para defender la diversidad agraria de Castilla-La Mancha, de tal manera que los agricultores y ganaderos de la región puedan competir en igualdad de condiciones que el resto del territorio nacional.
