La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisa de que la deuda pública se ha estabilizado en niveles máximos a pesar del fuerte crecimiento nominal de la economía en los últimos años, por lo que estima, en un escenario «realista» con cambios en la política monetaria, una ratio de deuda pública del 87% del PIB para 2050, salvo que se mantuviesen los tipos, lo que permitiría cumplir para ese año el objetivo europeo de una deuda pública del 60% del PIB. Además, avisa de que el riesgo para la sostenibilidad financiera en Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia es muy alto y se necesitarían más de 100 días de trabajo para pagar la deuda autonómica.
Así se desprende del último Observatorio de deuda elaborado por la Autoridad Fiscal, que apunta que si no hay cambios en las actuales expectativas en el mercado de deuda soberana y la política monetaria se mantiene inalterada, la ratio de deuda podría reducirse casi 20 puntos en 2050 y llegar al 60% del PIB.
Además, estima que se limitaría la dinámica explosiva proyectada a partir de mediados de la década del 30, permitiendo a la Administración central absorber gran parte del déficit proyectado en el sistema de pensiones. Sin embargo, la institución avisa de que pequeñas variaciones en el tipo de interés tienen un gran impacto y no es «prudente» suponer que se mantendrá durante 30 años la política monetaria actual.
Por eso, en un escenario más «realista» asume que a partir del año 2023 habrá un paulatino proceso de normalización que durará hasta 2028. Esto implicaría una paulatina convergencia a tipos de interés implícitos que se estabilizarían en el promedio histórico de la unión monetaria (1999-2018). Según la AIReF, este cambio impactaría significativamente en la deuda, implicando un aumento de más de 25 puntos del PIB con respecto al escenario que supone el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación, hasta una ratio de deuda pública del 87% del PIB.
Si, además, la política fiscal no estuviese orientada a corregir el déficit estructural y se mantuviera el saldo primario previsto para 2019, la dinámica de la deuda se volvería creciente, estando en el 133% del PIB hacia 2050.
El observatorio constata que la ratio deuda pública se situó en el 97,7% en el tercer trimestre y lleva cinco años en torno a valores no vistos desde principios de siglo pasado (100% del PIB) a pesar del fuerte crecimiento nominal de la economía española en los últimos años.
Este crecimiento ha contribuido a reducir la ratio en 18 puntos de PIB, pero los factores fiscales prácticamente han neutralizado dicho efecto, señala la AIReF, que explica que la contribución fiscal ha sido negativa a pesar de la fuerte caída y aplanamiento visto en la curva de tipos de interés de la deuda soberana, que se ha traducido en una sustancial reducción en el coste de financiación del Tesoro Público. En comparación con 2014, el ahorro anual es superior a 10.000 millones de euros.
Solo en el último año, la caída observada en los tipos de interés implicaría una reducción adicional en la carga de intereses y hacia 2023 la carga se reduciría hasta el 1,7% del PIB, generando un ahorro de 0,7 puntos del PIB respecto a 2018. Para la Autoridad Fiscal, este espacio fiscal adicional debería ser compatible con la corrección del déficit fiscal estructural y la reducción en la ratio de deuda.
LAS CCAA NO CUMPLIRÁN SU OBJETIVO ANTES DE 2034
A nivel subsector CCAA, la AIReF estima que el riesgo de sostenibilidad sigue siendo «ligeramente alto» y no se proyecta que el conjunto de las comunidades logre el nivel de referencia del 13% antes de 2034.
Concretamente, si no hay una mejora estructural y se mantienen los saldos primarios previstos para 2019, solo cuatro comunidades lograrían alcanzar una ratio de deuda del 13% en los próximos 10 años. El resto, salvo Galicia, no lo haría antes de 2050.
En este sentido, avisa de que el riesgo para la sostenibilidad financiera en Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia es muy alto y se necesitarían más de 100 días de trabajo para pagar la deuda autonómica.
Sin embargo, la introducción en 2012 de los mecanismos extraordinarios de financiación (FFCCAA) ha supuesto un «alivio considerable» en la carga de intereses de muchas comunidades.
