El Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete juzgará el próximo miércoles 6 de febrero a un acusado de un presunto delito continuado de falsedad de documento oficial y de otro de fraude a la Seguridad Social, por los que el Ministerio Fiscal le pide una pena de 8 años de prisión, multa de 1.503.000 euros y una indemnización en la cuantía defraudada entre 2010 y 2011, que fueron 418.098,84 euros.
El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que, a través de una investigación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se tuvo conocimiento de que, una empresa constituida en 2007, se había creado con el solo ánimo de defraudar.
Ésta procedía a dar falsamente de alta como empleados a diversas personas, con la finalidad de proceder al cobro de las prestaciones de desempleo, defraudando de este modo a la Seguridad Social, y teniendo, por otro lado, una deuda frente a la Seguridad Social de 380.547,90 euros, calificada como crédito incobrable.
La citada mercantil contó inicialmente con un primer administrador, que en junio de 2008 transmitió la sociedad al acusado.
En el tiempo en el que estuvo como administrador el primer administrador, dice el documento, procedió «por el método indicado» a dar de alta a diversos trabajadores, aunque se añade que dichas actuaciones deben considerarse prescritas.
A partir de acceder al cargo de administrador el acusado, continuó con la misma práctica, procediendo a dar de alta a numerosos trabajadores sin que realizaran actividad alguna, conducta que realizó hasta el 22 de enero de 2010, en que transmitió la empresa a un tercer administrador, en la actualidad «en paradero desconocido».
Las altas en la Seguridad Social se hacían por el sistema de remesas, con altas sucesivas en escasos minutos, generalmente los viernes y sábados, y las mismas se hacían respecto de personas que no tenían conocimientos acreditados en el sector de la construcción, estando su historial laboral vinculado a sectores diversos como hostelería, agricultura o venta ambulante.
Eran contratadas de manera ficticia, a pesar del alto índice de paro existente por la crisis y, además, sus domicilios fuera de la provincia de Albacete, «lo que determina a concluir la ausencia de actividad laboral alguna».
Ausencia que viene corroborada por el informe de la Agencia Tributaria, en el que se indica que la mercantil no presentó el modelo 190, con indicación de una relación de trabajadores empleados.
De esta forma, un número considerable de trabajadores entre los años 2007 a 2012 consiguieron indebidamente el cobro de prestaciones de desempleo. Sólo en los ejercicios 2010 y 2011, dichas prestaciones fueron percibidas por 62 personas y el fraude alcanzó, entre ambos años, los 418.098,84 euros.
